José de Jesús Casián Morales

Expediente 183/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
183/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Casián Morales

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de siete de marzo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de siete de marzo de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. De este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que el justiciable contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el acuerdo de dieciocho de febrero pasado, transcurrió del veinticinco de febrero al tres de marzo del año en curso, sin que el inconforme haya atendido esa prevención; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 183/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación; c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad; y, d) en el caso de que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otro lado, el ordinal 108, fracciones I y IV de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, los siguientes: a) el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; y, b) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A su vez, el normativo 6 citado ordenamiento estatuye que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I de la ley de la materia; que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa legislación; que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que ese ordenamiento lo permita. Por otra parte, el dispositivo 10 de la ley de la materia dispone que la representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en el juicio constitucional en los términos previstos por esa legislación; que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el caso, la parte quejosa no colma íntegramente las prevenciones contenidas en los tres últimos preceptos citados, por las razones siguientes: En primer orden, Luis Miguel Santiago Martínez omitió exhibir el instrumento con el que demuestre la personalidad con la que promueve a nombre del inconforme. Es así, porque Luis Miguel Santiago Martínez se ostenta como defensor público federal del justiciable José de Jesús Casián Morales; empero, no aportó la constancia de la cual se desprenda que tenga reconocido el carácter con el que promueve esta instancia constitucional en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual era necesario para comprobar si tiene la legitimación procesal activa para ejercer la acción constitucional en representación del inconforme, máxime que el promovente no aduce que esa personalidad le fue reconocida por las responsables conforme a lo prescrito por el arábigo 11 de la propia legislación. En otro punto, en el apartado de "AUTORIDADES RESPONSABLES" del escrito inicial designa con esa calidad a la encargada de la administración del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta localidad, o a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, a quienes cataloga como responsables ordenadoras y ejecutoras. Luego, en el segmento de "ACTOS RECLAMADOS" del propio ocurso reprocha a esos entes públicos la omisión de proveer sobre la admisión y resolución del planteamiento de controversia formulado el seis de enero de dos mil veintiuno, en la que decida sobre la atención médica del justiciable. Sin embargo, la naturaleza jurídica de ese acto omisivo impide considerar que exista un acto de ejecución, sin que el promovente haya precisado cuál es el acto ejecutivo que reclama de esos entes públicos, lo cual era necesario que indicara para estar en aptitud de identificar la materia de la litis constitucional y, en su caso, para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir sus informes con justificación. En ese sentido, se detecta que no se precisó el acto ejecutivo reclamado a dichos entes responsables en su calidad de autoridades ejecutoras. Los aspectos destacados denotan la existencia de irregularidades en el escrito inicial, lo cual da pauta a prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: 1. Exhiba el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre del justiciable José de Jesús Casián Morales, por lo que tendrá que aportar la constancia de la cual se desprenda que le fue reconocido el carácter de defensor público federal del inconforme con el que promueve esta instancia constitucional en términos de lo dispuesto por los arábigos 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisa señalar que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso y de orden público, de cuyo examen si está plenamente demostrado, este Tribunal de amparo debe hacerlo constar en el acuerdo admisorio, por esa razón es necesario que se satisfaga ese aspecto. En este punto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." 2. Deberá precisar los actos ejecutivos reclamados a la encargada de la administración del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta localidad, o a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, por lo que deberá tener presente que un acto omisivo carece de ejecución por su naturaleza jurídica. Infórmese al promovente que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendido por sí en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Forma de notificación, acceso al expediente electrónico y autorizados de la parte quejosa. Se autoriza a la parte quejosa para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre de usuario "LMSANTIAGO" que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, circunstancia que se privilegia en lugar del domicilio procesal que indica con motivo de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza al disidente el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "LMSANTIAGO" que proporcionó para tal efecto, ya que corresponde a Luis Miguel Santiago Martínez, quien promueve como defensor público federal del disidente. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "LMSANTIAGO" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Dado que se autorizó la realización de notificaciones electrónicas al disidente no es factible reconocer el domicilio procesal que señala, porque las notificaciones personales se harán por la vía electrónica, sin que en el caso puedan coexistir dos formas de notificación de manera simultánea, ya que esa situación generaría incertidumbre jurídica en cuanto a la forma en la que deberán llevarse a cabo las comunicaciones procesales al promovente. Por otro lado, ténganse como autorizados del agraviado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que designa con esa calidad, porque así lo solicita expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

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