José de Jesús Contreras Salazar
Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- José de Jesús Contreras Salazar
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo 1184/2019-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda firmado por José de Jesús Contreras Salazar, contra actos de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, regístrese bajo el número 68/2021-IX. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, pues se advierte una causa manifiesta e indudable de la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías y escritos aclaratorios relativos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, lo siguiente: Autoridades responsables: Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "De la autoridad señalada como responsable como lo es, el C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, la infundada e inmotivada Medida Cautelar del auto de radicación de fecha Veintidós de Enero del presente año Dos Mil Veintiuno, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado bajo el expediente Número 77/2021, promovido por la C. NORA EULALIA VILLANUEVA SALAS y con las consecuente violación a mis Garantías Individuales, reclamando además todas las consecuencias directas e indirectas derivadas de tal proceder, vulnerando con ello mis Garantías de Seguridad Jurídica, certeza jurídica y exacta aplicación de la ley, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal." Así las cosas, este Juzgado de Distrito estima, como se dijo con antelación, deviene imperativo desechar de plano la demanda inicial de garantías, por encontrar en ella motivo manifiesto de indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia que el segundo de los arábigos en cita, en lo conducente, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Como se ve, tal dispositivo prevé la improcedencia del juicio de garantías cuando contra el acto de autoridad que se reclama, las leyes ordinarias concedan algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Esto es, contempla el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el que no es aplicable en tratándose de terceros extraños simples o por equiparación. A mayor abundamiento, cabe decir, que el tercero extraño es quien no es parte en el procedimiento natural, pero que sufre un perjuicio en su esfera jurídica con motivo de aquél (simple), o que siendo parte en el juicio, no es emplazado a éste, o lo es en forma contraria a la ley (equiparado). En ese contexto, deviene imperativo desechar la demanda de garantías, en atención a que la parte quejosa pretende combatir por esta vía constitucional, el contenido del acuerdo que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictó el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 77/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado promovido en su contra por Nora Eulalia Villanueva Salas, en el que se le requiere para que en el término de tres días, proceda a separarse del domicilio conyugal. En el caso, el aquí promovente no es una persona extraña al juicio de donde deriva el acto que reclama, esto es así, pues bajo protesta de decir verdad, manifestó que tiene el carácter de demandado en el juicio natural. De este modo, se advierte que el promovente se encuentra incorporado a la relación jurídico procesal. Esto conviene precisarlo para determinar que estaba obligado a agotar todos los recursos ordinarios, de considerar que alguna resolución dictada por el juez natural le causaba perjuicio. Al caso es aplicable en lo conducente la jurisprudencia V.2o. J/31, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a páginas novecientos cuarenta y uno, del tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, AUNQUE NO SEA PARTE FORMAL. La quejosa no es extraña al procedimiento judicial del que emana el acto reclamado, si su intervención en el juicio fue legalmente aceptada al haberse resuelto su petición de levantamiento de embargo, quedando así integrada a la relación jurídico-procesal. Las personas que de hecho figuran en la relación procesal, ya sea activa o pasivamente, dependiendo esto de la naturaleza de sus pretensiones, deben ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, esto es, pueden y deben hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. En un caso concreto, si la parte quejosa tuvo a su alcance el recurso de apelación contemplado por el artículo 1341 del Código de Comercio, al no haberlo intentado, deja de surtirse el principio de definitividad requerido por el juicio de garantías para su procedencia." Ahora bien, en el caso, resulta necesario precisar que los numerales 30, 55, 63, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas y 259, fracción I, del Código Civil para esta misma entidad federativa, prevén lo siguiente: "30. Las notificaciones, emplazamientos, requerimientos y demás diligencias ordenadas por el magistrado, juez, o Pleno del Supremo Tribunal de Justicia serán practicadas por el secretario respectivo, o por el empleado que expresamente sea autorizado para ello, quienes tendrán, para tales efectos, el carácter de actuarios." "55. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación." "63. Las notificaciones por medio de lista y de cédula se considerarán hechas al día siguiente del que sean fijadas aquéllas. Las personales el mismo día de la diligencia respectiva." "142. Los incidentes que pongan obstáculo a la demanda principal se sustanciarán en el expediente, quedando entretanto en suspenso el juicio, salvo disposición expresa en contrario. Los que no pongan obstáculo a la prosecución, se substanciarán por pieza separada." "143. