José de Jesús Cendejas Bribiesca

Expediente 16/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 97 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2020
Año
2020
Actuaciones
97
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Cendejas Bribiesca
  • José de Jesús Cendejas Bribiesca y Otros.
  • Juez Primero Civil de Partido del Poder Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 97.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I y III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (AUTO QUE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO), que en resumen dice: León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, sin que realizaran manifestación alguna, con excepción de las realizadas por la tercera interesada; en consecuencia, se analiza de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "[.] OCTAVO. Efectos del amparo. Dada la conclusión alcanzada, se concede para que la jueza Primero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, deje insubsistentes el citatorio y emplazamiento realizados al quejoso el cinco y seis de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, en el juicio sumario civil radicado bajo el expediente *, y todo lo actuado con posterioridad, incluso la sentencia y actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución, esto es, el remate llevado a cabo el diez de enero de dos mil veinte. Hecho lo cual, emplace debidamente al demandado en el domicilio que indicó en la demanda de amparo, ubicado en *; pues solo así, se podrían restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación del derecho fundamental de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. [.]" Inconforme con la resolución, la tercera interesada, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, como amparo en revisión 72/2023. Mediante auto de diecinueve de junio de la anualidad, se recibió el testimonio de la resolución dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión civil 72/2023, el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a * en contra del acto reclamado de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Juez Primero Civil de Partido de León, Guanajuato, y de la actuaria adscrita a dicho juzgado, consistentes en la ilegalidad del citatorio y emplazamiento realizados al quejoso en el juicio sumario civil *, y todo lo actuado a partir de esa diligencia, incluyendo la ejecución de la orden de remate del inmueble descrito en el considerando segundo del fallo recurrido". Asimismo, se requirió el cumplimiento de la sentencia dictada por este juzgado en términos de su consideración octava. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada de los autos de catorce de julio, tres, veinticuatro y treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictados dentro del expediente * de su estadística. Con lo anterior se dio vista a las partes. II. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que se cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Mediante auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistente la razón de citatorio, citatorio y la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de fechas cinco y seis de junio del año dos mil diecisiete, respectivamente, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia y su aclaración, así como el remate de diez de enero de dos mil veinte. De igual forma se ordenó emplazar al quejoso en el domicilio señalado en la demanda de amparo, a saber el ubicado en c*. En acuerdo de tres de agosto pasado, se obtiene que la jueza responsable dio vista a la actora del juicio primigenio con la constancia de abstención que elaboró el actuario designado debido a que el domicilio indicado en la demanda de amparo ya no correspondía al peticionario; y, acompañó copia certificada de la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad del embargo relativo al inmueble con folio real *, ubicado en *. En proveído de treinta y uno de agosto pasado, la responsable remitió copia certificada de la solicitud número * con la cancelación del embargo correspondiente al diverso inmueble con folio real *, ubicado en calle F*. III. Pronunciamiento sobre manifestaciones de la tercera interesada. Ahora bien, respecto a las manifestaciones realizadas por la tercera interesada en los escritos registrados como 14286, 15757 y 17686, se acuerda: Al respecto, la tercera interesada sostiene que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que toca al emplazamiento del quejoso en el domicilio ubicado en c*. Lo anterior, porque no se ha logrado el emplazamiento del peticionario en el domicilio descrito. Tal argumento resulta infundado. Ello, pues como se narró en el inciso segundo del presente acuerdo, la autoridad responsable agotó el efecto relativo al emplazamiento de la quejosa en el citado domicilio, y para acreditarlo acompañó el acta de abstención de emplazar al quejoso, elaborada el uno de agosto del año en curso, por el actuario encomendado, debido a que la persona que lo atendió manifestó que el abogado que representaba al peticionario ya no laboraba en ese lugar y, por ende, ya no era el domicilio procesal del promovente. En ese mismo orden de ideas, lo infundado de las manifestaciones radica en que para lograr la reparación del derecho de audiencia afectado