Jose David Ruíz Martínez

Expediente 1174/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1174/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Jose David Ruíz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente. (VI)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de dos de octubre dos mil dieciocho....Agréguese a los autos el escrito de demanda electrónica firmada por José David Ruiz Martínez, contra actos reclamados al Juez Tercero de lo Mercantil del Estado y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo número 1174/2018-VI. - Desechamiento de demanda - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Acuerdo emitido el día 4 de septiembre dentro de expediente 3890/2018 del juzgado tercero mercantil en el estado." Manifestaciones que constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Ahora bien, en estos momentos se destacan como hecho notorio el diverso juicio de amparo 1173/2018-VI del índice de este juzgado, promovido por José David Ruiz Martínez, en términos de la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Sin que sea necesario certificar las constancias precisadas, pues basta tenerlas a la vista al dictar este acuerdo. Orienta lo anterior, la tesis 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, del tomo XXV, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el epígrafe y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías relativa al juicio de amparo en que se actúa y de las constancias que integran el diverso 1173/2018-VI, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;(.)" Del precepto legal antes citado, es evidente que cuando se promueve un juicio contra un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia por litispendencia. Así pues, dicha causal encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis VII.P. 83 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página 260, de la Octava Época, con registro electrónico 209531, cuyo rubro y texto señala: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Así, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: 1. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. 2. Que el otro amparo se encuentre en trámite. 3. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuraron como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. 4. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de garantías sean idénticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice 2000, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En ese tenor, del escrito de demanda que da origen al presente expediente, es promovido por José David Ruiz Martínez, asimismo se advierte que el quejoso reclama, el acuerdo dictado el cuatro de septiembre dentro de expediente 3890/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Estado. En cuanto a las autoridades responsables señaló al Juez Tercero de lo Mercantil del Estado, al Director y a la propia Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado. Por otro lado, en el diverso juicio de amparo 1173/2018-VI del índice de este órgano jurisdiccional, el aquí quejoso también señaló como acto reclamado, el acuerdo dictado el cuatro de septiembre dentro de expediente 3890/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Estado. Asimismo, el accionante del amparo, señaló a las mismas autoridades responsables al Juez Tercero de lo Mercantil del Estado, al Director y a la propia Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado. De las precisiones realizadas, resulta palmario que en ambos juicios de amparo existe identidad de quejoso, autoridades responsables y acto reclamado. Se destaca que en el diverso juicio de garantías 1173/2018-VI del índice de este órgano jurisdiccional, en la fecha en que se actúa, se previno al quejoso para que subsane diversas irregularidades contenidas en su escrito de demanda, por lo que resulta evidente que a la presente data no ha sido resuelto; por tanto, este juzgado de distrito estima que en el caso se actualiza la figura jurídica de litispendencia. En ese orden, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el mismo que en el diverso 1173/2018-VI, y señaló a las mismas autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, precisamente por el hecho de haberse reclamado en dos juicios el mismo acto, por el mismo impetrante, a las mismas autoridades responsables, y encontrarse uno en trámite. Así al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José David Ruiz Martínez, contra actos de la Juez Tercero de lo Mercantil del Estado, al Director y a la propia Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".(VI)

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