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a las reglas siguientes." "144. Promovido el incidente, el juez, dentro de veinticuatro horas, mandará dar traslado a la parte contraria para que conteste en el término de tres días. Si se promoviere prueba, se señalará un término que no exceda de diez días, y respecto del cual no procede término supletorio. Rendidas las pruebas, el juez citará de oficio a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que se pronunciará dentro de cinco días, concurran o no las partes a aquélla." "145. Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, se procederá como previene el artículo anterior en sus partes tercera y cuarta." "146. Los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario." "147. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título; las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio." "148. En la resolución definitiva de un incidente se hará la correspondiente condenación sobre costas." "149. Las resoluciones incidentales no surten efecto más que en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que se refieran a varios en cuyo caso los surtirán en todos ellos." "259. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el marido informar al juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el juez decidirá en la vía incidental; ." (lo subrayado es de este tribunal) Lo transcrito, pone en evidencia lo siguiente: a) Que las notificaciones, emplazamientos, requerimientos y demás diligencias ordenadas por el magistrado, juez o Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, serán practicadas por el secretario respectivo o por el empleado que expresamente sea autorizado para ello, quienes tendrán, para tales efectos, el carácter de actuarios. b) Que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. c) Que las notificaciones personales, se considerarán hechas el mismo día de la diligencia respectiva. d) Que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a las reglas genéricas que para tal efecto prevé el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. e) Que los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. f) Que al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, entre otras disposiciones, la de separar a los cónyuges, para lo cual, el juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado; hecho lo anterior, deberá el marido informar al juez el lugar de su residencia; por último, que si sobre dicha disposición se suscitare controversia, el juez decidirá en la vía incidental. Se torna necesario precisar lo que es un medio de defensa o medio de impugnación, a fin de entender mejor lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. El tratadista José Ovalle Favela, en su obra titulada "Teoría General del Proceso", define a los medios de impugnación de la siguiente forma: "son los procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados combaten la validez o la legalidad de los actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional, y solicitan una resolución que anule, revoque o modifique el acto impugnado o que ordene subsanar la omisión." El mismo autor, en su obra intitulada "Derecho Procesal Civil", identifica como medios de impugnación a tres especies que son: I. Los incidentes impugnativos, se designa a los procedimientos que se siguen para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, normalmente tienen el carácter horizontal y suelen ser medios de anulación, a través de ellos se impugna la validez de las actuaciones judiciales. II. Los recursos, son medios por los cuales se combate la legalidad de resoluciones judiciales en el curso del proceso o bien, impugnan la sentencia definitiva, cuando todavía no es firme, abriendo una segunda instancia dentro del mismo proceso; en consecuencia, no se inicia un nuevo proceso, sino que sólo continúan el que ya existe, llevándolo a una nueva instancia; es decir, a un nuevo grado de conocimiento, por lo que no existe un nuevo litigio ni establecen una nueva relación procesal, pues, la nueva instancia sólo se limita a revisar, hacer un nuevo examen de la resolución recurrida; en esa medida, las partes, el conflicto y la relación procesal sigue siendo el mismo, pero sometido ante la potestad del ad quem como órgano revisor, por lo que regularmente son medios de sustitución o de control. III. Los procesos impugnativos, son medios que se hacen valer una vez que ha concluido el proceso, mediante sentencia firme con autoridad de cosa juzgada, el acto o el procedimiento a que pertenece el acto o procedimiento combatidos; el proceso impugnativo se inicia con una nueva demanda, en la que se expresa una pretensión distinta de la del proceso original. Una vez que se admite la demanda y se lleva a cabo el emplazamiento, se constituye y desarrolla una nueva relación jurídica, la que terminará normalmente con una sentencia; ejemplo de ello es la apelación extraordinaria. Por ende, se advierte que todos los incidentes impugnativos, recursos y procesos impugnativos, son medios de impugnación, por lo que éste (medio de impugnación) es el género y aquéllos (incidentes impugnativos, recursos y procesos impugnativos), la especie. En mérito de lo anterior, si el acto