José David Mora Domínguez

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • José David Mora Domínguez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a JOSÉ DAVID MORA DOMÍNGUEZ, para los efectos siguientes: ".La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 230/2022 de su índice, en la que en el considerando único reprobó la planilla de intereses moratorios presentada por la parte actora y en el resolutivo primero la aprobó en términos del mismo considerando. Hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, dicte una nueva determinación, de conformidad con los lineamientos fijados en la presente sentencia en relación con la planilla de intereses moratorios, y proceda a regular, de oficio, la cantidad exhibida en la planilla del actor, con base a los demás datos que obran agregados en el expediente de origen." Posteriormente, en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así toda vez que obra en autos el oficio 482, signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente 230/2020-VI de la cual se aprecia que el Juez responsable ordenó dejar sin efectos la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la cual resulto incongruente de forma interna, puesto que en su considerando único, la autoridad responsable dice no aprobar la planilla de liquidación exhibida y en el resolutivo primero de la misma, refiere se aprueba la planilla de liquidación formulada. En ese mismo sentido procedió a resolver la planilla de intereses moratorios presentada por el apoderado legal de la parte quejosa, tal y como se condenó en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictada en el juicio de origen, es decir al pago de intereses del (10%) diez por ciento mensuales sobre las rentas no pagadas en el tiempo y forma convenida. Asimismo, destacó que la cuantificación realizada por la parte actora resultó incorrecta respecto a los intereses moratorios a razón del 10% mensual de las rentas no cubiertas relativas al periodo de abril de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno. Igualmente, puntualizó que la plantilla presentada no corresponde a la sentencia pronunciada en autos por lo que respecta a los intereses moratorios de la renta mensual no cubierta, determinando no aprobar dicha plantilla. En ese orden de ideas, en uso de la facultad que le confiere el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, decretó la cantidad que estimó justa, misma que en ningún caso debe ser mayor a la cantidad equivalente al cincuenta por ciento de aquella que haya sido presentada; por lo que procedió a regular la plantilla bajo el siguiente calculo: Interés moratorio del 10% de la renta mensual de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) cuyo resultado es $500.00 (quinientos pesos 0/100 moneda nacional). Lo anterior multiplicado por el periodo de tiempo transcurrido (24 meses) dando la cantidad adeudada por concepto de intereses moratorios de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional) por el periodo de abril de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno. En las relatadas consideraciones, desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo, se llevaron a cabo con lo resuelto por el Juez responsable mediante resolución de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que ordenó dejar sin efectos la resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 230/2022 de su índice, y procedió a resolver de nueva cuenta la planilla de intereses moratorios, regulando de oficio la cantidad exhibida en la planilla del actor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Lo que se notifica en esta fecha y por este conducto a la parte tercero interesada: Guillermo Rizo Rasso y Gloria Enriqueta Reyes Hernández, por así estar ordenado en autos.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez de Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, en atención a que remite constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio de cuenta y anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. En atención a las certificaciones que anteceden, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2o. de dicha ley, se declara que la sentencia autorizada de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: ".La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 230/2022 de su índice, en la que en el considerando único reprobó la planilla de intereses moratorios presentada por la parte actora y en el resolutivo primero la aprobó en términos del mismo considerando. Hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, dicte una nueva determinación, de conformidad con los lineamientos fijados en la presente sentencia en relación con la planilla de intereses moratorios, y proceda a regular, de oficio, la cantidad exhibida en la planilla del actor, con base a los demás datos que obran agregados en el expediente de origen." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, devuélvase las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz; consistentes en las copias certificadas del ******************** de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    III. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado, éste último como se encuentra ordenado mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso, la sentencia engrosada el veintinueve del mes y año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 903/2022, promovido por JOSÉ DAVID MORA DOMÍNGUEZ. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 3). SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; llevar a cabo el emplazamiento al tercero interesado, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 4-13). