Jose David Palomera Lamarque

Expediente 777/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
777/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Jose David Palomera Lamarque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de febrero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del conflicto competencial 3/2022, la cual se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO.- Existe conflicto competencial, entre el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, y el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Mazatlán. SEGUNDO.- Se declara legalmente competente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por José David Palomera Lamarque". Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 450/2021-V-1, de su registro y manifiesta que no acepta la competencia planteada por este tribunal federal, por los motivos que en el mismo expone. Cuestión que este juzgado no comparte, pues se insiste en considerar que corresponde al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, conocer de este juicio 777/2021, en virtud de que los actos reclamados consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS DEL JUEZ DE DISTRITO EN MENCION (sic) RECLAMO LA OMICION (sic) Y LA FALTA DE MOTIVACION (sic) YA QUE NO SE ESTA APLICANDO LA IMPARTICION (sic) DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y EXPEDITA E IMPARCIAL YA QUE EXITE (sic) UNA DILACION (sic) PROCESAL DENTRO DE LA CAUSA PENAL QUE SE ME INSTRUYE POR EL DELITO DE SECUESTRO YA QUE EN FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019 YA DEBIERON DE ABER (sic) PRECENTADO (sic) A HAGARRAR (sic) Y POTESTAR (sic) EL CARGO EN RAZON (sic) DE QUE YA ESTABAN MENCIONADOS PARA LLEBAR (sic) ACAVO (sic) EL PERITAGE (sic) DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL. EL CUAL ASTA LA FECHA ACTUAL NO SE ME AN (sic) REALIZADO SIENDO ESTA LA ULTIMA PRUEBA OR (sic) DESAHOGAR" Se afirma lo anterior, ya que el artículo 37 de la Ley de Amparo, literalmente dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del artículo transcrito, se desprende la existencia de tres reglas de resolución para la solución de conflictos de competencia entre jueces de Distrito para definir el conocimiento de asuntos de amparo; a saber: La primera, referente al lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; caso en el cual, será juez competente el que tenga jurisdicción en dicho lugar. La segunda, respecto de los actos que pueden tener ejecución en más de un distrito o que han comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; siendo competente el juez ante el que se presente la demanda; y La tercera, en relación con los actos que no requieren ejecución material; en cuyo caso, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la primera y la segunda, se dirigen a los actos reclamados en amparo que tienen inmediata ejecución material; mientras que la tercera se refiere a los actos reclamados que carecen de inmediata ejecución material. Sobre estas bases, debe determinarse la naturaleza de los actos reclamados, es decir, si estos tienen ejecución material o no, para así poder establecer qué juez es el competente para conocer de la demanda de amparo. En el caso, es posible concluir que el acto reclamado sí tiene ejecución material, porque su emisión produce un cambio en la realidad o puede modificar un estado de cosas existente. En efecto, pues dicho acto concierne a la dilación procesal dentro de la causa penal 798/2017 instruida en contra del quejoso José David Palomera Lamarque por el delito de Secuestro. En tal virtud, la regla para definir la competencia debe regirse por el primero de los criterios de resolución antes señalados; y conforme a dicha regla, será competente el juez Federal que tenga jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, se insiste que dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, requieren de ejecución material, pues sus efectos se traducen en que se le dé seguimiento a la causa penal de referencia, por lo que es claro que sus efectos se traducen al procedimiento y se materializan en el lugar donde éste se tramita. Así, a fin de establecer con precisión el principio de ejecución que se atribuye a los actos reclamados, conviene precisar, a manera de orientación, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los efectos de un auto de formal prisión tienen ejecución material, de ahí que algunos implican: 1) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva. 2) Dejar al ahora procesado a disposición del juez de primera instancia. Luego, tales efectos necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, ello aun cuando el quejoso se encuentre recluido en otra jurisdicción, por lo que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido en contra de un acto que incide en el procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Consideraciones sustentadas en jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), con número de registro 160608, localizable en la página dos mil ciento ochenta y tres, libro III, Diciembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Sin que sea obstáculo para atribuir el principio de ejecución a los actos reclamados, el que no se reclame en la demanda de amparo en estudio, el auto de formal prisión, en tanto que como se advierte de la misma el acto reclamado esencialmente es la dilación procesal ocurrida en la causa penal número 798/2017, que se instruye en contra del quejoso ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; dicho acto se traduce en la permanencia del quejoso en el Centro de Reinserción Social en el que se encuentra recluido y por ende, es un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; pues tales actos son con motivo o derivan de la ejecución material del auto de bien preso dictado en el proceso penal de origen 798/2017, del índice del mencionado órgano jurisdiccional. De modo tal que, los actos reclamados por el quejoso, al contar con un principio de ejecución, y se insiste, estos efectos se trasladan directamente al proceso penal de origen. En consecuencia, es