José de Jesús Cortés Vázquez

Expediente 966/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
966/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Cortés Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    El doce de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 354. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del, Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que acusa recibo del oficio 44921/2021, de este índice, mediante el cual se remitió a este órgano jurisdiccional el billete de depósito número N 920372, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar debidamente transferido. Notifíquese.

  2. Principal

    El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18511. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por el quejoso José de Jesús Cortés Vázquez, mediante la cual anexa el billete de depósito N 920372, expedido por la institución bancaria denominada Banco del Bienestar, por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional; a fin de que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Luego, toda vez que este juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 966/2021, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, una vez que se acepte la competencia planteada remítase la promoción y billete de depósito de mérito, con orden de transferencia, para que se acuerde lo que en derecho proceda. No obstante, guárdese provisionalmente el billete de depósito en la caja de valores de este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    CUENTA. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José de Jesús Cortés Vázquez, registrada con el folio 17931. Con la circunstancia de que el licenciado Marcel Efraín Terán Páez (3696885), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Cortés Vázquez, contra actos de los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio el derecho fundamental consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 966/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, por los motivos que se exponen a continuación: El artículo 38 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". Del artículo transcrito se advierte que cuando se promueva juicio de derechos contra actos de un juez de Distrito, será competente para conocer de él, otro juzgado de Distrito de la misma ciudad, o bien, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Pues bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables, entre otras a los Jueces de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; atento a lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, antes citado, este Juzgado Primero de Distrito en el estado, carece de competencia legal para conocer del juicio de derechos, que promueve José de Jesús Cortés Vázquez. Lo anterior, ante la imposibilidad de figurar al mismo tiempo como Juez y parte por haber sido señalado como autoridad responsable, además de los diversos Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad; por tanto, lo procedente es remitir la demanda de derechos al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de dicho Estado, a efecto de que realice el registro y turno correspondiente, para los efectos del artículo 48, de la ley reglamentaria en consulta, por considerar que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que se plantea; lo anterior, a efecto de que se pronuncie sobre la competencia declinada, solicitando que la determinación que emita la haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Volumen 181-186, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez". En prevención de un conflicto competencial, con las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Toda vez que el acto reclamado por el quejoso, atenta contra la libertad fuera de procedimiento por lo que se refiere a las autoridades responsables Delegado de la Fiscalía General de la República y sus Fiscales Federales, Comandante en Jefe de la Policía Ministerial Investigadora Federal y sus Inspectores Investigadores con sede en esta ciudad, así como el Comandante de la Policía Ministerial Investigadora Local y sus Inspectores Investigadores, se actualizan las condiciones que establece el artículo 48 de la ley de la materia, para proveer sobre la suspensión del acto. Por lo anterior, con apoyo en los artículos 128 y 162 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea afectado o privado de su libertad personal, quedando en cuanto a dicho derecho a disposición de este juzgado de Distrito, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión emitida por el juez competente; lo anterior, sin perjuicio de que, en su caso, las autoridades responsables a las que constitucional y legalmente les compete la función investigadora y persecutoria, continúen con el trámite de la averiguación previa respectiva. Ahora, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado afecta la libertad personal de la quejosa y ésta se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención (en los supuestos previstos en el artículo 16, párrafo sexto, constitucional) la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad bajo su estricta responsabilidad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Asimismo, si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y el promovente sea detenido por caso urgente y el Ministerio Público restrinja su libertad personal, se concede la medida solicitada para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición del el juez penal competente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad responsable a la que constitucional y legalmente le compete la función investigadora y persecutoria, continúe con el trámite de la averiguación previa y puedan citar a la quejosa cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias en investigación de hechos delictuosos. Toda vez que para la procedencia de la suspensión decretada, conforme a lo dispuesto por el artículo 168, de la Ley de Amparo, debe exigirse al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que se estimen convenientes; es decir, deberá exhibir la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), como garantía, en billete de depósito, o bien, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de cinco días siguientes a la legal notificación de este proveído, dejará de surtir efectos la suspensión provisional decretada. Para el caso de que la parte promovente opte por garantía consistente en póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado de Distrito competente, debiendo señalar al Agente autorizado en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías; en el entendido de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que el monto de la garantía señalada se fija de manera discrecional, toda vez que por ahora no es posible hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracciones I, II y III, de la ley de la materia, tomando en consideración que por el momento no se cuenta con datos suficientes de los que se infiera la naturaleza, modalidades y características del delito que se atribuye a la impetrante, como tampoco aquellos que permitan conocer su situación económica; pero tiene como fin evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y con ello se entorpezca el procedimiento penal de origen, y como medida necesaria a efecto de que la quejosa pueda ser devuelta a las responsables en el supuesto de que no le sea concedida la protección constitucional solicitada. Sin que por el momento haya necesidad de requerir al quejoso para que comparezca ante las responsables a rendir declaración, toda vez que ello será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." INFORME PREVIO. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que dada la incompetencia pronunciada por este órgano jurisdiccional, deberán rendir su informe previo ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Aguascalientes que asuma la competencia de este asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Marcel Efraín Terán Páez (3696885), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza. Doy fe. GEE

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