José de Jesús Calderón García
Expediente 1354/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2022
Partes del expediente
- José de Jesús Calderón García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la determinación de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, no ha sido notificada a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario adscrito a efecto de que notifique personalmente la aludida determinación a la parte quejosa. Toluca, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Calderón García por propio derecho, contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1354/2021-V. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados los hace consistir en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le reclama: El decreto por el cual expide la Ley de la Fiscalía General de la Republica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de dos mil 2021, cuyo artículo 61 fracciones III, IV, VI, VII y X se tildan de inconstitucionales como normas hetero aplicativas y cuyo primer acto de aplicación es el identificado en el subsecuente inciso c). Del Congreso de la Unión, integrado en forma bicameral, por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, reclama: El proceso Legislativo que tuvo como resultado la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, cuyo artículo 61 fracciones III, IV, VI, VII y X se tildan de inconstitucionales como normas hetero aplicativas y cuyo primer acto de aplicación es el identificado en el subsecuente inciso c). Del Fiscal General de la República, Oficial Mayor, Titular de la Policía Federal Ministerial, Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, todos de la Fiscalía General de la República, reclama: La orden, Acuerdo, Instrucción, Oficio o Resolución de separación, remoción, cese, destitución y que pretende dar por terminado el Servicio Profesional de Carrera Policial al cual pertenezco en la Fiscalía General de la República, sin desahogar procedimiento previo. Del Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de México, reclama: La ejecución de los actos reclamados a las autoridades citadas en el aparatado previo. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, y establecidos en parágrafos anteriores se aprecia que el acto reclamado a las autoridades que señala como responsables consistente en la orden, acuerdo, instrucción, oficio o resolución de separación, remoción, cese, destitución y que pretende dar por terminado el servicio profesional de carrera policial al cual pertenece en la Fiscalía General de la República, sin desahogar procedimiento previo, así como su ejecución este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.". De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, de acuerdo con lo también narrado en el apartado de hechos que hace valer el quejoso en su escrito de demanda, está basado en pretensiones y posibilidades que refiere afectaran al privarlo de la única fuente de ingresos que tiene; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que sea separado de su cargo, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en su defensa, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues de la lectura de la demanda, no se advierte dato alguno en el sentido que el quejoso haya sido separado de su cargo, pues de la lectura de su escrito de demanda se advierte que refiere "QUINTO.- Toda vez que mi relación con la Fiscalía General de la Republica subsiste hasta hoy, me fueron autorizadas mis vacaciones por el periodo comprendido entre el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós mediante oficio FGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOREDOMEX/EA/0797/2021, suscrito por el Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de México, con lo cual se acredita que a la fecha sigo activo en la Institución". En ese contexto, el quejoso hace derivar que los actos que reclama en esta instancia, únicamente son con el temor de ser separado, removido, cesado, destituido o que pretenden dar por terminado el servicio profesional de su carrera policial al cual pertenece en la Fiscalía General de la República, sin que del resto del contenido del libelo constitucional se advierta que actualmente ya haya sido separado del carago. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza por los motivos que se han venido señalando. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías.". Resaltando el hecho de que el temor de ser separado, removido, cesado, destituido o que pretenden dar por terminado el servicio profesional de su carrera policial al cual pertenece en la Fiscalía General de la República, no constituyen hechos reales, sino únicamente es probable que acontezcan, pues además el acto en si está basado en supuestos que no se pueden hacer valer como de realización cierta como lo refiere el peticionante, pues se sigue tratando de actos futuros los cuales al día de la fecha no inciden en la esfera jurídica. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el acto que por esta vía reclama, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que los actos que se reclaman no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita el mismo e invadan la esfera de derechos de la parte quejosa. Máxime, que el quejoso acude a la presente instancia constitucional reclamando un cuerpo normativo, con el carácter de norma heteroaplicativa, es decir, que la misma debe de tener un primer acto de aplicación por parte de la autoridad responsable, entonces, si a la fecha el quejoso no ha sido separado, removido, cesado, destituido o algún acto que dé por terminado el servicio profesional de su carrera policial dentro de la Fiscalía General de la República, se arguye que ese acto de aplicación, a la fecha no existe, por lo cual, el juicio de amparo resulta improcedente. Por consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. En diversa tesitura, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Iván Navarro Govea y Pedro Ayala Espinosa, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la legislación citada a las restantes personas que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Luego en relación con su solicitud de acceso al expediente electrónico que se forme, para recibir notificaciones y consultar los acuerdos, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "Peterlawyer1"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico, así como medio para recibir notificaciones que deriven de este asunto. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales
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