con motivo del ilegal emplazamiento al juicio de origen, el efecto del amparo se limita a dejar insubsistente dicha actuación y todo lo actuado con posterioridad. En efecto, el quejoso promovió el juicio como tercero extraño por equiparación; esto es, como aquel sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente a juicio, en virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Sobre esa línea, el efecto de la sentencia protectora se tradujo simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. A partir de ese momento, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que rige la materia, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. De ahí que, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos antes precisados. Así, aunque en los efectos de la sentencia, se indicó que debía emplazarse al peticionario en el domicilio indicado en la demanda, lo cierto es que ello está sujeto a que tal dirección continuara siendo el domicilio procesal del quejoso. Lo anterior, debe considerarse en ese sentido porque obligar a la autoridad a emplazar al peticionario en un domicilio en el que no puede ser localizado, afectaría el derecho de audiencia que debe ser reparado, en tanto que no existiría certeza de que el quejoso tenga conocimiento del juicio instaurado en su contra mermando su defensa en el contradictorio de origen. Máxime que el actor tiene a su alcance los medios que la ley prevé para lograr su localización como son los oficios de búsqueda y en última instancia el emplazamiento por edictos. De ahí que el emplazamiento es un acto que requiere el impulso procesal de la parte actora, pues es de su interés que éste se ejecute en los términos y con las condiciones que dispone la ley adjetiva en la materia. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la tercero interesada.

  2. Incidental

    CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria con el estado de autos. Conste. León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de ser CONSERVACIÓN. Por otro lado, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b, del referido Acuerdo General, el original de dicho cuaderno es susceptible de CONSERVACIÓN. Por tanto, una vez transcurran seis meses destrúyase el duplicado del incidente. II. Se provee en relación con el billete. Ahora, dado que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, hágasele saber que el billete de depósito que exhibió queda a su disposición por el plazo de dos años para que comparezca ante este juzgado a recibir el citado documento. Es preciso señalar que el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante, pero sólo se entregarán a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no acudir a recogerlos dentro del plazo de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, se hará efectivo a favor del Erario Federal. III. Se devuelve tomo de prueba. Por otra parte, dado que resulta innecesaria su retención, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria con el estado de autos. Conste. León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de ser CONSERVACIÓN. Por otro lado, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b, del referido Acuerdo General, el original de dicho cuaderno es susceptible de CONSERVACIÓN. Por tanto, una vez transcurran seis meses destrúyase el duplicado del incidente. II. Se provee en relación con el billete. Ahora, dado que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, hágasele saber que el billete de depósito que exhibió queda a su disposición por el plazo de dos años para que comparezca ante este juzgado a recibir el citado documento. Es preciso señalar que el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante, pero sólo se entregarán a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no acudir a recogerlos dentro del plazo de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, se hará efectivo a favor del Erario Federal. III. Se devuelve tomo de prueba. Por otra parte, dado que resulta innecesaria su retención, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, sin que realizaran manifestación alguna, con excepción de las realizadas por la tercera interesada; en consecuencia, se analiza de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "[.] OCTAVO. Efectos del amparo. Dada la conclusión alcanzada, se concede para que la jueza Primero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, deje insubsistentes el citatorio y emplazamiento realizados al quejoso el cinco y seis de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, en el juicio sumario civil radicado bajo el expediente *, y todo lo actuado con posterioridad, incluso la sentencia y actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución, esto es, el remate llevado a cabo el diez de enero de dos mil veinte. Hecho lo cual, emplace debidamente al demandado en el domicilio que indicó en la demanda de amparo, ubicado en *; pues solo así, se podrían restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación del derecho fundamental de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. [.]" Inconforme con la resolución, la tercera interesada, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, como amparo en revisión 72/2023. Mediante auto de diecinueve de junio de la anualidad, se recibió el testimonio de la resolución dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión civil 72/2023, el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a * en contra del acto reclamado de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Juez Primero Civil de Partido de León, Guanajuato, y de la actuaria adscrita a dicho juzgado, consistentes en la ilegalidad del citatorio y emplazamiento realizados al quejoso en el juicio sumario civil *, y todo lo actuado a partir de esa diligencia, incluyendo la ejecución de la orden de remate del inmueble descrito en el considerando segundo del fallo recurrido". Asimismo, se requirió el cumplimiento de la sentencia dictada por este juzgado en términos de su consideración octava. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada de los autos de catorce de julio, tres, veinticuatro y treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictados dentro del expediente * de su estadística. Con lo anterior se dio vista a las partes. II. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que se cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Mediante auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistente la razón de citatorio, citatorio y la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de fechas cinco y seis de junio del año dos mil diecisiete, respectivamente, así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia y su aclaración, así como el remate de diez de enero de dos mil veinte. De igual forma se ordenó emplazar al quejoso en el domicilio señalado en la demanda de amparo, a saber el ubicado en c*. En acuerdo de tres de agosto pasado, se obtiene que la jueza responsable dio vista a la actora del juicio primigenio con la constancia de abstención que elaboró el actuario designado debido a que el domicilio indicado en la demanda de amparo ya no correspondía al peticionario; y, acompañó copia certificada de la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad del embargo relativo al inmueble con folio real *, ubicado en *. En proveído de treinta y uno de agosto pasado, la responsable remitió copia certificada de la solicitud número * con la cancelación del embargo correspondiente al diverso inmueble con folio real *, ubicado en calle F*. III. Pronunciamiento sobre manifestaciones de la tercera interesada. Ahora bien, respecto a las manifestaciones realizadas por la tercera interesada en los escritos registrados como 14286, 15757 y 17686, se acuerda: Al respecto, la tercera interesada sostiene que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que toca al emplazamiento del quejoso en el domicilio ubicado en c*. Lo anterior, porque no se ha logrado el emplazamiento del peticionario en el domicilio descrito. Tal argumento resulta infundado. Ello, pues como se narró en el inciso segundo del presente acuerdo, la autoridad responsable agotó el efecto relativo al emplazamiento de la quejosa en el citado domicilio, y para acreditarlo acompañó el acta de abstención de emplazar al quejoso, elaborada el uno de agosto del año en curso, por el actuario encomendado, debido a que la persona que lo atendió manifestó que el abogado que representaba al peticionario ya no laboraba en ese lugar y, por ende, ya no era el domicilio procesal del promovente. En ese mismo orden de ideas, lo infundado de las manifestaciones radica en que para lograr la reparación del derecho de audiencia afectado con motivo del ilegal emplazamiento al juicio de origen, el efecto del amparo se limita a dejar insubsistente dicha actuación y todo lo actuado con posterioridad. En efecto, el quejoso promovió el juicio como tercero extraño por equiparación; esto es, como aquel sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente a juicio, en virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Sobre esa línea, el efecto de la sentencia protectora se tradujo simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. A partir de ese momento, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que rige la materia, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. De ahí que, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos antes precisados. Así, aunque en los efectos de la sentencia, se indicó que debía emplazarse al peticionario en el domicilio indicado en la demanda, lo cierto es que ello está sujeto a que tal dirección continuara siendo el domicilio procesal del quejoso. Lo anterior, debe considerarse en ese sentido porque obligar a la autoridad a emplazar al peticionario en un domicilio en el que no puede ser localizado, afectaría el derecho de audiencia que debe ser reparado, en tanto que no existiría certeza de que el quejoso tenga conocimiento del juicio instaurado en su contra mermando su defensa en el contradictorio de origen. Máxime que el actor tiene a su alcance los medios que la ley prevé para lograr su localización como son los oficios de búsqueda y en última instancia el emplazamiento por edictos. De ahí que el emplazamiento es un acto que requiere el impulso procesal de la parte actora, pues es de su interés que éste se ejecute en los términos y con las condiciones que dispone la ley adjetiva en la materia. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la tercero interesada.

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