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 19-20) las constancias de notificación respecto del emplazamiento a los terceros interesados Gloria Enriqueta Reyes Hernández y Guillermo Riza Rasso (fojas 14-17) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución (fojas 25-26) y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que aun cuando se trata de un acto que emana de un procedimiento jurisdiccional, la parte quejosa reclama la trasgresión directa a un precepto constitucional por parte de una autoridad jurisdiccional, en el caso el que prevé el derecho de acceso a la pronta y efectiva impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. De la lectura integral de la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable es: "La resolución de veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, por medio del cual no se aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios, en autos del juicio ordinario civil 230/2020-VI, del índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz." Así pues, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 19); lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe (un tomo de prueba) pues de éstas se advierte la existencia del acto reclamado (fojas 156-157 del mismo). A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de un documento público expedido por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En la especie, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que el Juez responsable allegó con su informe justificado, consistentes en las constancias del juicio ordinario civil 230/2010-VI, promovido por José David Mora Domínguez y Angélica Solano García, el primero en su calidad de propietario y el segundo como administradora, en contra de Guillermo Rizo Rasso y Gloria Enriqueta Reyes Hernández, sobre la terminación del contrato de arrendamiento y demás prestaciones, asunto que fue radicado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, el diecinueve de febrero de dos mil veinte (fojas 1-31) se observa lo siguiente: 1. En dicho asunto se dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, cuyos resolutivos en lo que interesa dicen: ".SEGUNDO. Se declara la terminación del contraro de arrendamiento celebrado entre los actores José David Mora Domínguez y Angélica Solano García, en su carácter de arrendadores, Guillermo Rizo Rasso en su carácter de fiadora Gloria Enriqueta Reyes Hernández de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve. Como consecuencia se condena al demandado Guillermo Rizo Rasso a la desocupación y entrega del inmueble objeto del arrendamiento que lo es el departamento marcado con el número cinco ubicado en el edificio con número de lote catorce, número oficial cincuenta y nueve de la calle Limonaria del fraccionamiento Jardines de Virginia municipio de Boca del Río, Veracruz, dándole para ello, un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia. TERCERO. Se condena a los demandados Guillermo Rizo Rasso y Gloria Enriqueta Reyes Hernández a pagar las rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de abril a diciembre del dos mil diecinueve, enero y febrero de dos mil veinte, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, que hacen un total de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); Se condena a los demandados al pago de las rentas vencidas y por vencerse a partir del primero de marzo de dos mil veinte hasta la total desocupación y entrega del inmueble arrendado, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales; se condena a los demandados al pego de interés del diez por ciento mensual sobre las rentas no pagadas en el tiempo y forma convenida, tal y como pactaron en la cláusula primera del contrato de arrendamiento; se condena a los demandados a hacer entrega a los actores de los finiquitos de los servicios de energía eléctrica, agua potable y teléfono, tal y como se comprometieron en la cláusula décima tercera del convenio; asimismo se le condena al pago de la cantidad de cinco mil pesos 00/100 m.n, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del contrato de arrendamiento ya que el artículo 1776 del Código Civil para el Estado de Veracruz, dispone que la cláusula penal no puede exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal, por lo anterior únicamente se condena al pago de un mes de renta por concepto de pena convencional por única ocasión, en ejecución de sentencia. CUARTO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 100 y 104 del Código de Procedimientos Civiles, y dada la forma de resolver son a cargo de la parte demandada el pago de gastos y costas del juicio por no obtener sentencia favorable." (fojas 102-106). 2. En auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el juez de Primera Instancia declaró que causó estado la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, quedando firme para todos los efectos legales (foja 151). 3. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al abogado de la parte actora, formulando planilla de liquidación de rentas vencidas (foja 133-134). 4. En resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la juez responsable aprobó la planilla de liquidación formulada por la actora por la cantidad de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100) m.n. por concepto de rentas vencidas del uno de marzo de dos mil veinte al veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 134) 5. Mediante escrito agregado a los autos del juicio el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la actora promovió planilla de liquidación de intereses moratorios (fojas 147). 6. A lo que en resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la juez no aprobó la planilla de liquidación formulada por la parte actora (fojas 149-150). 8. En auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, agregó a los autos del juicio el escrito presentado por el abogado patrono de la parte actora del juicio en el que lo tuvo formulando planilla de liquidación (foja 181-183). 