José David Hernández Plata

Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
746/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • José David Hernández Plata

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual envía testimonio de la resolución dictada en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja penal 174/2021; por tanto, acúsese recibo y hágase del conocimiento de la parte quejosa que dicho órgano determinó: "PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda de amparo." En consecuencia, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno, y en virtud de que en el presente expediente no obran documentos importantes y/o relevantes, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado OCTAVO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito recibido vía electrónica firmado por ****, autorizado del quejoso ****, a través del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 a 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original y copia del aludido escrito, el informe de ley, así como facsímil autorizado de todo lo actuado en el presente asunto.

  3. Principal

    Vista la demanda de cuenta signada por **, contra el acto del Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Fausto Agustín Favela Ayala; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo **. II. DESECHAMIENTO. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "El proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial *** mediante el cual: Negó la petición del quejoso de fijar hora y fecha de audiencia para decretar la nulidad del acto consistente en el aviso de reporte de robo registrado en el REPUVE, respecto del vehículo **. emitido en la carpeta de investigación **. Sostuvo que el referido acto no requería de control judicial previo, en términos del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se encuentra contemplado en ninguna de las fracciones establecidas en el citado numeral." Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que se expondrán. En ese orden, de lo establecido en la citada legislación, se advierte que el juicio será improcedente si no se observa el principio de definitividad, el cual consiste en que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se agoten los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. La justificación de este principio radica en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En el caso, la parte peticionaria de derechos fundamentales se duele del proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial ***, mediante el cual el juez responsable negó la petición del quejoso de fijar hora y fecha de audiencia para decretar la nulidad del acto consistente en el aviso de reporte de robo registrado en el REPUVE, respecto del vehículo **, emitido en la carpeta de investigación ***; sin embargo, tal acuerdo es de mero trámite, razón por la cual es impugnable vía recurso de revocación en términos de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, los citados artículos, establecen lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Tal y como se advierte, el precepto 465, de la legislación citada, prevé el recurso de revocación como aquél medio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. De tal forma que el objeto de este recurso es que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, el diverso 466, del ordenamiento indicado, precisa que si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita; y deberá resolverse dentro de los tres días siguientes a su interposición; estableciendo la posibilidad de citar a audiencia por la complejidad del caso. En consecuencia, la existencia del referido medio de impugnación (revocación), se traduce en una vía de protección legal prevista por la norma que lo regula, por virtud de la cual puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica la necesidad de agotar el principio de definitividad, como presupuesto necesario para que proceda el juicio de garantías. Sirviendo de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I 1ª./J. 85/2019 (10ª) que menciona: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." De igual forma ese ajusta el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad." En respaldo de los anteriores argumentos, se invoca la jurisprudencia dada a conocer por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". De igual forma, es aplicable el diverso criterio que emitió el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo rubro y texto, señalan: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, si la parte quejosa reclama el proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial ***, mediante el cual el juez responsable negó la petición del quejoso de fijar hora y fecha de audiencia para decretar la nulidad del acto consistente en el aviso de reporte de robo registrado en el REPUVE, respecto del vehículo ***, emitido en la carpeta de investigación **, la parte justiciable debió agotar el medio ordinario de combate (recurso de revocación), previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a interponer el juicio de amparo. Robustece lo anterior, por analogía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, intitulada: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. OBLIGA A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE QUEJA PROCESAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad contemplado por el artículo 107 de la Constitución Federal, que exime al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, no opera cuando la resolución que se combate consiste en el desechamiento de un recurso de queja procesal, debido a que no incide en la afectación de la libertad, así, previo a acudir al juicio de amparo, se debe agotar el recurso ordinario de revocación que prevé el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque su interposición, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, de existir en ellos algún vicio cuya corrección legal sea procedente, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto; ante lo cual, la omisión de hacer valer el medio de impugnación ordinario de referencia, actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo y obliga a sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del invocado ordenamiento legal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en el recurso de queja se impugne que no se ha dado curso a un incidente de adecuación de la pena; este último que pudiera incidir en la libertad personal y con ello se actualizaría el caso de excepción al principio de definitividad; sin embargo, tal supuesto no acontece, cuando únicamente se reclama el desechamiento de un recurso, porque no tiene que ver con la privación o no de la libertad de la persona, si sólo se trata de una cuestión intraprocesal.". En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

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