José David Sánchez Bautista y Otros.
Expediente 203/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José David Sánchez Bautista y Otros.
- Juez Calificador del Primer turno adscrito al Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.
- José David Sánchez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ************************************ valer el recurso de queja, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de abril del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. En consecuencia, se dejan sin efecto las providencias decretadas en proveído inicial de cuatro de marzo del año en curso, por lo que se refiere al quejoso ******************************. Publicación datos personales. Aunque la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo. Por otra parte, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Toda vez que en acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados; transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase del conocimiento a las autoridades responsables la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a lasa autoridad responsables."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio de cuenta, por el que la Agente del Ministerio Público encargada de la Unidad Especial de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, residente en este Municipio, solicita información relacionada con este juicio de amparo y copia certificada del mismo. En ese sentido, en atención a los motivos expuestos por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su artículo 2, remítasele copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, a fin de que obtenga la información que necesite. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Intégrese el oficio de cuenta, por medio del cual, la Juez Calificadora Municipal en turno, del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite diversas constancias derivadas de la detención y liberación del quejoso ***************; mismas que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón a su propia naturaleza. 2. Estado de autos. Ahora bien, del estado de autos y de las constancias que obran en este juicio de amparo, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se aprecia en lo que interesa, siguiente: a) Mediante comparecencia de cuatro de marzo de dos mil veintitrés, en lo que interesa, ******** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directo agraviado ***************, contra actos del Juez Calificador en turno adscrito al Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que hizo consistir en: Privación Ilegal de la libertad; Malos tratos; y, Tortura e incomunicación. b) En diligencia de notificación personal de cuatro de marzo del año en curso, la parte ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre, por lo que, mediante acuerdo de veinticuatro de marzo pasado, se tuvo por ratificada la demanda de amparo promovida en su nombre. Asimismo, en la referida diligencia de cuatro del mes pasado, la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, hizo constar el buen estado físico del referido impetrante sin ninguna marca de violencia visible. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, Materia(s): Común, con registro digital 221353, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el caso, respecto del acto reclamado consistente en "privación ilegal de la libertad", se advierte se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye los efectos del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa reclama la privación de la libertad como consecuencia de la orden de arresto emitida en su contra por haber incurrido en falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad y su ejecución. Ahora, de las constancias que obran en autos, permite apreciar que el cuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Calificador Municipal encargado del primer turno, giró boleta de libertad al Comandante en turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, a favor del aquí quejoso *****************, a fin de que se le dejara en inmediata libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano decretado en este asunto. En este contexto, resulta evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo motivo del juicio que nos ocupa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; tomando en cuenta que el cuatro de marzo pasado fue puesto en libertad. Lo que resulta suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, registro digital: 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo respecto del aludido acto reclamado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por otra parte, respecto de los diversos actos reclamados, consistentes en "malos tratos y tortura e incomunicación", se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63 fracción IV de la Ley de Amparo, que prevén, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Dicha causal se actualiza, pues de la diligencia de cuatro de marzo del año en curso, realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado, se hizo constar el estado físico del citado impetrante en los términos siguientes: "observo el directo quejoso en buen estado físico sin ninguna marza de violencia visible". Además, del certificado médico de tres de marzo del año en curso, emitido por el doctor *******************, adscrito a la Regiduría de Salud y Asistencia Social de Santa Lucía del Camino, no se asentó ninguna evidencia de lesiones a la exploración física de la parte quejosa. Cabe precisar que respecto al vocablo tortura, el diccionario de la Real Academia Española lo define de la forma siguiente: "Grave dolor físico o psicológico infringido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo." Por otra parte, el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece: "Artículo 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo". Asimismo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establecen, respectivamente, lo siguiente: Convención Contra la Tortura y otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. "Artículo 1 1. A los efectos de la Presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiscencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance." Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Artículo 2 Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), determinó que la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, o uso de violencia física o moral en contra de una persona. De lo anterior se advierte que en el acto de tortura subyace una intención de la autoridad con miras a obtener en forma indebida una conducta positiva o negativa, o bien una omisión del gobernado, que puede resultar atentatoria de sus derechos. Por tanto, debe entenderse que todo acto de autoridad dirigido con la intención de ocasionar un dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Pese a ello, en autos no obra constancia alguna de la se pueda inferir de manera objetiva que el quejoso haya recibido por parte de las responsables algún acto de esa naturaleza, ni aun de manera presuntiva, es decir, no se aprecia la existencia de actos de tortura ni malos tratos, perpetrados en perjuicio del impetrante de amparo. De ahí que, no se puede sostener que existieron en contra del quejoso actos de tortura ni malos tratos. Asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en incomunicación, que, según el promovente fue víctima el aquí quejoso desde el momento de su detención, es necesario precisar lo siguiente: La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a una persona, para hablar o comunicarse con otra; pero, en el caso, de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no estuvo incomunicado, ya que su privación de la libertad fue con motivo de la orden de arresto emitida en su contra por haber incurrido en falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad. Y en la diligencia de cuatro de marzo en curso, la actuaria adscrita a este Juzgado hizo constar que se hizo presente en los separos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, lugar en que se encontraba el quejoso, quien ratificó la demanda que se promovió a su favor. Además, como ya quedó precisado anteriormente, de las constancias que obran en autos, permite apreciar que el cuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Calificador Municipal encargado del primer turno, giró boleta de libertad al Comandante en turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, a favor del aquí quejoso José David Sánchez Bautista, a fin de que se le dejara en inmediata libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano decretado en este asunto. De ahí que se advierta que la incomunicación del quejoso también es inexistente. Se invocan en apoyo las tesis de rubros y textos siguientes: INCOMUNICACION DEL REO. La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con tercera persona. INCOMUNICACION DEL REO. No obstante que los testigos hayan manifestado que no se les había permitido hablar con el reo, ello no demuestra en lo absoluto que éste estuviese incomunicado, pues no a todas las personas se permite la comunicación con los reos. Por tanto, atendiendo a la etapa procesal de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por lo que respecta a esos actos, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Notifíquese por lista electrónica; y vía electrónica al quejoso *************."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Del estado de autos, se advierte que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no ha cumplido con el requerimiento efectuado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, no obstante su legal notificación de dicho acuerdo (veintiocho de marzo pasado), así como del diverso de treinta y uno del mes y año citados, por el que se le precisó la información solicitada en autos. En consecuencia, a fin de estar en condiciones de hacer efectivos los apercibimientos decretados; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, REQUIÉRASE al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que en plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos este acuerdo, proporcione en sobre cerrado a este órgano jurisdiccional, los datos identificables (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, registro federal de contribuyentes con homoclave [RFC] y clave única de registro de población [CURP]) del Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y Jueces Calificadores del Primer y Segundo turno, adscritos al Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Se le apercibe, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá diversa multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia. Con independencia de lo anterior y en aras de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a los Jueces Calificadores del Primer y Segundo turno, adscritos al Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de su legal notificación, informen en relación al cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano que se concedió al quejoso ********************; debiendo remitir copia certificada de la todas las constancias derivadas de su detención y posterior libertad. Hágase saber a dicha autoridades, que de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, con independencia de la responsabilidad en que incurran en términos del párrafo que antecede, se les apercibe que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), equivalente a cien Unidades de Medida de Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica."
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