José de Jesús Arredondo Almaraz

Expediente 1661/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1661/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco
  • José de Jesús Arredondo Almaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Se agrega. Agréguese sin mayor acuerdo el escrito de cuenta, toda vez que revisadas que son las presentes actuaciones, se advierte que no tiene carácter reconocido para promover en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y, de conformidad con lo que solicita, envíensele los autos originales de este asunto, previo cuaderno de antecedentes que para tal efecto se forme. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Maa

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Requerimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que no obra en autos el expediente completo 2020/150/5390 de la Unidad de Atención a Usuarios BB1, lo que impide la celebración de la audiencia constitucional. Por ende, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco, para que dentro del plazo de tres días allegue copia certificada, completa y legible del expediente registrado bajo folio 2020/150/5390. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 260, fracción I, del ordenamiento así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio.

  4. Principal

    ACTO CONTINUO: Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia correspondiente.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1661/2021, promovido por José de Jesús Arredondo Almaraz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el primero de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; José de Jesús Arredondo Almaraz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró previamente con el número 1661/2021; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad administrativa. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, le reclama: La falta de cumplimiento del laudo dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 426/2009-A2. Ello, porque considera que el tribunal responsable no ha adoptado las medidas necesarias tendentes a su cumplimiento. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; manifestó que era cierto el acto reprochado; no obstante en data dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se dictaron las gestiones conducentes para subsanar dicha cuestión. Certeza que se desprende de las copias certificadas de acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que obra agregada en autos; documentales públicas que merece valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, el suscrito advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la falta de cumplimiento del laudo dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 426/2009-A2. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en dieciocho de octubre de dos mil veintiuno -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (uno de septiembre de dos mil veintiuno)-, se dictaron las gestiones conducentes para subsanar dicha cuestión. Lo que quedó debidamente justificado con el contenido del oficio MA1/2824/2021, del que se advierte la actuación de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tiene por recibido oficios de la Secretaria de la Hacienda Pública en su carácter de parte demandada, en los cuales da contestación a los oficios girados por ese Tribunal. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, los actos de los que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías ya cesaron, en razón que la responsable, con posteridad a la presentación de la demanda, realiza gestiones tendentes a cumplimentar la resolución emitida en forma de laudo en el conflicto laboral de origen; tiene vigencia el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe destacar que el sobreseimiento decretado, se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral. Ello es así, porque, como ya se vio, del contenido de las constancias certificadas del conflicto laboral de origen, se aprecia que la etapa en que se encuentra dicho contradictorio, corresponde a la ejecución de laudo, esto es, que el tribunal responsable adopte las medidas conducentes para su cumplimiento, lo que se colmó, hasta esa fase, con la emisión del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. No sobra añadir que este resolutor no desconoce el contenido de la jurisprudencia PC.III.L. J/8 L (10a.), Plenos de Circuito, registro digital 2010367, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , página 1928 de rubro: "EJECUCIÓN DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN.", pues si bien de su contenido se aprecia que una vez solicitada por el interesado la ejecución del laudo, es innecesario su impulso en las subsecuentes etapas; empero, la misma debe interpretarse acorde con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual se hizo mención, en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional "en el caso, el sobreseimiento", deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, lo que en el caso, se insiste, corresponde a la información proporcionada por parte de la Secretaria de la Hacienda Pública en su carácter de parte demandada, respecto a lo solicitado por ese Tribunal. Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia antes señalada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Arredondo Almaraz, contra el acto que reclamó al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe.

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