7. En resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el considerando único refirió: "UNICO. Para un mejor entendimiento de lo que ha de resolverse a continuación, es importante tomar en consideración que mediante sentencia ejecutoria pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se condenó a los demandados Guillermo Rizo Rasso en su carácter de fiadora Gloria Enriqueta Reyes Hernández, a pagar las rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de abril a diciembre de dos mil diecinueve, enero y febrero de dos mil veinte, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, que hacen un total de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); Se condena a los demandados al pago de las rentas vencidas y por vencerse a partir del primero de marzo de dos mil veinte hasta la total desocupación y entrega del inmueble arrendado, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales; Se condena a los demandados al pago de interés del diez por ciento mensual sobre las rentas no pagadas en el tiempo y forma convenida, tal y como pactaron en la cláusula primera del contrato de arrendamiento; Se condena a los demandados a hacer entrega a los actores de los finiquitos de los servicios de energía eléctrica, agua potable y teléfono, tal y como se comprometieron en la cláusula décima tercera del convenio; asimismo se le condena al pago de la cantidad de cinco mil pesos 00/100 m.n, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del contrato de arrendamiento ya que el artículo 1776 del Código Civil para el Estado de Veracruz, dispone que la cláusula penal no puede exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal, por lo anterior únicamente se condena al pago de un mes de renta por concepto de pena convencional por única ocasión, en ejecución de sentencia. Partiendo de las consideraciones antes expuestas y una vez, analizada la planilla de estudio, la Juzgado estima que no se debe aprobarse, toda vez que el promovente realiza el cálculo de los intereses moratorios de manera diaria, lo que se estima incorrecto, ya que mediante sentencia dictada en autos, se estableció que los intereses moratorios se deberían cuantificar manera mensual, toda vez, que así, fue pactado en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, en la cláusula primera, razón por el cual la cuantificación es incorrecta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 361 del Código de Procedimientos, no se aprueba la plantilla de liquidación de intereses moratorios exhibida por la parte actora, dejándose a salvo sus derechos para que formule una nueva planilla con la cuantificación correcta. Resuelve: PRIMERO. Se (sic) aprueba la planilla de liquidación formulada por la parte actora, mediante escrito signado el veintidós de agosto del año en curso, por concepto de interese moratorios, en atención a las razones jurídicas expuestas en el considerando único de la presente resolución." (fojas 156-157). Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resulta inoperante el concepto de violación esgrimido por el aquí quejoso consistente en la negativa a aprobar la planilla de liquidación de intereses en los autos del expediente 230/2020-VI por parte de la Juez responsable, en la que se abstuvo de resolver, debiendo regularla. A lo que se considera inoperante tal motivo de inconformidad, ya que con la manifestación expresada por el quejoso a manera de concepto de violación, es omiso en atacar o controvertir las consideraciones en las que se sostiene la resolución reclamada de la responsable, en su parte relativa a la negativa de aprobar el monto solicitado. Siendo que la Juez responsable sustentó su decisión en que no procedía aprobar dicha planilla, en virtud de que el promovente realizó el cálculo de los intereses moratorios de manera diaria, lo que estimo incorrecto ya que mediante la sentencia dictada en dicho asunto se estableció que los intereses moratorios se deberían de cuantificar de manera mensual, toda vez que así fue pactado en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, en la cláusula primera, por lo cual la cuantificación era incorrecta. Sin embargo, en el concepto de violación el quejoso no combate las razones que estableció la responsable para no aprobar la plantilla de liquidación de intereses moratorios exhibida por la parte actora, puesto que sus manifestaciones no bastan para combatir el acto reclamado, sino que es necesario puntualizar cuáles son, en su caso, los motivos por lo que se trasgredieron los derechos reconocidos en la Carta Magna y que vulneran sus derechos humanos, precisando las circunstancias concretas que la responsable aplicó de manera incorrecta o dejó de analizar. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." No obstante lo anterior, resultan sustancialmente fundado el segundo concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Así, con la intención de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable, como motivo de inconformidad, el peticionario del amparo aduce violación a sus derechos fundamentales relativos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de la indebida congruencia que alega tiene la resolución combatida. Ello es así, al ser incongruente de forma interna, puesto que en su Considerando Único, la autoridad responsable dice no aprobar la planilla de liquidación exhibida y en el Resolutivo Primero de la misma, refiere se aprueba la planilla de liquidación formulada. Siendo fundado tal motivos de inconformidad, por las razones que se desarrollan a continuación. MARCO NORMATIVO En términos de los artículos 14, 16, párrafo primero y 17 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que como lo hace valer el quejoso se conculcaron los derechos fundamentales en la resolución reclamada al no ser congruente y exhaustiva omitiendo realizar la regulación de oficio de la cuantificación de la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por la parte actora. Para mayor claridad, se citan los referidos artículos Constitucionales: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 17. