José de Jesús Almaguer Godínez
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Almaguer Godínez
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; catorce de julio de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE JUNIO DE 2021, QUE REZA; I. Parte quejosa. ----------------------------------. II. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 504/2021-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La resolución del recurso de revocación de data veintiséis de mayo de dos mil veintiuno dictada por la Juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, dentro del Incidente de Actualización de Liquidación de Intereses Moratorios y Ejecución de Sentencia en el expediente ---------------, mediante la cual confirmó el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en donde, con "un escrito y anexos", dio vista a la parte demandada, aquí quejosa, sin que del sello de la admisión de la referida promoción se advierta que contenga anexos. IV. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, como se verá. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este juzgado] En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Debiéndose observar la misma regla, en la tramitación de incidentes en la etapa de ejecución; caso en el cual se podrán reclamar todas las violaciones procesales cometidas durante su tramitación al momento de combatirse la interlocutoria que culmine el procedimiento respectivo. Con la única salvedad de que, si las violaciones alegadas afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, por excepción será procedente el juicio de amparo sin tener que esperar al dictado de la interlocutoria. En el caso que ocupa la atención, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses moratorios y ejecución de sentencia, sino que sólo se trata de determinaciones intermedias dictadas dentro del procedimiento de tal incidencia, es decir, no constituye la última determinación en dicho incidente, ello en virtud de que en el aludido juicio no se ha dictado la resolución interlocutoria respectiva. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate o de la ejecución de la sentencia. Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentran ubicados en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis de la demanda de amparo, se advierte que precisamente el auto en el que, con "un escrito y anexos", dio vista a la parte demandada, aquí quejosa, sin que del sello de la admisión de la referida promoción se advierta que contenga anexos, constituye un acto emitido en el procedimiento del incidente de actualización de liquidación de intereses moratorios y ejecución de sentencia vinculado con la sentencia definitiva al adquirir la calidad de cosa juzgada que solo afecta derechos procesales. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Por tanto, como en la especie la determinación reclamada solo es un acto en el trámite del incidente multireferido, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la interlocutoria en la que se resuelva la incidencia, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizarse el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los que en el caso se alegan. Al respecto es de invocar la Jurisprudencia 1a./J. 19/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente texto y rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación.". También es aplicable al caso, la tesis IV.2o.C.53, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2372, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado.". Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, ambos de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 a Juan Carlos de la Cruz Bernal y Josué Flavio Chávez Rojas, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Missael Ortiz Gómez, por así haberlo solicitado. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que en la medida de lo posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos disponibles, para permitir la tramitación del presente asunto, bajo el esquema de "juicio en línea". Asimismo, con apoyo en el artículo 1°, fracción XIV del referido acuerdo general, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. VIII. Notificaciones personales. En cuanto a las notificaciones que se tengan que realizar de manera personal durante la tramitación del presente asunto, en términos del artículo 6, párrafo segundo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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