José de Jesús Ernesto Luna Marin y Otros.

Expediente 1321/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1321/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • José de Jesús Ernesto Luna Marin y Otros.
  • Miguel Angel García Ruiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del cual se advierte que causó estado el auto por el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y devuelve el expediente en que se actúa; por tanto acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con inserto del proveído de doce de noviembre en curso, dictado en el amparo en revisión 438/2019, por el que acusa recibo de la remisión del cuaderno principal del juicio de amparo 1321/2019-IV y del escrito de agravios, respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, mismo que se desechó por notoriamente improcedente; de lo que se toma conocimiento.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de los quejosos..., mediante el cual interponen recurso de revisión en contra del proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso y toda vez que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso; con el original y copia del escrito de agravios, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso citado, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de por lo menos demanda, proveído de veintitrés de octubre último, constancia de notificación del citado auto, escrito de agravios y autógrafa del presente auto, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ...., por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda bajo el número 1321/2019-IV. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de baja del cargo que venían desempeñando como policías de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Coacalco de Berriozábal, Estado de México y su ejecución. DESECHAMIENTO En ese tenor, este juzgador, estima que respecto de los actos reclamados precisados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Así, se tiene que, previo a la promoción del juicio de amparo contra la orden de baja del cargo que como policías de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, venían desempeñando José de Jesús Ernesto Luna Marín, Miguel Ángel García Ruiz y Rodolfo Ortega Cisneros, debieron promover la demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que es el medio de defensa apropiado para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, dado que está instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto de autoridad y mediante el que se puede lograr la revocación, nulificación o modificación del acto ahora impugnado. Lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de actos administrativos de trámite, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 77/95, estableció que ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa, pues mediante ella se impugna una determinación administrativa adoptada por un órgano integrante de la administración pública del Estado de México que, como ya quedó establecido, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de un integrante de un cuerpo de seguridad pública dentro del ámbito administrativo. Por tanto, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, con registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo texto normativo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José de Jesús Ernesto Luna Marín, Miguel Ángel García Ruiz y Rodolfo Ortega Cisneros. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Ténganse como autorizados a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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