Jose de Jesús Arias López

Expediente 1097/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1097/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Jose de Jesús Arias López

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vista la certificación secretarial de cuenta y las constancias de autos, se advierte que por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, ... se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, ... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción,... Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio 7437/2021, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado, aceptando parcialmente la existencia del acto reclamado; anexa copia del acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 650/2021(2) BIS, de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que ofrece la autoridad responsable, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la constancia que se anexa al oficio que se provee, a la cual se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, el Máximo Tribunal emitió el criterio, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo lo siguiente: "La omisión de la responsable en que ha ocurrido al omitir dictar el acuerdo de admisión de la demanda en el juicio laboral 650/2021 2 BIS." Ahora, de la documental que acompaña la responsable, se advierte que mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, los integrantes de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el expediente 650/2021(2) BIS, tuvieron al promovente JOSÉ DE JESÚS ARIAS LÓPEZ, aquí quejoso, demandando en la vía ordinaria laboral a la empresa denominada "FABRICANTES DE PERSONAL EXPERTOS EN VENTAS PARA EL PUNTO DE VENTA S.A. de C.V." o como se llame en el futuro, por conducto de quien o quienes resulten ser sus representantes legales, responsables o propietarios; al ciudadano Alfredo Guzmán, en su carácter de territory manager de la citada empresa; a la empresa denominada "FERRECASTE", o como se llame en el futuro, por conducto de quien o quienes resulten ser sus representantes legales, responsables o propietarios; y al ciudadano Juan Ramón Castillo, en su carácter de propietario de la empresa "FERRECASTE"; señalando las once horas del quince de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que la responsable tuvo por admitida su demanda en la vía ordinaria laboral, tal como se advierte en el párrafo que antecede. Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. Ahora, cabe precisar que en el caso, resulta improcedente dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda de amparo, contra el proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 650/2021(2) BIS, donde la Junta responsable tuvo por admitida su demanda y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; ello, de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, por las razones que a continuación se exponen: En el caso, la parte quejosa, presentó escrito ante la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, demandando a la empresa denominada "FABRICANTES DE PERSONAL EXPERTOS EN VENTAS PARA EL PUNTO DE VENTA S.A. de C.V." o como se llame en el futuro, por conducto de quien o quienes resulten ser sus representantes legales, responsables o propietarios; al ciudadano Alfredo Guzmán, en su carácter de territory manager de la citada empresa; a la empresa denominada "FERRECASTE", o como se llame en el futuro, por conducto de quien o quienes resulten ser sus representantes legales, responsables o propietarios; y al ciudadano Juan Ramón Castillo, en su carácter de propietario de la empresa "FERRECASTE". Así, mediante proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, la Junta responsable tuvo por admitida la demanda presentada por José de Jesús Arias López y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. De ahí que se advierta, que dicha determinación no constituye la última resolución dictada en la etapa del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. Lo anterior en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". En apoyo a lo antes expuesto, se citan las tesis: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque del citado numeral se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "...se admite la demanda de garantías de cuenta; tramítese sin incidente de suspensión, toda vez que, de la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no solicitó dicha medida suspensional. Solicitud de Informe. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser cierto el acto reclamado, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($8,962.00 M. N.) Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe justificado, a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, es importante señalar que de los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se desprende que es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional. Aunado, a que si quisieran formular alegaciones, éstas podrán ser presentadas por escrito con anterioridad a la hora y fecha de la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Publico. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento de Diverso Juicio. Asimismo, se solicita a la responsable que en el supuesto de que acepte la existencia del acto reclamado, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de amparo diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remitan copias certificadas de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tienen su origen el acto aquí reclamado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Información Clasificada. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remite como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Tercero interesado. Se reserva el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto se reciba el informe justificado y se conozca si ésta ya fue incorporada formalmente a la contienda natural. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." (Tesis 2ª./J. 67/2009, Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Registro digital 167160). Autorización de Empleado. Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($8,962.00 M. N.) Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizados únicamente para recibirlas a Rafael Abascal Rojas, Marcos Daniel Flores Santamaría, Arath Abascal Rojas y Catalina Campos Rosales, por no contar con el registro de sus cédulas en dicho Sistema ni acreditar contar con la calidad de licenciados en derecho. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza a los usuarios "RafaAbascal" y "MarcosFloresSantamaría", para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Así también, téngase a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos rar@altaculturaempresarial.mx y dfs@altaculturaempresarial.mx, así como los números telefónicos 9515846333 y 9511902796, únicamente para establecer comunicaciones procesales. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo..."

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