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]" De los preceptos que anteceden, se infiere que nadie puede ser privado de sus derechos sin que se siga un juicio ante tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con base en leyes emitidas con anterioridad al hecho; además, se colige la obligación constitucional de las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias. Así, por fundamentación se entiende la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Bajo tales premisas, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen tanto la normativa de que se trate, como los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido; todo ello a fin de cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos; o bien, si no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de autoridades. De esta forma, este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, con registro digital 238212; de la literalidad siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De igual forma, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con otros principios, como exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, al emitir su fallo, la autoridad competente está obligada a dilucidar todas y cada una de las pretensiones planteadas por las partes. Bajo esa premisa, la congruencia, como principio normativo, delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; mientras que la incongruencia, tiene dos vertientes, una interna, cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución con la parte resolutiva; y otra externa, cuando se omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, va más allá o con menos de lo pedido. Ahora bien, cabe precisar que es la parte resolutiva de una sentencia la que por sí misma puede perjudicar a las partes y no sólo la parte considerativa. No obstante, atendiendo al principio de congruencia que debe contener toda resolución judicial, es posible admitir que también causan perjuicio a las partes los considerandos de una sentencia, cuando existe incongruencia entre éstos y los resolutivos, es decir, cuando en las consideraciones se establece una cosa y en los puntos decisorios se determina otra diferente, o bien, cuando se omite hacer declaración en éstos sobre un punto analizado en los considerandos. Sirve de sustento la jurisprudencia I.3o.C. J/70 (9a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "SENTENCIA. SUS RESOLUTIVOS SON LOS QUE PUEDEN CAUSAR PERJUICIO Y NO SUS CONSIDERANDOS, POR LO QUE AL EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE UNOS Y OTROS, POR REGLA GENERAL, EL JUICIO DE AMPARO RELATIVO ES IMPROCEDENTE CUANDO LOS PRIMEROS SON FAVORABLES AL QUEJOSO. Es la parte resolutiva de una sentencia la que por sí misma puede perjudicar a las partes y no sólo la parte considerativa. No obstante, atendiendo al principio de congruencia que debe contener toda resolución judicial, es posible admitir que también causan perjuicio a las partes los considerandos de una sentencia, cuando existe incongruencia entre éstos y los resolutivos, es decir, cuando en las consideraciones se establece una cosa y en los puntos decisorios se determina otra diferente, o bien, cuando se omite hacer declaración en éstos sobre un punto analizado en los considerandos, lo que ocurriría, por ejemplo, si en los considerandos se estableciera que debe condenarse y en los resolutivos se dijera que se absuelve, o en los primeros se señalara que debe absolverse y en los segundos se condenara. Empero, cuando los pronunciamientos expresados en la parte considerativa del fallo son congruentes con lo precisado en los puntos decisorios, aquéllos no causan por sí mismos ningún agravio a los interesados, ya que lo que en todo caso pararía algún perjuicio sería el sentido del fallo. En ese contexto, si se reclama una sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos es favorable al quejoso y esto resulta congruente con los considerandos, debe considerarse que tal sentencia no causa perjuicio alguno a quien pide amparo y, por tanto, debe sobreseerse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por su parte, la exhaustividad está relacionada con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, este principio implica la obligación de la autoridad de resolver la controversia sometida a su conocimiento, tomando en consideración todos los argumentos aducidos, tanto de acción como de defensa, dilucidando todos y cada uno de los puntos litigiosos, de manera que si una resolución toma en cuenta únicamente una parte de éstos, debe decirse que no es exhaustiva. Mientras que el referido artículo 17 Constitucional, establece la obligatoriedad de las autoridades de garantizar la plena ejecución de las sentencias emitidas en los procedimientos judiciales, derivada de su declaración de la firmeza; por lo que, el citado precepto impone a las normativas vigentes, tanto federales como locales, la plena independencia de los órganos jurisdiccionales, así como la completa ejecución de sus resoluciones, a fin de garantizar un debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, del artículo 361 el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que la planilla de liquidación tiene por objeto precisar la cuantía de aquellas prestaciones que quedaron obligadas las partes en el juicio, que no se pudieron dilucidar en el fallo, a fin de perfeccionar la sentencia y exigir su cumplimiento. Asimismo, el citado numeral establece que una vez presentada la liquidación se dará vista a la parte contraria por el término de tres días y transcurrido el plazo otorgado, se haya o no desahogado la vista dada por la parte contraria, el juzgador fallará lo que en derecho corresponda y estime justo. De lo anterior se sigue que corresponde al actor acreditar