Jose de Jesus Arriaga Rivera

Expediente 1672/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1672/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Arriaga Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve José de Jesús Arriaga Rivera, contra actos del Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido la Pila, Municipio de San Luis Potosí, con ocho copias y tres anexos con ocho copias que se acompañan; por tanto, fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el consecutivo 1672/2022-V. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Luego, del ocurso inicial de demanda, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado, la parte promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que el quejoso es legítimo sucesor de los derechos agrario de quien en vida llevara el nombre de Felipe Arriaga Mares, lo anterior, como resultado de la sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, inscrita ante el Registro Agrario Nacional bajo el folio 24028023119021938R, de veintiuno de junio de dos mil veintidós. 2. El veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se presentó ante las autoridades que señala como responsables, a quienes les realizó un pago por concepto de las contribuciones correspondientes al año dos mil veintidós; y, en el mismo acto, solicitó el pago que le corresponde en su calidad de ejidatario, mismo que le fue negado por las autoridades responsables. Negativa que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, los actos reclamados, los hace derivar de la negativa por parte del Ejido la Pila, Municipio de San Luis Potosí, de entregar al quejoso el pago correspondiente en su calidad de ejidatario. Expuesto lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II y 217, primer párrafo, al efecto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.] De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, para los efectos del juicio de control constitucional, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquellos que produzcan similares efectos que violentan la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no necesite acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de 2011, Novena Época, con registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Asimismo, se tiene que dicha Sala de nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. El criterio en comento dio paso a la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), apreciable en la página 1797 del libro 23 del tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de 2015, Décima Época, con registro 2010095, que dice: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes.". Asimismo, el último numeral en cita, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Sentado lo anterior, debe decirse, por otra parte, que la relación entre el Estado y su súbdito es de supra a subordinación, pues la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana por una parte, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos y facultades de autoridad; y, por otra, el gobernado, destacando que aquél desempeña, frente a éste, la autoridad soberana propia del ius imperium. Al efecto se cita la jurisprudencia VI.2o. J/286 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 61 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Octava Época, agosto de 1994, con registro 210747, que estatuye. "AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO. De acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debiendo entenderse por tal, no aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o entes jurídicos, dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado o socioeconómica, regulada bajo el derecho social.". En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o entes jurídicos, dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado o socioeconómica, egulada bajo el derecho social. Al respecto se cita la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823 del libro 23, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de octubre de 2015, con registro 2010168, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que - de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma" En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; luego entonces, si la actividad desplegada no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Por su parte, se tiene que los artículos 21, fracción II, 32 y 33 de la Ley Agraria, disponen lo siguiente: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: [.] II. El comisariado ejidal; y [.]" "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.". De los preceptos transcritos, se desprende que el comisariado, es uno de los órganos que integran las comunidades agrarias, y es el encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Asimismo, que el comisariado tiene como facultades y obligaciones, representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que estas se encuentren; y las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. De ahí que el comisariado es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de una comunidad agraria y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución, son respecto de la comunidad y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio, ni coerción. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, de la que derivó la jurisprudencia de rubro REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente: [.] si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución [.] Esto es, que de acuerdo con el criterio del Máximo Tribunal del país, para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria o, incluso, de un particular, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable, aun contra la voluntad de los gobernados; lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley, dispositivo alguno que le otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y de ejecución de los acuerdos de asamblea. Por tanto, debe decirse que el comisariado ejidal no tiene el carácter de autoridad, pues como quedó de relieve, únicamente es un órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, misma que aparece en la página 2184 del libro 16, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 2015, Décima Época, con registro digital 2008595, que dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.". Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, el criterio contenido en la tesis VI.3o.A.27 A emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1099 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2001, Novena Época, con registro digital 189776, que dice: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea.". De igual forma, se invoca la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, misma que aparece en la página 841 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1993, de la Octava Época, con registro digital 214009, que dice: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo.". Así como la tesis VI.2o.A.45 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1697 del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2003, Novena Época, con registro digital 183607, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con lo señalado en los artículos 21, fracción I, 22, párrafo primero, 23 y 27 de la Ley Agraria vigente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; sin embargo, para los efectos del juicio constitucional no ostenta el carácter de autoridad, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. En la iniciativa de la Ley Agraria que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se concibe a la asamblea general de ejidatarios como el órgano supremo del ejido, con facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población (como las que enumera el artículo 23 de la Ley Agraria), empero, desde la iniciativa en mención se estimó que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria, en consecuencia, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de garantías, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones. Ahora, para justificar lo anterior, es pertinente tener presente el contenido del criterio siguiente: Quinta época, Segunda Sala, Tesis Aislada del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV, materia Administrativa, página 908, de registro: 332236: "COMISARIOS EJIDALES, ACTOS DE LOS. Los comisarios ejidales tienen el carácter de autoridades ejecutoras, cuando intervienen en la tramitación, resolución y como encargados de la administración de los bienes agrarios y de la vigilancia de los fraccionamientos por parte del pueblo, con todas las atribuciones que fijan los artículos 119, 122 y 123 de la ley de la materia, que los señalan como meros administradores; por tanto, si no está demostrado que un comisario ejidal haya ejecutado un acto, en cumplimiento de algún trámite o resolución dado a un expediente de dotación de ejido, único caso en que se podría considerar que obró como autoridad, el amparo contra tal acto Es improcedente.". De la transcripción que antecede, se obtienen las premisas siguientes: I. Los comisarios ejidales tienen el carácter de autoridades ejecutoras, únicamente, cuando intervienen en la tramitación, resolución y ejecución de los expedientes agrarios. II. No pueden considerarse como autoridad, cuando obran como encargados de la administración de los bienes agrarios y de la vigilancia. En el caso, como se adelantó, José de Jesús Arriaga Rivera, reclama la negativa del Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido la Pila, Municipio de San Luis Potosí, de entregarle el pago correspondiente en su calidad de ejidatario, actuación que no encuadra en los referidos casos de excepción. Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito José de Jesús Arriaga Rivera, al actualizarse las causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II y 217, también del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; respecto de la cual, la instancia ya aludida, aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.". De ahí que este tribunal federal considere que en el caso, tampoco es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.); aunado a que, de admitir y dar trámite al juicio que nos ocupa, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en l impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como el presente asunto es en materia agraria, se tiene como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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