José de Jesús Delgadillo Vidales

Expediente 917/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
917/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Delgadillo Vidales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio remitido por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate; toda vez que el veinticinco de enero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obren como correspondan el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, y anexos que acompaña, de los que se advierte que remite copia certificada del cuaderno de ejecución 171/2020, de su índice, de las que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para demostrar lo anterior, en principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica delparticular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión del Juez responsable de fijar fecha de audiencia para resolver sobre la solicitud de beneficio de remisión parcial de la pena y aplicación más favorable al sentenciado -aquí quejoso-. Luego, de las constancias que hoy se glosan, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, en atención a la petición de laparte quejosa, en el sentido de que se le otorgue el beneficio de remisión parcial de la pena y quantum de la prisión preventiva; ordenó dar vista a las partes, por el término de cinco días, a fin de que manifiesten lo que a su derecho corresponda; y fijó las diez horas del siete de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en la que el sentenciado -aquí quejoso- y su defensa estimen conducentes para resolver dicha solicitud; por lo que es inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno- acordó el escrito presentado por el quejoso; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Sin que en el caso, resulte procedente dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con la respuesta dada por la autoridad responsable, ya que en el presente caso no se reclama una violación al derecho de petición, sino una transgresión al derecho de acción. Esto es así, porque -como se demostró- la parte quejosa reclamó la omisión de fijar fecha de audiencia para resolver sobre la solicitud de beneficio de remisión parcial de la pena y aplicación más favorable al sentenciado, dentro del cuaderno de ejecución 171/2020, del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, de manera que el particular se encuentra dentro de un procedimiento de ejecución penal y, por ende, la violación al artículo 8º constitucional no puede reclamarse de manera autónoma. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos ochenta, tomo I, libro diecisiete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de abril de dos mil quince, Décima Época, registro 2008884, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." Por ende, en el caso no se surte la hipótesis prevista en la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5, Décima Época, registro 2021401, de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO.", pues este criterio sólo resulta aplicable tratándose de asuntos en los que se reclame, en forma autónoma, una violación al derecho de petición, cuestión que, según se acreditó, no ocurre en el caso concreto. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, debiéndose hacer la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente

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