José de Jesús Alaín Feregrino Vega

Expediente 1203/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1203/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Alaín Feregrino Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda presentada por J****************************, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro y del Secretario de Inspección de Seguridad Pública Municipal en el Municipio de Ezequiel Montes Querétaro, Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1203/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. No ha lugar a tramitar suspensión como de plano. Visto el ocurso de cuenta, dígase al promovente que no ha lugar a decretar de plano la suspensión del acto reclamado, en tanto no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Al respecto, el precepto legal indicado, a la letra, establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De lo antes reproducido se obtiene que, el órgano jurisdiccional debe decretar de plano la suspensión del acto reclamado, cuando: i. Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. ii. Se trate alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. iii. Se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Luego, según se advierte del análisis de la demanda de amparo, en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en:[...] Atento a ello, se tiene que el acto de autoridad reclamado, analizado conforme a los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y que sirven de preámbulo para fijar un criterio preliminar del asunto, en cuanto a la posible urgencia de cada caso en particular, se observa que, en el caso concreto, no se colman las hipótesis para calificar al acto y sus efectos como de los previstos en el artículo 22 Constitucional ni 15 de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que no se actualizan tales hipótesis en el presente asunto, dado que no existe constancia de que, con motivo del acto reclamado, la parte quejosa se encuentre en peligro de privación de su libertad personal, ni está incomunicada, no se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni mucho menos se alegan violaciones a derechos agrarios. Por tanto, al no encontrarse en los supuestos e hipótesis para tramitar la suspensión como de plano por no tratarse de un caso urgente, lo precedente es proveer, en su caso, cuaderno separado sobre la suspensión de los mismos, una vez colmados los presupuestos procesales. V. Hecho notario. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que en el índice de este Juzgado, se encuentra el juicio de amparo ***************, promovido por *******************, el cual se desechó mediante auto de once de septiembre de dos mil veintitrés. Documentales que constituyen un hecho notorio para este Juzgador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." VI. Desechamiento. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia prevista en la porción normativa anteriormente trascrita, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la fracción de referencia se desprende que para que opere la causal de improcedencia en comento, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, y contra las mismas autoridades responsables, y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, o bien que esté pendiente de causar ejecutoria. Precisado lo anterior, conviene precisar que como se advierte de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en específico el juicio de amparo ********** del índice de este Juzgado, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, ************, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, misma que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional. La cual quedó registrada en el índice de este juzgado bajo el número **************, ordenándose su desechamiento, el once de septiembre de dos mil veintitrés, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados constituían actos futuros e inciertos. Por otra parte, se tiene que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, *******************, promovió el presente juicio de amparo que también, tocó a este Juzgado de Distrito su conocimiento, en el que se señaló el mismo acto y las mismas autoridades responsables que en el referido amparo. Asimismo, se advierte que los hechos narrados que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son los mismos, en razón a que en ambas demandas refiere lo siguiente: [...] Es decir, en ambas demandas de amparo el acto reclamado es el posible desposesión de los vehículos que refiere son de su propiedad, máxime que del escrito de aclaración del juicio de amparo *******/2023, en relación a la desposesión de los dos vehículos que refiere en demanda de amparo precisó lo siguiente: [...] En consecuencia, de los hechos narrados se advierte que José de Jesús Alain Feregrino Vega, promovió dos juicios de amparo, el cinco y dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en contra del mismo acto y autoridades responsables; esto es: la posible desposesión de los vehículos de su propiedad. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, del mes de abril de dos mil, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con igual idea se invoca la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página doscientos veintisiete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Del mismo modo, se cita el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004, aparece publicado en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el precitado juicio de amparo, cuya demanda fue desechada el once de septiembre del presente año, promovió el aludido quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado contemplado en la demanda que se provee, a saber:[...] Por lo que, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. [...] Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis.[...] No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que existen diversas irregularidades dentro de la demanda de amparo, de las cuales se podrían subsanar previniendo a la parte quejosa, sin embargo, como ya se dijo, la parte quejosa promovió la misma demanda en contra de los mismos actos y autoridades, manifestando bajo protesta de decir verdad los mismos antecedentes y los mismos conceptos de violación descritos en el juicio de amparo ****** en la que se previno a la parte quejosa, la cual desahogó la prevención y aclaró dichas irregularidades, por lo que, en vez de prevenir al promovente para que la subsane, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia en estricto acatamiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procedió a dictar la presente determinación. VII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VIII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. IX. Domicilio. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio procesal el ubicado en *****. X. Autorizados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no ha lugar a tener como representantes legales a las personas que menciona, en virtud de no allegar documento alguno con el cual se acrediten sus facultades de representación; no obstante, se tiene como su autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Pérez García, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral, a las diversas personas que menciona, por no acreditar ser licenciadas en derecho. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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