Jose de Jesús Corona Neri

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Jose de Jesús Corona Neri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados; ... . Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 103/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y B) Oficios por los cuales las responsables rindieron su informe justificado;. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental anexa a su demanda. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el quejoso no los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 103/2021, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (antes Sexto de Cuantía Menor) de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se requirió informe justificado respecto de la autoridad responsable señalada como: C. Actuario ... con número de Credencial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 7962, presuntamente Secretario Actuario de Juzgado de Paz en esta Ciudad. Con motivo de la imposibilidad de notificar a la citada autoridad, el veinticinco de abril de la presente anualidad, el quejoso precisó la denominación de las responsables, señalando para tales efectos al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (antes Sexto de Cuantía Menor) de la Ciudad de México, a los cuales se requirió su informe de ley. Por su parte la representación social Federal adscrita no formuló intervención, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: El quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juez Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (antes sexto de cuantía menor) de la Ciudad de México, reclamando la falta de llamamiento y todo lo actuado en dicho procedimiento, así como los actos dirigidos a su persona para embargar el inmueble ubicado en ..., del que afirma ser propietario. Tercero. Existencia. Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos, empero, de su informe justificado se advierte la tramitación del juicio ejecutivo mercantil ..., así como las diversas manifestaciones tendentes a sostener la legalidad de las actuaciones reclamadas. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa de las responsables, y en su lugar se tiene por cierta la existencia del acto reclamado, para efectos de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente para resolver el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ... demandó en la vía ejecutiva mercantil de ... el cumplimiento de diversas obligaciones. II. El catorce de abril siguiente se admitió a trámite la demanda, ordenando, entre otras cosas, el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del enjuiciado. III. El ocho de febrero de dos mil veintidós se efectuó la diligencia de exequendo a ... en el domicilio ubicado en ... . La secuela del proceso integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo respecto de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que los peticionarios acrediten el interés, perjuicio o afectación que resientan en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución del acto reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, que haya una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Ato Tribunal. En el particular, el accionante se ostenta tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juez Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (antes sexto de cuantía menor) de la Ciudad de México, reclamando la falta de llamamiento y todo lo actuado en dicho procedimiento, así como los actos tendentes a embargar el inmueble que habita, ubicado en ..., del que afirma ser propietario. Por tanto, el impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad que defiende; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno, tesis 1/2002, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario acreditar un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. No obsta que el quejoso narró en su demanda ser propietario del bien inmueble litigioso, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando el derecho, que fundada y razonablemente produzca la convicción de tener tal derecho. Debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión, que derive de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere, así como tener una base objetiva que quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de dicho derecho, siendo necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que la posesión del inmueble que defiende, deriva de un justo título como lo es una escritura pública o un contrato por el que se generó el derecho de propiedad. En la especie, para acreditar su interés, el accionante exhibió un recibo de pago de predial del gobierno de la Ciudad de México, el cual no es elemento de convicción suficiente para acreditar de forma fehaciente tener algún derecho del inmueble litigioso, derivado de título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal. Lo anterior porque, la documental consistente en el recibo de pago de predial, no puede surtir efectos ni generar algún indicio, ya que no se encuentra adminiculado con otros medios de prueba que acrediten la existencia de algún derecho en favor del quejoso respecto del bien que pretende defender en esta instancia. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1/89, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." También la tesis I.11º.C.1 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, de agosto de 2002, página 1269, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por lo que dicha documental únicamente advierte el recibo de un arancel inherente al bien inmueble; más no un derecho sobre el inmueble litigioso. Sin embargo, tal documento resulta ineficaz para tener por acreditado el interés jurídico del impetrante, al no generar un derecho oponible a terceros, por carecer de documento de fecha cierta. Además, aun cuando la parte garante manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, que tiene la posesión del inmueble que defiende, y que es donde se practicó la diligencia de exequendo en la controversia, respecto del cual se sostiene que le pretende perjudicar sin haber sido oído y vencido en juicio, ello resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, pues la narrativa de los antecedentes del acto reclamado en las apuntadas condiciones, no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico del promovente, ya que éste necesariamente, debe ser demostrado en forma indefectible y no con base en afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado el informe rendido por la autoridad judicial responsable y las constancias remitidas, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente el impetrante tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad reclamados, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la propiedad de un bien, es indispensable que exhiba contrato de fecha cierta, pues sólo de esa forma es viable considerar que el derecho que en su caso consagre el acto jurídico, sea oponible a terceros, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 1ª/J.24/2008, de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Consecuentemente, como la parte quejosa no acreditó tener interés para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Tampoco impide resolver, que se hubiere reservado el llamamiento de la parte tercera interesada, pues el sentido que se adopta no modifica una situación jurídica, o bien, constituya derechos en alguna parte procesal del juicio de origen. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (antes Sexto de Cuantía Menor) de la Ciudad de México, precisado en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta resolución. Notifíquese. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; vistos los informes con justificación del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Escrito (ANTES SEXTO DE CUANTÍA MENOR) de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Ténganse por rendidos y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Con las documentales remitidas fórmese el tomo I para un mejor manejo del expediente. NOTIFÍQUESE.

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