los elementos constitutivos de su acción incidental, lo que se traduce en que debe justificar la procedencia o cuantificación de los conceptos reclamados en la liquidación, mientras que el juez debe resolver lo que en derecho proceda con base a lo establecido en la sentencia definitiva, ello con independencia de que la contraria desahogue o no la vista. Por tanto, por disposición del numeral en cita, corresponde al juzgador (autoridad responsable) examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere la pretensión formulada en la planilla. SUBSUNCIÓN Ahora, en el caso en concreto, se acredita que el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 230/2020, promovido por la aquí parte quejosa, en la que se condenó a los demandados entre otras cosas al pago del interés del diez por ciento mensual sobre las rentas no pagadas en el tiempo y forma convenida en la cláusula primera del contrato de arrendamiento. En la etapa de ejecución, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, en el que presentó la planilla de liquidación correspondiente, proponiendo para la cuantificación líquida el cálculo que realizó, a lo que la autoridad responsable en el considerando único determinó no aprobarla, en razón de que el cálculo de los intereses moratorios se realizó de manera diaria, siendo que en la sentencia dictada se estableció que los mismos se deberían de cuantificar de manera mensual, dado que así fue pactado en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, en la cláusula primera, concluyendo en el resolutivo primero, aprobar la planilla de liquidación formulada. De lo que se estima que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos del quejoso, debido a que en la resolución controvertida, conforme a lo establecido por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la sentencia condenatoria, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, así como el de las bases de la cosa juzgada. Circunstancia que no ocurre en el presente caso, pues como quedó plasmado en el cuerpo de esta resolución, el Juez responsable reprobó de plano la planilla de intereses moratorios, sin realizar, de oficio, la regulación le correspondiente, no obstante contaba con todos los elementos necesarios para la debida cuantificación de la cantidad condenada en dicho concepto. Tiene aplicación la tesis: VII.3o.C.6 C con registro digital 190580 con rubro que establece: "INTERESES. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN JUICIO ORDINARIO CIVIL. FACULTAD DEL JUZGADOR PARA DETERMINAR LO QUE ESTIME JUSTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La interpretación del párrafo segundo del artículo 2328 del Código Civil para el Estado de Veracruz, permite establecer que, en ningún caso, se podrá cobrar por concepto de interés, una cantidad mayor a la mitad de aquella que realmente se haya dado en préstamo. Sin embargo, en algunos casos el monto de los intereses por los que la parte vencedora en juicio ordinario civil pretende se ejecute la condena establecida en la sentencia, es mayor al cincuenta por ciento de la cantidad que se prestó, pero esa circunstancia no implica, necesariamente, que la referida planilla deba aprobarse en los términos pretendidos, por la razón de que en la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, se contiene una norma prohibitiva de carácter irrenunciable, cuya observancia descansa en el interés social, dada la jerarquía de la norma general que prevalece frente a los intereses particulares de las partes contendientes en el proceso, y por ello el Juez, al pronunciarse sobre tal prestación, debe ceñir su proceder a lo establecido en esa disposición, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles para la propia entidad, decretar la ejecución por la cantidad que estime justa, misma que, en ningún caso, debe ser mayor a la cantidad equivalente al cincuenta por ciento de aquella que realmente haya sido prestada. De estimar lo contrario, sería tanto como desconocer el principio de la jerarquía de la norma general establecida por el legislador, frente a un interés particular, lo que llevaría implícito el desacato por parte del juzgador, de la norma de carácter prohibitivo, con la consiguiente violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO." CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que la Juez responsable contaba con los datos necesarios para regular, de oficio, las cantidades plasmadas por el actor y ajustar en los términos legales la planilla de intereses moratorios, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia definitiva. De ahí que, al resultar fundado el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que la resolución reclamada vulnera sus derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede concederle el amparo y protección constitucional. SÉPTIMO. Efectos de la Protección Constitucional. Con fundamento en los artículos 73, primer párrafo, y 74, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se establece que los efectos de la sentencia amparadora son los siguientes: La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 230/2022 de su índice, en la que en el considerando único reprobó la planilla de intereses moratorios presentada por la parte actora y en el resolutivo primero la aprobó en términos del mismo considerando. Hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, dicte una nueva determinación, de conformidad con los lineamientos fijados en la presente sentencia en relación con la planilla de intereses moratorios, y proceda a regular, de oficio, la cantidad exhibida en la planilla del actor, con base a los demás datos que obran agregados en el expediente de origen. OCTAVO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JOSE DAVID MORA DOMÍNGUEZ, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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