Jose de Jesus Castillo Camacho

Expediente 861/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Castillo Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    ... La certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Registro de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En ...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Congreso del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número ******************** Precisión del acto reclamado. Del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa hace consistir su acto reclamado: "Del Gobernador del Estado de México reclamo su participación en el procedimiento materialmente legislativo (promulgación) en cuanto a la emisión de los artículos 1.174 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Del Congreso del Estado de México reclamo su participación en el procedimiento legislativo en cuanto a la emisión de los artículos 1.174 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. De la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México reclamo: a) Auto de 27 de abril de 2021, mediante el cual se establece un apercibimiento en contra del suscrito. b) Auto de 14 de mayo de 2021, en el que se hace efectivo el apercibimiento del auto anterior. c) Auto de 24 de mayo de 2021, mediante el cual se establece una pensión provisional de alimentos a cargo del suscrito. Del Técnico Judicial en funciones de notificador adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, reclamo la diligencia de 06 de mayo de 2021, mediante la cual pretendió citar al suscrito a efecto de comparecer a audiencia de 12 de mayo de 2021. Lo reclamado a las últimas dos autoridades, es desarrollado dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México.". Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Entonces, de la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa impugna mediante esta vía los artículos 1.174 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en: "a) Auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se establece un apercibimiento en contra del suscrito. b) Auto de catorce de mayo de 2021, en el que se hace efectivo el apercibimiento del auto anterior. c) Auto de 24 de mayo de 2021, mediante el cual se establece una pensión provisional de alimentos a cargo del suscrito. Del Técnico Judicial en funciones de notificador adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, reclamo la diligencia de 06 de mayo de 2021, mediante la cual pretendió citar al suscrito a efecto de comparecer a audiencia de 12 de mayo de 2021.". Desechamiento de la demanda. Precisado el acto reclamando, este Juzgador considera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra se transcribe: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo. El primer párrafo del artículo transcrito, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra relacionado con los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional, no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Además, de la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que las quejosas impugnan mediante esta vía: Los artículos 1.174 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en: "De la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México reclamo: a) Auto de 27 de abril de 2021, mediante el cual se establece un apercibimiento en contra del suscrito. b) Auto de 14 de mayo de 2021, en el que se hace efectivo el apercibimiento del auto anterior. c) Auto de 24 de mayo de 2021, mediante el cual se establece una pensión provisional de alimentos a cargo del suscrito. Del Técnico Judicial en funciones de notificador adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, reclamo la diligencia de 06 de mayo de 2021, mediante la cual pretendió citar al suscrito a efecto de comparecer a audiencia de 12 de mayo de 2021. Lo reclamado a las últimas dos autoridades, es desarrollado dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México.". Precisado lo anterior, en el libelo constitucional, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, pues bajo protesta de decir verdad refirió lo siguiente: "(.) Es decir, hasta este 18 de agosto, tuve conocimiento de todos y cada uno de los actos reclamados. (.)". Tal manifestación contenida en la demanda de amparo en el apartado de lo fecha en que tuvo conocimiento, se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En consecuencia, es incuestionable, que el término genérico de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías, transcurrió del diecinueve al ocho de septiembre de dos mil veintiuno; descontando de dicho cómputo los días inhábiles; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el diez de septiembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resulta notorio que dicha demanda de amparo, se presentó fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, lo cual implica que el acto que se reclama y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidas. En esa tesitura, es claro que ésta resulta extemporánea por actualizarse la tercera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo; y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente lo reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. C.J/7, página 1035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ... No se soslaya que de los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del artículo que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: ... Sin embargo, los preceptos legales que intenta combatir el quejoso, esto es, los 1.174 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los impugna como heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación; y como ha quedado precisado, si la parte quejosa tuvo conocimiento del primer acto de aplicación el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la demanda resulta extemporánea. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Congreso del Estado de México y otras autoridades. Consulta de expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que se encontró registro del usuario "********************", con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario de referencia para la consulta del expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones, aún las de carácter personal vía electrónica; por así haberlo solicitado en forma expresa la parte quejosa. ...Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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