reclamado por el quejoso consiste en la orden que se le dio en el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, para que abandonara el domicilio conyugal, conforme lo expuesto en la fracción I del numeral 259 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, previo a la interposición de la demanda de amparo debió agotar el recurso que dispone dicho numeral, consistente en la impugnación por la vía incidental, respecto de la citada medida urgente, ya que de conformidad con el artículo en comento cuando se suscitare controversia con la disposición provisional de separar a los cónyuges, el juez decidirá en la vía incidental. Entonces es inconcuso que la controversia que la ley civil contempla, tiene la naturaleza de un medio de defensa, dentro del procedimiento, que su objetivo es modificar, revocar o nulificar, la medida urgente, con base en las pruebas que se ofrezcan a fin de acreditar la litis incidental, lo cual no realizó el aquí agraviado dentro del plazo que la ley respectiva prevé. Por tanto, si la ley que rige el acto reclamado prevé un medio de defensa o medio de impugnación dentro del procedimiento, en virtud del cual se podía modificar, revocar o nulificar dicho acto y no se hizo valer por el quejoso oportunamente, entonces, el amparo solicitado se torna improcedente. De haber hecho lo contrario, el peticionario del amparo hubiese tenido la posibilidad de recurrir vía apelación el auto interlocutorio que en su caso, resolviera el citado incidente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 146 del multicitado código adjetivo civil del Estado de Tamaulipas, previo a promover el presente juicio de amparo. En efecto, de los razonamientos vertidos en líneas que anteceden, se concluye que el quejoso, previamente a acudir a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 259, fracción I, del código sustantivo civil citado, en contra del auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 77/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, mediante el cual el juez responsable determinó ordenar al peticionario del amparo que abandonara el domicilio conyugal, pues como se transcribió y dijo en líneas procedentes, si contra la disposición de separar a los cónyuges, como sucedió en el caso concreto, se suscitare controversia, el juez decidirá en la vía incidental. Por ende, el quejoso debió haber combatido el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, a través del medio de impugnación que en forma incidental prevé el artículo 259, fracción I, del Código Civil para el Estado de Tamaulipas; lo anterior, para que de esta forma, hubiese agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías. Por otra parte, es necesario precisar que la parte quejosa en el presente asunto, no se encuentra en las excluyentes previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto es, no se trata de un tercero extraño, ni el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, ni consiste en una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del quejoso. En suma, el agraviado debió haber impugnado el auto que constituye el acto reclamado mediante el medio de defensa que como se dijo en líneas que anteceden, procedía contra tal determinación, para de esta forma, agotar el principio de definitividad consistente en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que las partes tengan el alcance, con el fin de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J./37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, visible en la página 902, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En relación con lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. A mayor abundamiento, el supuesto contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no tiene como finalidad regular actos dentro del juicio de ejecución irreparable, sino que, como se ha dicho, expresamente descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado, eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad del que se queja deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo únicamente quede reservado como un medio extraordinario de defensa a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos jurisdiccionales de la Federación, pues sostener lo contrario, sin hacer caso de un régimen de excepción estricto, indiscutiblemente haría nugatorio el contenido de la precitada hipótesis legal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Materia Común, visible en la página 765, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X.1o.31 K, visible en la página 2661, tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, visible en la página 1816, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." También es aplicable al caso, la tesis II.4o.C.22 C, consultable en la página 1527, tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, materia civil, que es del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común." Por lo antes expuesto, en el presente asunto se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con base en lo cual y con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de que se trata. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por José de Jesús Contreras Salazar. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso José de Jesús Contreras Salazar, el auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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