José de Jesús Carrión Diez

Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
415/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Carrión Diez
  • Jorge Macuil Juárez, Apoderado de José de Jesús Carrión Diez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirlas para que los recojan. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. El Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, remite copia certificada de su oficio ********************, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que da contestación al requerimiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexan las autoridades responsables a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados anteriormente precisados, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Bajo esa óptica jurídica, se reitera que en la especie la justiciable reclama -sustancialmente- lo siguiente: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de tomar las medidas necesarias para recabar la información solicitada por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés; y, La omisión de pronunciarse respecto de la petición de cinco de octubre del dos mil veintidós, consistente en solicitar determinada información al Servicio de Administración Tributaria, dentro del juicio laboral ********************, del índice. Asimismo, reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla: La omisión de dar cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral de origen. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: Que mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara los datos de las cuentas bancarias de los demandados ******************** y de ********************; y al Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla, para que informara respecto de los datos de sus bienes registrados. Luego, el seis de marzo de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al requerimiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************. En ese orden, por acuerdo del catorce de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable tuvo por recibida dicha contestación, y en atención a las peticiones del quejoso [realizadas el cinco de octubre del año pasado], requirió a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1" y "2", del Servicio de Administración Tributaria, para que informaran los datos de las cuentas bancarias de ******************** y de ********************; y Finalmente, mediante oficio ********************, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, dio contestación al requerimiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Junta responsable, el cual fue presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, las omisiones reclamadas a las autoridades responsables han cesado, pues tales actuaciones se realizaron en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo -dos de marzo de dos mil veintitrés-, las cuales se ilustran, para mayor precisión, en la siguiente tabla: Autoridad responsable Acto reclamado Fecha y motivo de la cesación. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla Omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de cinco de octubre del dos mil veintidós, consistente en solicitar determinada información al Servicio de Administración Tributaria. En acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés se requirió a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1" y "2", del Servicio de Administración Tributaria, la información solicitada. Omisión de tomar las medidas necesarias para recabar la información requerida por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés. En seis de marzo y veintisiete de abril del presente año, las autoridades requeridas dieron cumplimiento. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Omisión de dar cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés El seis de marzo de dos mil veintitrés, remitió a la Junta responsable la información requerida. Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, proporciono a la Junta responsable la información requerida. En consecuencia, dado que han cesado las omisiones reclamadas, sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. .

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Se recaba información. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado al Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla, lo constituye la omisión de dar cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/935/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Ahora, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento de once de abril de dos mil veintitrés, se desprende que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se notificó al Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla el requerimiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/935/2017, de su índice. En consecuencia, a fin de contar con todos los elementos necesarios para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se requiere al Registrador Público de la Propiedad en el Estado de Puebla, para el efecto de que, en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, de manera puntual, realice lo siguiente: Informe si ya dio contestación al requerimiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral D-3/935/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y en su caso remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Para lo cual se ordena remitir copia simple de la respectiva boleta de ingreso. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Diferimiento. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Finalmente, se fijan para su celebración las once horas con diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuse de recibo de su oficio ********************, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla, emitido dentro del juicio laboral ********************, de su índice. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese.

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