Jose David Guevara Pesina
Expediente 943/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose David Guevara Pesina
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado por el citado Tribunal, en el recurso de queja. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución del recurso de queja que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto, por los razonamientos vertidos en el considerando último de la presente resolución.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en esta ciudad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo y al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Debido a que por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo, el cual fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por la parte quejosa que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, dictado en el recurso de queja a través del cual informa que se admitió el mismo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signando por el quejoso José David Guevara Pesina, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto el auto recurrido, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión el promovente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 de la ley en mención, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa. Mediante atento oficio que al efecto se gire a la Superioridad en comento, envíese el escrito original del recurso interpuesto y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, la siguiente determinación: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José David Guevara Pesina, contra actos del Agente del Ministerio Público del Módulo 5 de la Unidad de Atención Temprana; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el progresivo 943/2019-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al citado numeral, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Por consiguiente, en principio, se deben precisar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo, así como sus anexos a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y anexos que se acompañaron a la misma, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar del Agente del Ministerio Público del Módulo 5 de la Unidad de Atención Temprana: - La omisión de emitir el acuerdo respectivo al escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, dirigido a la carpeta de investigación 10384-18, con el registro único 13162-18. Ocurso a través del cual solicitó al aludido Representante Social lo siguiente: ".vengo a solicitar atenta y respetuosamente ejercite acción penal ante el Juez de Control en turno, solicitando Orden de Aprehensión en contra de mi acusada, por los delitos cometidos en mi perjuicio (rectificación de vértebras cervicales y daños en un vehículo de mi propiedad).". Como se puede advertir de lo expuesto con antelación, la abstención reclamada del Agente del Ministerio Público del Módulo 5 de la Unidad de Atención Temprana, conlleva que éste no ejecute los actos tendientes a ejercitar la acción penal ante el Juez de Control en contra de Blanca Elizabeth Gómez Altuzar, por los delitos cometidos en perjuicio del quejoso y que este identifica como "rectificación de vértebras cervicales y daños en un vehículo de mi propiedad.". Corrobora lo anterior, lo manifestado por el quejoso en los antecedentes 5 y 6 de la demanda, en el sentido de que ".En la actualidad, es la Lic. Dávila, la titular del módulo, 5.- la cual ha sido omisa con la solicitud, génesis de este Juicio. El comportamiento de esta profesionista es neutral, no es agresiva como antecesora y auxiliar." y que ".Como resulta predecible, la solicitud de fecha 5 de agosto, no fue atendida. Tramité Juicio de Amparo, el cual vino a alargar la mala racha del firmante y fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito.". Precisado lo anterior, y por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación a la abstención reclamada, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]" Del primero de los citados numerales, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, puede surgir de la propia Ley de Amparo, o como sucede en el caso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el referido numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, contempla la posibilidad de la víctima o del ofendido a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, entre otras; dicho principio fue recogido por el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a ello, el dispositivo 258 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 233/2017, y señaló que una interpretación funcional de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Y que en este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además de que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe o realice la actuación o determinación correspondiente. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial, derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Lo cual es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Por lo tanto, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En el presente caso, como se señaló con antelación, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público del Módulo 5 de la Unidad de Atención Temprana, la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, dirigido a la carpeta de investigación 10384-18, con el registro único 13162-18; ocurso a través del cual le solicitó lo siguiente: ".vengo a solicitar atenta y respetuosamente ejercite acción penal ante el Jue de Control en turno, solicitando Orden de Aprehensión en contra de mi acusada, por los delitos cometidos en mi perjuicio (rectificación de vértebras cervicales y daños en un vehículo de mi propiedad).". En ese contexto, al atribuirse a la autoridad responsable la abstención reclamada en el marco de la investigación inicial prevista en el numeral 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la Contradicción de Jurisprudencia 233/2017, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, adquiere aplicación la jurisprudencia 1a./J.28/2018 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase inadvertido para el suscrito que del escrito de demanda y anexos que se acompañan a la misma, se advierte que en contra de la omisión reclamada en esta instancia constitucional, el quejoso promovió diverso juicio de amparo que fue radicado con el número 803/2019-VII del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, el cual mediante proveído de siete de agosto del año en cuso, se desechó de plano, a considerar la referida Juzgadora Federal que en contra de dicho acto se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ello pues al día de a presentación de la demanda de amparo, únicamente había trascurrido un día hábil para que la responsable atendiera su solicitud, de ahí que adujo, "es evidente que en el caso no existe perjuicio alguno que se ocasione al impetrante de del amparo ni violación al artículo 8° constitucional." No obstante lo anterior, se estima que la promoción del diverso juicio de amparo señalado en el párrafo que antecede, no es impedimento para proveer respecto de la demanda que ahora se intenta en los términos ya precisados, pues el mismo no constituye cosa juzgada, ya que al haberse desechado dicha demanda resulta claro que no se analizó la constitucionalidad del acto reclamado, además de que la naturaleza de la causa de improcedencia que se invocó por la Juez Octavo de Distrito en el Estado, no hace inejercitable una nueva acción de amparo previa observancia de los principios que la rigen, como es el principio de definitividad que refiere la jurisprudencia 1a./J.28/2018 (10a). Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Hágase del conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y personalmente al promoven
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