José de Jesús Farías
Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José de Jesús Farías
Actuaciones
- Principal
De autos se advierte que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue recibida en línea, sin que a la fecha obre la boleta de turno y compensación correspondiente; en consecuencia, con copia simple de la demanda líbrese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para que haga la compensación de las cargas de trabajo correspondientes y remita la boleta de turno a este juzgado. Cúmplase.
- Principal
Del estado de autos y del contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 18427/2020, suscrito por el secretario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, mediante el cual remitió en línea, el uno de diciembre del año actual el juicio de amparo 791/2020, promovido por * * * , contra actos del Juez Penal de Tecomán, Colima, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente y hágase del conocimiento del Juez declinante que este órgano jurisdiccional acepta el returno por conocimiento previo y se avoca al conocimiento del asunto. Registro. Regístrese la demanda en el libro de juicios de amparo bajo el expediente 808/2020-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. De la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama la orden para privarlo de su libertad personal, con motivo de la orden de aprehensión la cual refiere deriva del proceso penal 14/2018, del índice del Juzgado de lo Penal de Tecomán, Colima. Hecho notorio. Ahora bien, este tribunal aceptó el returno planteado por estar relacionada la demanda con el diverso juicio de amparo 300/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. En ese expediente, la parte quejosa reclamó la orden de aprehensión dictada por el Juez de lo Penal de Tecomán, Colima, dentro de la causa penal 14/2018, y mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José de Jesús Farías, misma que adquirió firmeza el veinticinco de noviembre del mismo año. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las versiones electrónicas de las sentencias capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) constituyen hechos notorios que pueden ser invocados por el órgano jurisdiccional resolutor, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este criterio se contiene en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) con número de registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veinte se dictó sentencia en el juicio de amparo 300/2020 ya mencionado. También, que la ahí parte quejosa no impugnó dicha resolución, por lo que el veinticinco de noviembre siguiente causó ejecutoria. De lo anterior se conoce que José de Jesús Farías promovió con antelación un diverso juicio de amparo contra la orden de aprehensión decretada en la causa penal 14/2018, sentencia en la que le fue negado el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. De los antecedentes hasta aquí narrados, se pueden obtener los siguientes elementos destacados: 1. Existe una orden de aprehensión dictada en la causa penal 14/2018. 2. Esa orden de aprehensión ya fue materia de análisis en el juicio de amparo 300/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el sentido de que dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al hoy quejoso José de Jesús Farías. 3. Esta sentencia adquirió firmeza al no ser impugnada por las partes, por lo que causó ejecutoria el veinticinco de noviembre del año en curso. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, pues dicha causal tiene como finalidad preservar los que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Tiene aplicación al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia, pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1532, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Pues bien, dicha figura de cosa juzgada se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La acepción gramatical que el legislador empleó de "materia de una ejecutoria", se refiere a juicios completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. Este principio impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo e incluso, puede aplicar a sobreseimientos respecto de los que, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación, porque aun en ese caso, si bien, el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada; cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de inejercitabilidad, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovida por la misma parte quejosa, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Cierto, en el juicio de amparo la cosa juzgada material no es la sentencia misma, sino la decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Su ratio es preservar la seguridad jurídica, la paz social y el estado de certidumbre, creando o estableciendo situaciones jurídicas, definitivas y concretas; es clausurar, en forma definitiva, toda discusión, o la posibilidad de reabrirla o reiniciarla, mediante acto irrevocable (cosa juzgada formal o irrecurribilidad del acto) de autoridad judicial federal que haga indiscutible (cosa juzgada material, indiscutibilidad o non bis in idem) la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos específicamente reclamados, a través de los límites de: a) Identidad subjetiva, de sujetos o partes: mismo agraviado, misma autoridad responsable y, en su caso, mismo tercero perjudicado; además, b) Identidad objetiva: mismo acto reclamado. La cosa juzgada debe entenderse como el pronunciamiento realizado con anterioridad y en definitiva, por un órgano jurisdiccional, respecto de las mismas partes, sobre idénticas acciones, el mismo objeto y la misma causa de pedir, de manera tal que, una vez realizado tal pronunciamiento, éste constituye la verdad legal al ser irrecurrible e inmodificable; por tanto, no pueden ser objeto de nuevo análisis en un nuevo juicio de amparo, pues, dicha determinación ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo. En el caso de estudio, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso José de Jesús Farías es la orden de aprehensión dictada por el Juez de lo Penal de Tecomán, Colima, dentro de la causa penal 14/2018 de su índice. Luego, es un hecho notorio que existe el diverso juicio de amparo 300/2020 del índice de este Juzgado, promovido por el quejoso José de Jesús Farías, por el mismo acto que reclama en este juicio de amparo, en el que se como ya se precisó se dictó sentencia en la que se negó el amparo, la cual ya causó ejecutoria. Por tanto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que si en la demanda de amparo que nos ocupa, el quejoso pretende combatir el mismo acto reclamado, señalando a la misma autoridad responsable, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Tomando en consideración que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este juzgado un medio de defensa legal, consistente en el amparo indirecto, promovido por el propio quejoso, contra la misma autoridad responsable y respecto del mismo acto reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. Máxime, que luego será un desatino jurídico emprender un nuevo análisis de una resolución que alcanzó la calidad de cosa juzgada, pues se trastocaría la garantía de seguridad jurídica. Ejemplo de lo anterior es la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 72, Quinta Parte, Séptima Época, página 49, que dice: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer". Asimismo, sirve de apoyo, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, volumen XCIX, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Palomera Meza, Vanessa Ivory Cadenas Salazar, Gerardo Francisco Herrera Ponce, Denis Barrera Ríos, Moisés Ambríz Martínez y Martha Idalia Pérez Meza, toda vez que los primeros cinco no señalaron los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce y la última no tiene inscrita su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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