José de Haro Orta
Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Haro Orta
- Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de San Felipe, Guanajuato
- José de Haro Orta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
SE ATIENDE SOLICITUD DE TRIBUNAL COLEGIADO. Glósese el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito, y como lo solicita, se ordena a los actuarios judiciales de la adscripción que notifiquen al quejoso José de Jesús Haro Orta, mediante publicación por lista en los estrados de este juzgado, el proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, contenido en el oficio 2875/2021, dictado dentro del amparo directo 102/2021, hecho lo cual, de inmediato envíense las constancias que así lo acrediten vía interconexión. NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO JOSÉ DE JESÚS HARO ORTA, DEL AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR EL PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, CON SEDE EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. Se da cumplimiento a requerimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio con el que se remite el original de la demanda interpuesta por en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de junio del año en curso. Se acepta competencia y se desecha la demanda. Previo a determinar el cauce legal del presente asunto, se acepta la competencia planteada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para conocer de la demanda promovida por contra la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de Oralidad Penal de San Felipe, Guanajuato, dentro de la causa penal. Ahora, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Amparo, una vez recibido debidamente integrado el juicio de amparo, el suscrito debe resolver si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Oralidad Penal de San Felipe, Guanajuato, dentro de la causa penal. Ahora bien, los artículos 61, fracción XVIII y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Del análisis de las disposiciones normativas transcritas se desprende que si la ley prevé algún recurso con el que se pueda modificar, revocar o nulificar, en el caso en concreto, la sentencia definitiva, debe ser interpuesto, previo a que se promueva el juicio de amparo, atento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, de lo contrario el juicio de amparo es improcedente. Ahora, en el caso, como se dijo en párrafos precedentes, la resolución que constituye el acto reclamado es la sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez de Oralidad Penal de San Felipe, Guanajuato, dentro de la causa penal por tanto, en materia de recursos al respecto resulta aplicable lo previsto en el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (legislación bajo la cual se siguió el proceso penal de origen) el cual establece: "Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso." De acuerdo a lo anterior, contra la sentencia definitiva dictada en el proceso penal por el tribunal de enjuiciamiento procede el recurso de apelación. En esa virtud, es inconcuso que al existir un medio ordinario de defensa, mediante el cual la sentencia señalada como acto reclamado puede ser revocada, modificada o confirmada, se actualiza la causa de improcedencia que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa tiene la obligación de agotar en tiempo el medio de impugnación a su alcance con el objeto de dar cumplimiento al principio de definitividad que se exige para la procedencia del amparo y, en todo caso, promover el juicio de amparo contra la resolución que se emite en el medio de impugnación respectivo. En este sentido, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), restringe la procedencia del amparo al atribuirle al juicio constitucional el carácter de un medio extraordinario de defensa, al que no se debe acudir por regla general sino cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios ordinarios de defensa sin éxito. Lo anterior sin que se inadvierta que la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo, establece diversos casos de excepción en los que se puede promover el amparo sin interponer los recursos que establece la ley ordinaria, pues en el caso, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis que enmarca dicho dispositivo. Consecuentemente, si el acto reclamado no constituye una resolución definitiva de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII, y 62 de la Ley de amparo, lo procedente es desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por José de Haro Orta. No pasa inadvertido que el párrafo segundo del precepto 64 de la Ley de Amparo, establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Empero, en el presente caso no es aplicable esa porción normativa en razón de que el artículo 179 de la Ley de Amparo, dispone que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que implica la facultad para desechar la demanda sin esa vista. En tales condiciones, y como ya se dijo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por en términos del artículo 179 de la Ley Reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, dado que se advierte que el quejoso en su escrito de agravios señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del juzgado en turno; asimismo, que del oficio por el que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, declinó competencia y remitió las constancias al tribunal colegiado en turno, se advierte que proveyó lo conducente a la notificación del citado quejoso a través de los estrados del juzgado de su adscripción; por tanto, a fin de garantizar que el señalado quejoso tenga conocimiento del contenido de este proveído, gírese oficio a dicho Juzgado, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Colegiado, se encomiende al Actuario de su adscripción para que le notifique el presente auto, mediante la publicación del mismo en los estrados de ese órgano jurisdiccional y hecho ello, remita la razón de notificación respectiva a este Tribunal, lo anterior, tomando en cuenta que no es factible realizar motu proprio, y de manera directa dicha diligencia por tratarse de un estrado del Juzgado en cuestión.
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