José de Jesús Cicero López
Expediente 1742/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1742/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José de Jesús Cicero López
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/25310/2020, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional. Lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que por auto de veintitrés de octubre de esta anualidad, se tuvo por cumplida la sentencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de quince de octubre del presente año, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el referido acuerdo se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el once de marzo de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que: ".el Gobernador Constitucional de esta entidad, con residencia en esta capital, de inmediato acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, dentro del juicio ordinario civil 575/2013, y lo haga del conocimiento del aquí quejoso. En ese sentido, para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta capital, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos." Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Ahora bien, por oficio CJ/0CLP/OD/259/2020, de once de septiembre de dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que por oficios DGOB/0141/2020 y CJ/DCLP/OD/258/2020, de doce de marzo y once de septiembre de dos mil veinte, autorizó proporcionar de inmediato el auxilio de la fuerza pública en las condiciones señaladas por la Juez del procedimiento de origen; asimismo, adjuntó la constancia de notificación a la parte quejosa del citado oficio CJ/DCLP/OD/258/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte, en el que se solicita su presencia en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a fin de llevar a cabo la programación para la ejecución de dicha diligencia, según se advierte de la certificación que acompañó a su respectivo oficio. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio SSP/0J/22864/2020, de nueve de octubre en curso, informó que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, programó la diligencia solicitada por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial, con sede en Progreso, Yucatán, para el veintinueve de octubre del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos lo que hizo del conocimiento de la citada Juzgadora por oficio SSP/DJ/22863/2020, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el Gobernador Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad, se encontraba obligado a acordar lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa, lo que efectivamente realizó. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/22864/2020, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, en el que, en relación al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio, comunica que señaló las diez horas con treinta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la diligencia de fuerza pública, que le fue solicitada por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Progreso Yucatán, mediante oficio 3029/2019, derivado del expediente número 575/2013. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada de lo anterior, así como de los diversos informes rendidos por el Gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******* O *********en contra del acto que reclama del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, mismo que hizo consistir en: La omisión de proporcionar el auxilio de la fuerza pública, solicitada mediante oficio 3029/2019, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del expediente 575/2013. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1742/2019-III-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al numeral 127 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Con fundamento en los ordinales 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables el que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, o en su caso, la improcedencia del juicio; al que acompañará, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado dispositivo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Por otra parte, por lo que se refiere al tercero interesado Freddy Jesús Castillo Pool o Freddy Castillo Pool, toda vez que se advierte que tiene su domicilio en la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán. Con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda hacer de su conocimiento la promoción de la demanda de mérito, entregando copia autorizada del presente proveído, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con su carácter de tercero interesado, si así conviniere a sus intereses, previniéndolo además para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en este asunto. Apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, les serán hechas por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado; asimismo, se le faculta al aludido Juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; requiriéndole que a la brevedad posible devuelva el referido despacho con todo lo actuado con motivo de la diligencia que se encomienda. Asimismo, para efectos de lo anterior, se faculta al actuario adscrito al órgano jurisdiccional auxiliar, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio proporcionado no sea correcto y que el referido tercero interesado pueda ser notificado en uno diverso al señalado, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la documental que acompaña a su demanda, así como la presuncional en su doble aspecto que también ofreció, mismas que se relacionarán al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en la misma. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el ordinal 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Sin que haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1. Lo anterior con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del numeral 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y regístrese.
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