Jose David Ibarra Cabrera
Expediente 966/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose David Ibarra Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, como de autos se desprende que se concedió la suspensión de plano en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia a lo anterior, es susceptible de depuración, de conformidad con lo que establece el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a depurar el expediente, conservando la demanda, el auto que concedió la suspensión de plano y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; y, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José David Ibarra Cabrera contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos ahí expuestos.
- Principal
Vista, la circular SECNO/6/2021, de veintitrés de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se comunica que la Comisión Especial aprobó el punto para acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Así, visto el primero de los escritos de cuenta, con registro 206, signado por Erick Lozada Beyra, en su carácter de autorizado del quejoso José David Ibarra Cabrera; atento a su contenido, se provee: en razón que se solicita el acceso vía electrónica de las actuaciones de este sumario, se ordena que las determinaciones emitidas en el presente asunto, sean de su conocimiento a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario con que cuenta el promovente (ERICKRONOUT), ello de conformidad con los artículos con los artículos 34, 36, 38, 39, 55, 57, 58, 60, 61 y 63, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva. Por otra parte, con relación al segundo de sus ocursos, con folio 375, atento a su contenido, se provee: téngase por hechas las manifestaciones que formula con los medios de prueba relativas a que, a la fecha, refiere siguen vigentes actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en contra de la persona de José David Ibarra Cabrera. Ahora bien, sólo para efectos de la presente litis constitucional y en relación con los medios de prueba consistentes en la testimonial a cargo de los internos Martín Salazar Pérez y Levi Yanahi Roque Ornelas y la inspección judicial, al respecto se provee: dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dichos medios de convicción, en razón que las mismas resultan extemporáneas en su ofrecimiento; por no haber sido ofrecidas dentro del plazo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, es decir, cinco días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho que, en proveído de cinco y veinticinco de enero del año en curso, se haya diferido la audiencia constitucional, encontrándose nuevo señalamiento para las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ya que dicha circunstancia, no da oportunidad a las partes para ofrecer pruebas que ameriten su preparación, toda vez que como se dijo en líneas que anteceden, las probanzas deben anunciarse en los plazos a que hace referencia el artículo 119 de la Ley de Amparo; máxime que los hechos que pretende acreditar con el desahogo de los medios de convicción que ofrece, eran de su conocimiento al momento de presentar la demanda de amparo; por ello, el diferimiento de la audiencia constitucional no da oportunidad para su ofrecimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 53, Tomo III, Febrero de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: «PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA. Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo "151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal.» Por otra parte, tocante a su petición de requerir a las responsables, para que remitan las videograbaciones de vigilancia, con que cuentan las tres cámaras de seguridad en el interior del módulo de conductas especiales e informes de castigos y comportamiento del aquí quejoso, para los efectos que precisa, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón virtud de que tiene expedito su derecho para hacer llegar las documentales de referencia, hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que corresponde a las partes proporcionar los medios de prueba que estime conducentes para acreditar los extremos de su pretensión. En efecto, conforme el artículo 121 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional actúa como auxiliar de las partes ante la imposibilidad de allegarse de los elementos probatorios que no estén a su alcance y la facultad de conminar a la autoridad para tal efecto, a través de los medios de apremio, con motivo del incumplimiento de la omisión a una petición, o contumacia de la autoridad a autorizarlos o expedirlos o, que estén impedidas legalmente para ello, ya que en principio tiene a su alcance allegarse de tales medios de convicción. Es aplicable a lo antepuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 6, Tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PARTE INTERESADA PUEDE ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA A LOS FUNCIONARIOS O AUTORIDADES EN EL SENTIDO DE QUE EXPIDAN LAS COPIAS O DOCUMENTOS PARA QUE SEAN APORTADOS EN EL JUICIO SIN QUE PREVIAMENTE LOS HAYA SOLICITADO, CUANDO EXISTA UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE AQUÉLLOS LOS EXPIDAN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 152 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito requiera a los funcionarios o autoridades omisas la expedición de las copias o documentos respectivos para ser ofrecidos como prueba en el juicio de amparo, es necesario que previamente la parte interesada los haya solicitado, por lo que deberá exhibir la copia del escrito a través del cual hizo su solicitud, en el que se ostente el sello de recepción correspondiente o, en su caso, constancia fehaciente de que las autoridades o funcionarios de mérito se negaron a recibirlo. No obstante lo anterior, existen casos en los que las autoridades o funcionarios no pueden expedir tales copias o documentos por existir un impedimento legal para ello, lo que genera una excepción a la regla general mencionada. En estos casos, siguiendo el criterio de que el indicado artículo 152 no debe aplicarse con rigidez tratándose de los elementos de prueba, indispensables para resolver la litis constitucional, resulta innecesario y contrario al principio de justicia pronta consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte interesada, con la finalidad de allegar las pruebas al juicio, solicite a los funcionarios o autoridades la expedición de las copias o documentos correspondientes, previamente a solicitar la intervención del Juez de Distrito para que realice el requerimiento respectivo, pudiendo acudir directamente ante éste para que requiera a los funcionarios o autoridades en el sentido de que expidan las copias o documentos respectivos y de esa manera sean aportados en el juicio". Consecuentemente, resulta improcedente que este órgano jurisdiccional, proceder a su requerimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cabe hacer mención, que si los medios de prueba que ofrece, son tendentes a acreditar la violación a la suspensión de plano decretada a su favor en esta instancia constitucional, debe ofrecerlas en el medio de impugnación previsto para tal efecto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues es de destacar que por proveído de veintinueve de diciembre del año pasado próximo, se le dio vista, para que manifestara lo que en derecho correspondiese con relación al informe dado por las responsables Director, Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario e Inspector General Jefe de Custodia Penitenciaria, todos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, donde en cumplimiento al proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, informaron el tratamiento dado a la suspensión de plano concedida en esta incidencia a favor de parte quejosa.
- Principal
Vista la circular SECNO/04/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, cuyo artículo 1, fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se continúa con su trámite. A su vez, vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del uno de febrero de dos mil veintiuno, la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con el artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, ese día es inhábil, por lo que, no correrán los términos de ley. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la citada legislación, se difiere de manera anticipada la audiencia constitucional fijada, y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para su celebración, lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes.
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