José David Islas Avarado
Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José David Islas Avarado
Actuaciones
- Principal
(5) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(5) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ..., por derecho propio, contra un acto de la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número.... III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que la Jueza de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La transcrita disposición legal prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; ello, habida cuenta que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa. Al respecto es aplicable por no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora, en el caso el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en ejecución de sentencia en el juicio escrito familiar ...., del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que se aprobó la planilla de liquidación de pensiones. Luego, el inconforme debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establecen los artículos 290 y 417, fracción II, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo: "Artículo 290.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. El Juez fallará en igual término sobre la cantidad acreditada. Esta resolución admite el recurso de Queja conforme a lo dispuesto por el Artículo 417 de este ordenamiento." "Artículo 417.- El recurso de queja tiene lugar: (.); II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencias; (.) Como se puede advertir, el recurso de queja procede contra las resoluciones interlocutorias en la ejecución de sentencias; y el objeto de dicho medio de impugnación ordinario es que el Tribunal de Alzada lo examine y dicte la determinación respectiva. Así, es claro que en términos del artículo transcrito del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, la resolución emitida por la jueza señalada como responsable el ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en ejecución de sentencia en el juicio escrito familiar 830/2013, de su índice, y reclamada en esta instancia constitucional, en la que se fijó la cantidad liquida por concepto de pensiones al que fue condenado la parte quejosa, es claramente impugnable mediante el recurso ordinario de queja, pues constituye una interlocutoria dictada en la ejecución de la sentencia; de manera que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio fundamental de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si la legislación aplicable en el caso concreto prevé el citado recurso como medio ordinario de defensa, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En ese tenor, si el solicitante de la protección constitucional omitió agotar el recurso previsto en el código adjetivo de la materia, mediante el cual podía confirmarse, modificarse o revocarse la resolución reclamada, estando legitimado para ello, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente, toda vez que previo a instar el juicio de constitucionalidad, se debió hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior, es así pues se insiste el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa alguno, con el objeto de impedir la proliferación innecesario de juicios constitucionales contra actos de procedimiento que pueden ser, como ya se dijo, modificados, revocados o incluso a través de ese medio, obtener la satisfacción de lo peticionado. Se cita en apoyo el criterio con datos de localización, y epígrafe siguiente: "Registro digital: 2023534 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.I.C.1 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865 Tipo: Aislada PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL." Lo anterior, sin que en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclama el auto de vinculación a proceso u otro que afecte la libertad del encausado (además que pretende que no se lleve cabo), o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el quejoso no es tercero extraño al procedimiento. Cabe citar también en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En estas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo se cita también el siguiente precedente: "Época: Décima Época Registro: 2002598 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: III.2o.C.4 K (10a.) Página: 2113 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." De lo citado, se desprende con claridad que la resolución de la que se duele la parte quejosa puede ser combatida a través del recurso de queja. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ..... a. Domicilio. Con fundamento en los artículos 3º, 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa en forma electrónica, a través del usuario ... Sin que obste, el hecho de que el promovente de amparo también haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, toda vez que de manera expresa manifestó su voluntad para recibir notificaciones en línea que deriven del presente asunto se le realicen a través del usuario citado en líneas precedentes; por lo que, a fin de dar certeza jurídica a las partes y evitar duplicidad de actuaciones, se tiene por señalado única y exclusivamente como medio para oír y recibir notificaciones de su parte, el usuario en cita, sin perjuicio de que la parte solicitante de amparo pueda designar uno nuevo con posterioridad. b. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que no ha lugar a practicarle(s) notificaciones vía correo electrónico a la cuenta lic.jcarlos95@outlook.com, dado que al efecto debe(n) contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, los números de teléfono celular y dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a ...., hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. d. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ... . Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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