José de Jesús Contreras González

Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
598/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Contreras González
  • Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, en los siguientes términos: "- La Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De inmediato señale fecha para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 2797/2018, dentro del término que estable la Ley Federal del Trabajo, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado firmado por la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la actuación de veinte de junio del año en curso, de la que se advierte que señaló data para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 2797/2018, de su índice. Con lo anterior, en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento de origen, señaló data para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora -aquí quejosa-. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibido el comunicado de la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la actuación de veinte de junio del año en curso, de la que se advierte que señaló data para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora en el juicio laboral ********, de su índice. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo 598/2023; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diez de marzo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José de Jesús Contreras González, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él preciso. De igual forma, indicó como derecho humano violado los contenidos en el artículo 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, la cual se registró en el libro de gobierno electrónico con el número 598/2023, y se previno a la parte quejosa, misma que no fue desahogada por la parte quejosa. TERCERO. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se ordenó requerir a las autoridades responsables, para que, en un término de quince días, rindiera su informe con justificación, se dio la intervención que en derecho corresponde al representante social adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que regulan la competencia territorial de este juzgado, así como de las materias que conoce. Lo anterior, por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la materia del problema jurídico planteado en este juicio se concreta a lo siguiente: De la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: La omisión de dictar acuerdo en el que se señale nueva fecha para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues así lo manifestó la Presidenta al rendir su informe con justificación. En consecuencia, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación a través del cual se reprocha que la autoridad responsable, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados en la siguiente jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Así, se recuerda que el acto reclamado a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es la omisión de dictar acuerdo en el que se señale nueva fecha para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular en el juicio laboral ********************. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la autoridad responsable ha retardado el desarrollo normal y oportuno del juicio natural o, en este caso, de la incidencia planteada en este. En ese tenor, los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que, una vez que se dicte acuerdo en el que admita las pruebas, se señalara fecha para el desahogo de las mismas, el cual, deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. En el caso, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, señala que el veinte de enero de dos mil veintidós, la junta responsable señaló las nueve horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de inspección ocular, sin que se advierta que se haya desahogado; de ahí que es evidente que excedió el plazo legal con que contaba para emitir dicha resolución; y la responsable incurrió en la paralización del procedimiento, pues resulta notorio que ha transcurrido en demasía el término para dictar la determinación donde se admitan o desechen pruebas. Por lo tanto, se llega a la convicción de que la junta responsable no se ha pronunciado sobre el desahogo de la prueba de inspección ocular, dentro del plazo legal previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, pues desde el veinte de enero de dos mil veintidós, no se ha pronunciado sobre ésta. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos a situaciones ordinarias de carga de trabajo; es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo, hoy en día es un hecho notorio que esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma (exceso en la carga de trabajo) deberán justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 182160, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, Materia(s): Laboral, página 226, de rubro texto: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." En ese orden de ideas, el actuar de la responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, es procedente conceder el amparo solicitado contra dicha omisión. SEXTO. Efectos de la concesión. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, se procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se concede la protección de la Justicia de la Unión para los efectos de que: - La Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De inmediato señale fecha para que tenga verificativo la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora en el juicio laboral ********************, dentro del término que estable la Ley Federal del Trabajo, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se aprueba el siguiente: R E S O L U T I V O: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús Contreras González, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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