José David Guevara Pesina
Expediente 440/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José David Guevara Pesina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil veinte, se concedió al quejoso ***************, el plazo de noventa días naturales a efecto de que comparecieran a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos en el presente sumario Constitucional, esto, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante el licenciado Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, atento a su contenido con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra del proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve; luego con fundamento en los artículos 84, 86, 88 y demás relativos a la citada legislación, distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, una vez que se encuentren notificadas las partes del acuerdo recurrido y del presente proveído, sin ulterior acuerdo remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y el escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para la substanciación del recurso que se hace valer, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otro lado, sin que sea necesario remitir copia del referido recurso para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en San Luis Potosí, Capital, toda vez que el artículo 89 de la Ley de Amparo, no dispone que el juez de amparo remitirá al tribunal revisor una copia de agravios para el Fiscal Federal de su adscripción. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis con número de registro 2006419, Finalmente, no ha lugar acordar de conformidad la petición del quejoso en el que solicita se remita el juicio de amparo 335/2019 del índice de este órgano federal, en virtud que cada juicio se tramita de manera independiente; además de que no tiene relación con el juicio en que se actúa. Notifíquese; y, personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta, signados por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en Cárdenas, San Luis Potosí y por la Delegada Regional de la Quinta Delegación de la Fiscalía General del Estado de San Luis, mediante el cual, rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las citadas autoridades, las documentales que acompañan, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por José David Guevara Pesina, se advierte, específicamente del capítulo de actos reclamados, lo siguiente: "IV.- Acto reclamado.- La omisión de pronunciarse acerca de mi solicitud de fecha 14 de agosto del presente año, consistente en pedir ejercite la pretensión punitiva en contra de la maestra Ana María Medina Urías dentro de la Averiguación Judicial Penal 14/17, la cual se procedimenta en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cárdenas, S.L.P., en mi contra por el delito de Fraude. Anexo a este escrito, la copia de recibido de la solicitud en cita, por parte del personal de la oficina del Ministerio Público de Cárdenas, S.L.P., de fecha 14 de agosto del 2019. Con los subrayados en el anexo correspondiente." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes, cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la parte quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, se advierte que en la averiguación previa 99/14 de su índice, se emitió el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mismo que recayó al escrito presentado por José David Guevara Pesina el catorce de agosto de la presente anualidad; y en el citado acuerdo, en el que se pronunció respecto de lo solicitado en dicho escrito, en donde determinó lo siguiente: "UNA VEZ REALIZADO EL ESTUDIO Y ANALISIS DE SU ESCRITO DE CUENTA QUE PREVIO A RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL QUE SOLICITA SE LE REQUIERE PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ADJUNTE A LA AVERIGUACION PREVIA EN LA QUE SE ACTUA COPIA CERTIFICADAS DE LA AVERIGUACIÓN JUDICIAL PENAL NUMER0 14/2017 QUE SE INSTRUYE EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR LA TOTALIDAD DE DICHAS CONSTANCIAS PARA LOS EFECTOS DE EMITIR LA DETERMINACION MINISTERIAL QUE PROCEDA; PARA LO CUAL GIRESE CITATORIO AL C. JOSE DAVID GUEVARA PESINA, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE NUMERO 17 ALTOS EN LA ZONA CENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PARA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 11.00 HORAS, PARA NOTICARLE DE MANERA PERSONAL EL PRESENTE PROVEIDO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16, 20 APARTADO C ARTICULO 96. 107, DEL CODIGO DE.PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN LA ÉPOCA QUE SUCEDIERON LOS HECHOS; POR LO QUE SE AGREGAN EN AUTOS DE LA PRESENTE DILIGENCIA A EFECTO DE QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES" Ahora bien, de la misma se advierte que la autoridad requirió al quejoso para que compareciera a notificarle de manera personal el proveído en mención y al efecto remite la constancia de notificación realizada al quejoso, asimismo, remite la constancia de entrevista de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se advierte que el aquí quejoso José David Guevara Pesina, compareció. Actuar de la responsable, que trae como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó el acto omisivo que motivó el reclamo de la afectación de los derechos fundamentales del demandante de amparo. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Agente del Ministerio Público responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es innegable establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las diez horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos el escrito y anexo de cuenta, presentados por el quejoso ***, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos en su favor, con ellos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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