José de Jesús Briseño Estrada
Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José de Jesús Briseño Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Vista la constancia de notificación realizada por el licenciado Manuel Torres Jones, actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la de la que se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, al momento de la práctica de la citada diligencia la parte quejosa José de Jesús Briseño Estrada, en la parte que interesa manifestó interponer recurso de queja, en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del proveído de catorce de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia de la constancia de notificación practicada al recurrente el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. HABILITACIÓN DE EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico, hasta en tanto sea resuelto el medio de defensa hecho valer por la parte quejosa, ello para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, instrúyase al analista jurídico SISE, adscrito a éste órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico en que se actúa y una vez que sea resuelto el recurso de queja que nos ocupa deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. AGREGA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Vista la constancia de notificación de diez de noviembre del año en curso, de la que se advierte que el quejoso José de Jesús Briseño Estrada, ratificó el escrito con registro 17782, presentado por el Defensor Público Federal Marco Vidal Agustín, designado para representarlo en el presente juicio de amparo, por medio del cual desahogó la prevención formulada. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, del escrito de demanda presentado por el Defensor Público del quejoso (folio 17782), ratificado por el quejoso José de Jesús Briseño Estrada, el diez de los actuales se advierten como actos reclamados los siguientes: Del Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México: "La omisión de informar al quejoso y promovente de la demanda de amparo José de Jesús Briseño Estrada el estado que guarda la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000295/2021 radicada en la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura." Del titular de la Unidad Administrativa adscrita a la Agencia de Investigación Criminal: "La falta de auxilio al titular de la Fiscalía de Especializada (sic) en Investigación del Delito de Tortura a fin de que se concluya la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000295/2021." Ahora bien, de lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de llevar a cabo actos de investigación dentro de la carpeta FED/JAL/GDL/0000295/2021, lo anterior es así, toda vez que los restantes actos únicamente constituyen conceptos de violación, los cuales se encuentran encaminados a controvertir la inconstitucionalidad del referido acto, de ahí que se tenga como acto reclamado en el presente sumario el siguiente: La omisión de llevar a cabo actos de investigación dentro de la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000295/2021, en la que según refieren, el ahora quejoso tiene reconocido el carácter de parte (víctima directa). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, esta juzgadora analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración número I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página novecientos dos, del tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, con número de registro digital 187016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así también, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2ª ./J115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, del Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materias, común administrativa, con número de registro digital 193142 de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." El principio de definitividad en comento, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Así el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, los artículos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (...) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109, del Código Nacional de Procedimientos Penales, anteriormente transcritos, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el proceso penal e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador, al introducir en el nuevo sistema de justicia penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa puedan acudir ante el Juez de Control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el sistema de justicia penal acusatorio, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el juez de control. En cuyo caso, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten concluir que, en el desempeño de su labor investigadora, las determinaciones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Con base en lo expuesto, se estima que respecto a la omisión atribuida el quejoso, en su calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000295/2021, debió acudir ante el juez de Control para impugnar dicha omisión. Esto, dado que el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un recurso que cuenta con una tramitación perfectamente definida con la firme intención de respetar los derechos humanos de audiencia y de defensa de las víctimas, puesto que dicho precepto legal fue diseñado para combatir todo tipo de omisiones dentro de la fase de investigación ministerial. Todo lo cual, corresponde dilucidar su legalidad al Juez de Control a través de una resolución que constituye la culminación de dicha fase; y, una vez agotado el mismo, permite su examen en sede constitucional. Sin que se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso. Esto, ya que la intención al diseñar la figura del juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, es que resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión precisados por la Ley de Amparo, ya que, debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto es, el Juez de Control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las omisiones atribuidas a la autoridad ministerial en la etapa de investigación, deben ser impugnadas ante el juez de Control a través del recurso innominado, medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, al promover el juicio de amparo en contra de las omisiones aludidas, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así como en la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". (Énfasis añadido) Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por José de Jesús Estrada Briseño, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Tomando en consideración que el quejoso José de Jesús Briseño Estrada, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, conforme al rol establecido, para que por su conducto, se constituya en el referido centro de reclusión y notifique al citado agraviado el presente proveído. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona. En razón de que las funciones del actuario se constriñen única y exclusivamente a comunicar a las partes las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo en que se actúa, y no a recibir peticiones por escrito de las partes que son notificadas, salvo que en la misma actuación que se notifique se ordene implícitamente a recabar alguna manifestación en atención a un requerimiento o a una vista otorgada con motivo a la tramitación normal del juicio de amparo. Por ende, se exhorta al justiciable que evite hacer manifestaciones de cualquier naturaleza en las constancias de notificación; que le son practicadas, pues cualquier tipo de petición la deberá realizar por escrito y presentarla ante esta autoridad, por los medios que consideren idóneos o a través de su defensor, quien como conocedor de la materia instara de la manera adecuada la misma y así estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, aspectos con los que no se contraviene el derecho de petición a que alude el artículo 8 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho). En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, personalmente el presente proveído al quejoso en el lugar de su reclusión, así como al Defensor Público Federal Marco Vidal Agustín.
- Principal
POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBR DE DOS MIL VEINTITRES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: DESECHAMIENTO....AVISO
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el licenciado Marco Vidal Agustín, en cuanto Defensor Público Federal para representar al quejoso José de Jesús Briseño Estrada, por medio del cual desahoga la prevención formulada al quejoso, además, adecua la demanda conforme a los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE ESCRITO. Ahora, a efecto de proveer lo conducente y tomando en consideración que el quejoso José de Jesús Briseño Estrada, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo, comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, conforme al rol establecido, para que por su conducto, se constituya en el referido centro de reclusión y realice lo siguiente: - Notifique al citado agraviado el presente proveído. - Asimismo, le ponga a la vista el escrito con registro 17782 y lo requiera para que en el momento de dicha diligencia, manifieste bajo protesta de decir verdad si lo ratifica. En el entendido que de no realizar manifestación al respecto, se acordará lo conducente. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona y se le requiere en los términos antes indicados. En razón de que las funciones del actuario se constriñen única y exclusivamente a comunicar a las partes las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo en que se actúa, y no a recibir peticiones por escrito de las partes que son notificadas, salvo que en la misma actuación que se notifique se ordene implícitamente a recabar alguna manifestación en atención a un requerimiento o a una vista otorgada con motivo a la tramitación normal del juicio de amparo. Por ende, se exhorta al justiciable que evite hacer manifestaciones de cualquier naturaleza en las constancias de notificación; que le son practicadas, pues cualquier tipo de petición la deberá realizar por escrito y presentarla ante esta autoridad, por los medios que consideren idóneos o a través de su defensor, quien como conocedor de la materia instara de la manera adecuada la misma y así estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, aspectos con los que no se contraviene el derecho de petición a que alude el artículo 8 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho). En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE, notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso en el lugar de su reclusión, en los términos que se indican.
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