que este juzgador insiste que la ejecución material de dichos actos, será en el lugar de residencia del juez que conoce del proceso penal, y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo contra dichos actos se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de instancia que conoce del proceso penal, en el caso corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán en turno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el caso, debe privilegiarse la justicia expedita que se logra si la competencia del juicio de amparo recae en el juzgador de amparo con sede en el mismo lugar donde se substancia el procedimiento de donde derivan los actos, porque esa cercanía favorece la pronta solución del juicio de amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia de que se trata, por las razones expuestas en el proveído de veintinueve de junio actual y en el presente proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, al tratarse de una cuestión de competencia planteada entre jueces de distrito de la misma jurisdicción, remítanse los presentes autos, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para que determine lo que en derecho proceda respecto del conflicto que se ha suscitado para conocer de este juicio entre este tribunal federal y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, solicitando a su llegada el acuse de recibo correspondiente. Hágase saber esta determinación al citado juez de distrito, a efecto de que manifieste al tribunal de alzada lo que estime pertinente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de febrero de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese el escrito signado por José David Palomera Lamarque, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guardan el presente juicio de amparo. Acuerdo. En tales condiciones, se hace del conocimiento al promovente, que en nueve de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en esta ciudad, por declarado inexistente el conflicto competencial planteado en proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno por éste órgano jurisdiccional, por lo que en ese mismo auto se ordenó remitir nuevamente los autos al Juez Octavo de Distrito en Sinaloa con sede en Mazatlán, con el fin de que informe si acepta o no conocer del presente juicio, por lo que a la fecha, éste Juzgado Federal se encuentra en espera de dicha determinación. Ahora bien respecto a sus demás peticiones, dígasele al promovente que una vez que el Juzgado Homólogo informe sobre su determinación, se acordará lo conducente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio del conflicto competencial 7/2021, así como los autos originales del presente expediente; asimismo, el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Se declara inexistente el presente conflicto competencial" Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo del conflicto respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de la determinación de la superioridad se advierte que consideró inexistente el conflicto competencial en tanto que las constancias remitidas respecto del auto por medio del cual no se aceptó la competencia declinada y el auto en que se insiste en la misma, carecen de firma de los juzgadores contendientes y de los secretarios respectivos. En efecto, la susperioridad destacó la existencia del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que éste órgano jurisdiccional se declaró incompetente bajo la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, en razón del lugar en que se deba ejecutar, se trata de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Mazatlán en turno; así como que el mencionado acuerdo se encuentra firmado electrónicamente tanto por este juzgador como por el secretario que autoriza y da fe, como se advierte en las constancias criptográficas que obran en autos. Asimismo, advirtió la existencia del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 450/2021-V-1, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, por el que manifestó no aceptar la competencia declinada por los motivo que expuso; así como que el mismo no se encuentra firmado electrónicamente por el juez de distrito ni por el secretario que autoriza y da fe, pues las constancias criptográficas que obran en el expediente se refieren a una firma electrónica de catorce de julio del mencionado año. Por otro lado, la superiordad advirtió la existencia del auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, por el cual éste Juzgador Federal, al recibir el oficio que le remitió el Juez homólogo, insistió en considerar que no es competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa y ordenó remitir los autos originales al Tribunal superior competente para la resolución del conflicto competencial que se generó; proveído que la superioridad advirtió no se encuentra firmado autógrafamente por este juzgador ni por el secretario, amén que tampoco existe constancia criptográfica en las constancias remitidas de que se hubiere firmado electrónicamente. En ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, consideró innecesario analizar las razones y fundamentos que expresaron los jueces contedientes, en virtud de resultar inexistente el conflicto competencial, toda vez que las determinaciones donde no se aceptó la competencia declinada y aquella en que se insistió en la misma no se encontraban debidamente firmadas. En ese sentido, ante las consideraciones de la superioridad, debe considerarse que subsiste la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que este juzgador declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José David Palomera Lamarque, y declinó la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en turno, jurisdicción en que se instruye el proceso penal contra el quejoso. En tales condiciones, en atención a lo determinado por la superioridad, remitase el presente asunto al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, a fin de que informe a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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