José David Guevara Pesina

Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
471/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • José David Guevara Pesina
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    1. Circulares 28/2023 y 29/2023 suscritas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el aviso de días inhábiles emitido por la titular de este juzgado y Aviso de suspensión de labores signado por la Coordinadora de Juezas de Distrito del Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. 2. Estado de autos. 3. Se requiere a correos 4. Se recibe escrito. Al efecto, se acuerda: 1. De las Circulares y Aviso de suspensión de labores, se advierte que se declararon inhábiles del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, derivado del paro de labores del personal sindicalizado de la institución. 2. Del estado de autos se advierte que en el presente asunto se señalaron las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, día comprendido en el periodo declarado inhábil; por tanto, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2, se regulariza el procedimiento y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, para la remisión en copias certificadas de la totalidad de las constancias de las que deriva el acto reclamado, sin que conste en autos que hubiere quedado notificada del oficio número 14231/2023 por el que le fueron solicitadas. 3. Requerimiento. Atento a lo anterior, se requiere al Gerente Postal Estatal de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado la tarjeta de acuse de recibo de correspondencia oficial registrada de servicio interior relativa al oficio 14231/2023, mismo que fue depositado en la administración de Correos número Uno en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante factura de seis de octubre pasado, bajo el registrado 8987. Apercibimiento. Apercibido legalmente que de no dar cumplimiento en los términos precisados, se impondrá en su contra una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al cometerse la falta, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cincuenta veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. 4. Se recibe escrito. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, téngase recibido y agréguese a los presentes autos el escrito remitido vía electrónica, de ********************, quien se ostenta asesor jurídico de la víctima "********************.", por conducto de su director general ********************, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad tener ese carácter reconocido en la carpeta administrativa 819/2023 del índice del Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrita al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de asesor jurídico de la víctima en el presente juicio, señala domicilio y personas para oír y recibir notificaciones, solicita la consulta y notificaciones electrónicas del presente sumario, y para tal efecto proporciona los usuarios correspondientes. Atento a lo anterior, resérvese a acordar lo conducente hasta en tanto este Juzgado Federal cuente con las constancias que le fueron requeridas por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés a la responsable Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, de las que se advierta el carácter con el que pretende comparecer el promovente, y que aduce se encuentra reconocido en la carpeta administrativa 819/2023, origen de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Escrito signado por el quejoso... Queja. Informe. Vinculación de expediente electrónico. Se remite original del escrito de queja. Al efecto se acuerda: Téngase recibido el escrito signado por el quejoso José David Guevara Pesina, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, y hágase de su conocimiento que es cierto que el tres de octubre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por José David Guevara Pesina, al encontrarse de su análisis, motivos manifiestos de improcedencia. Con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en este juicio de amparo, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. En la inteligencia, que el escrito por el que se interpone el recurso de queja de referencia, se presentó de manera física ante este órgano jurisdiccional, mismo que se encuentra digitalizado. No obstante lo anterior, remítase vía mensajería acelerada el escrito de queja presentado físicamente, en la Oficialía de partes de este Juzgado Federal, lo anterior para los efectos legales condignos. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la comparecencia que antecede se advierte que ********************, ratificó la firma que calza el escrito presentado el veintisiete de septiembre del presente año, mediante el cual dio cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintiuno de septiembre del año en curso. Por tanto, se tiene a la parte quejosa aclarando su escrito inicial de demanda. Identificación promoventes y registro. Vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por ********************, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; en la inteligencia que la misma se registró con el número 471/2023-II-2. Acto reclamado. Ahora, del ocurso de demanda y escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señala como actos reclamados y autoridades responsables lo siguientes: 1. Del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado del veintiocho de agosto del presente año, en el que se le solicitó girar las órdenes ejecutivas para que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para tener el servicio de energía eléctrica en sus domicilios. 2. Del Superintendente Divisional Golfo-Centro de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en su calidad de superior jerárquico del Superintendente Zona Rioverde División Golfo, la omisión de corregir las infracciones contenidas en el oficio ********************, expedido por este último, por el que no permite que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para contar con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios. 3. Del Superintendente Zona Rioverde División Golfo de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en su calidad de superior jerárquico del Superintendente Zona Rioverde División Golfo, la negativa de permitir que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para contar con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios, contenida en el oficio ********************, expedido por este último. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, mismo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, de la documental que acompaña a su demanda de amparo, consistente en un escrito dirigido al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, sellado de recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por la Dirección General, Unidad de Documentación de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que solicita a dicho organismo dicte órdenes ejecutivas a fin de que los poseedores y propietarios del fraccionamiento "********************", ubicado en ********************, puedan celebrar contratos con para tener el servicio de energía eléctrica de clase doméstico, ello, motivado con lo asentado en el inciso b de su diverso escrito presentado el veinticinco de agosto del presente año, ante el Gerente de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Rioverde, San Luis Potosí. Ahora, de este último oficio en mención, se advierte que en el inciso b) solicitó que se les permita celebrar contratos de servicio doméstico a los propietarios y poseedores de los lotes del fraccionamiento "********************", sustentando tal petición en el hecho de que las líneas de conducción eléctrica tendidas en el referido fraccionamiento, por la empresa ******************** -la cual, según se advierte de las documentales que acompañó a su demanda, fue contratada por el impetrante para la construcción de dos áreas de electrificación para vivienda en media y baja tensión para el fraccionamiento "******************** ********************", en ******************** y que en los antecedentes narrados en el referido ocurso, señala que fue contratada por el quejoso para la realización del proyecto de electrificación de las calles del ******************** y de ********************- cuentan con energía eléctrica desde diez meses, por lo que deduce que la obra fue recibida por la Comisión Federal de Electricidad, Delegación Rioverde. Ahora bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Expuesto lo anterior, conviene citar los siguientes criterios sustentados también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los actos de la Comisión Federal de Electricidad. De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se le atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por ********************, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México, en términos del artículo 113 de la invocada ley. Notifíquese; personalmente a la aparte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de tres de octubre del año en curso que dice:"Vista la comparecencia que antecede se advierte que ********************, ratificó la firma que calza el escrito presentado el veintisiete de septiembre del presente año, mediante el cual dio cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintiuno de septiembre del año en curso. Por tanto, se tiene a la parte quejosa aclarando su escrito inicial de demanda. Identificación promoventes y registro. Vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por ********************, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; en la inteligencia que la misma se registró con el número 471/2023-II-2. Acto reclamado. Ahora, del ocurso de demanda y escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señala como actos reclamados y autoridades responsables lo siguientes: 1. Del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado del veintiocho de agosto del presente año, en el que se le solicitó girar las órdenes ejecutivas para que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para tener el servicio de energía eléctrica en sus domicilios. 2. Del Superintendente Divisional Golfo-Centro de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en su calidad de superior jerárquico del Superintendente Zona Rioverde División Golfo, la omisión de corregir las infracciones contenidas en el oficio ********************, expedido por este último, por el que no permite que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para contar con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios. 3. Del Superintendente Zona Rioverde División Golfo de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en su calidad de superior jerárquico del Superintendente Zona Rioverde División Golfo, la negativa de permitir que los poseedores y propietarios del ********************, puedan celebrar contratos para contar con el servicio de energía eléctrica en sus domicilios, contenida en el oficio ********************, expedido por este último. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, mismo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, de la documental que acompaña a su demanda de amparo, consistente en un escrito dirigido al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, sellado de recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por la Dirección General, Unidad de Documentación de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que solicita a dicho organismo dicte órdenes ejecutivas a fin de que los poseedores y propietarios del fraccionamiento "********************", ubicado en ********************, puedan celebrar contratos con para tener el servicio de energía eléctrica de clase doméstico, ello, motivado con lo asentado en el inciso b de su diverso escrito presentado el veinticinco de agosto del presente año, ante el Gerente de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Rioverde, San Luis Potosí. Ahora, de este último oficio en mención, se advierte que en el inciso b) solicitó que se les permita celebrar contratos de servicio doméstico a los propietarios y poseedores de los lotes del fraccionamiento "********************", sustentando tal petición en el hecho de que las líneas de conducción eléctrica tendidas en el referido fraccionamiento, por la empresa ******************** -la cual, según se advierte de las documentales que acompañó a su demanda, fue contratada por el impetrante para la construcción de dos áreas de electrificación para vivienda en media y baja tensión para el fraccionamiento "******************** ********************", en ******************** y que en los antecedentes narrados en el referido ocurso, señala que fue contratada por el quejoso para la realización del proyecto de electrificación de las calles del ******************** y de ********************- cuentan con energía eléctrica desde diez meses, por lo que deduce que la obra fue recibida por la Comisión Federal de Electricidad, Delegación Rioverde. Ahora bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Expuesto lo anterior, conviene citar los siguientes criterios sustentados también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los actos de la Comisión Federal de Electricidad. De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se le atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por ********************, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México, en términos del artículo 113 de la invocada ley. Notifíquese; personalmente a la aparte quejosa."

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