José David González Camacho
Expediente 1326/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 51 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José David González Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en atención a su contenido y tomando en consideración que el expediente al cual se refiere la promoción de cuenta se encuentra en el archivo, fórmese cuaderno de antecedentes; de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese el oficio de que se trata para que obre como corresponda. Ahora, en atención a su contenido y toda vez que la autoridad oficiante a través del cual solicita la vinculación electrónica de este juicio de amparo 1326/2017. En tal circunstancia, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE), para que a través de la citada plataforma, haga disponible el expediente electrónico relativo al uicio de amparo en que se actúa, a efecto de que el juzgado oficiante pueda vincularse y esté en aptitud de consultar los acuerdos, promociones, así como las constancias de notificación relativas y proveer lo que en derecho corresponda en el juicio de amparo 1519/2021, de su estadística. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que los autos del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes, se encuentran en el archivo de este órgano jurisdiccional y, de igual manera, que el encargado del archivo se encuentra gozando de su primer período vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, reincorporándose a sus labores el día treinta de junio del año en curso; en tales circunstancias, una vez que se cuente con el expediente correspondiente, sin ulterior acuerdo, agréguese este cuaderno de antecedentes al mismo; y al no existir diligencia alguna por realizar, y considerando que dicho expediente se encontraba en el archivo, en su oportunidad devuélvase al mismo.
- Principal
...agréguese a sus autos el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por conducto del Actuario, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el expediente original del juicio de amparo 1326/2017 así como el recurso de Inconformidad en contra del auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, y hace del conocimiento que admitió a trámite la inconformidad planteada, la cual quedó registrada bajo el número 18/2019; atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal guardan los presentes autos se advierte que ya obran las constancias de notificación a las autoridades responsables y a las diversas vinculadas de los proveídos de dieciséis y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en esas condiciones; remítase al Tribunal copias certificadas de las constancias de notificación en referencia, lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
...téngase por recibido el escrito de cuenta, por el que interpone recurso de Inconformidad. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes el presente proveído. Por lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, el expediente original del juicio de amparo 1326/2017, anexando por separado el escrito de cuenta, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda, dejando copia del mismo en los presentes autos para los efectos legales conducentes. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que aún no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables y a las diversas vinculadas del proveído dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en esas condiciones, una vez que este órgano jurisdiccional cuente con dichas constancias, así como las que deriven de esta determinación, serán remitidas a la brevedad posible al Tribunal de amparo que conozca del medio de impugnación en referencia.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve (foja 591), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] Consecuentemente, al resultar fundado el referido concepto de violación, procede por ello conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso respecto la expedición y promulgación del artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, vigente para el año dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. Lo que se traduce en nulificar la validez jurídica de la norma reclamada, de tal manera que la disposición impugnada no debe aplicarse al quejoso de nueva cuenta hasta en tanto sea reformada; y en su lugar, se le aplique la cuota más baja por expedición de copias certificadas a que se refiere la fracción XVII, inciso b, del mismo ordenamiento legal. [.] Y, por consiguiente, para que la Tesorería de la Ciudad de México, proceda a devolverle la cantidad excedente que cubrió de conformidad con aquel precepto en relación con la línea de captura 772310040475644P54AM, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, no obstante que el acto reclamado a la referida autoridad exactora no se hubiera tenido como cierto, habida cuenta que, con independencia de ello, deviene incuestionable que el pago de esos derechos se realizó, aunque de manera voluntaria, por la quejosa ante la misma. [.]" En el entendido de que al resolver el medio de impugnación hecho valer por el quejoso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión R.A. 612/2017, determinó lo siguiente: "[.] 24. En ese contexto, debe señalarse que resulta fundado lo que plantea la parte quejosa en su único agravio, en torno a que resulta indebido fijar como cantidad a pagar por el derecho que nos ocupa, la fijada como menor en diversa fracción, que resulta mayor a la considerada por nuestro Más Alto Tribunal en el ámbito comercial de $0.50 a $2.00. Decisión. 25. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el agravio formulado por el quejoso recurrente, lo procedente es en la materia de la revisión modificar la sentencia recurrida y precisar que el efecto de conceder el amparo es para que se desaplique al quejoso la carga tributaria que prevé la norma declarada inconstitucional. [.]" Asimismo, a fin de llegar a la determinación antes citada, la Superioridad se apoyó en las consideraciones de hecho y de derecho que se transcriben: "[.] 16. La naturaleza de los derechos reclama un concepto adecuado de la proporcionalidad y equidad, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que causen los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. 17. Por ende, el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder al costo del servicio prestado, pero sí debe fijarse en relación con dicho costo, pues si a fin de cuantificar su monto se toman en cuenta elementos completamente extraños al costo del servicio, como lo sería el capital del causante, de tal manera que por un mismo servicio los causantes paguen una cuota diversa debe concluirse que la tarifa correspondiente es desproporcional e inequitativa. [.] 19. Precisado lo anterior, importa enfatizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus dos Salas, ha establecido que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos, implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, esto es, reproducirlas y compararlas con su original, y después de confrontarlas, reiterar que son iguales; y que dicho servicio se agota en el mismo acto en que se efectúa, en tanto que no se prolonga en el tiempo; por lo que no resulta congruente razonablemente con el costo que para el Estado tiene la realización del referido servicio prestado, el que la cuota que se fije para su expedición sea mayor al que fluctúa en el mercado comercial, toda vez que la correspondencia entre el servicio y la cuota no puede entenderse de ningún modo como en derecho privado y, por tanto, no debe perseguirse lucro alguno con la expedición de las copias certificadas. 20. En efecto, tanto la Primera como la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País han considerado que cuando la cantidad que se pretende cobrar por concepto de derechos por la expedición de copias certificadas, es mayor a la que puede encontrarse en el mercado, dependiendo de las condiciones especiales que pudieran atender a la oferta y demanda de cada escenario en lo particular, resulta totalmente desproporcionada, puesto que no es razonable que el precio total de la fotocopia certificada corresponda propiamente al costo de la certificación; ya que en ésta hipótesis el costo del servicio prestado por el Estado pasa a uno que incluye ganancias, lo que resulta inconstitucional, dado que nada justifica la cuantificación de ese pago en razón del servicio prestado y la expedición de las copias certificadas no debe perseguir lucro alguno. [.] 22. Así pues, de conformidad con lo expuesto, es dable concluir que resulta fundado lo aducido por el quejoso, pues al examinar la constitucionalidad del artículo 248, fracción I, inciso c), del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con base en su naturaleza jurídica de derecho y no de un impuesto, debe señalarse que para determinar si los derechos que se cobran por la prestación de servicios por parte del Estado son constitucionales, es necesario atender a una relación razonable entre el costo del servicio y la cantidad que por él se cobra al gobernado, ya que dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. 23. Ello aunado a que el Máximo Tribunal del País ha establecido que la actividad que implica para el Estado la expedición de copias certificadas, se traduce en expedirlas y certificarlas, esto es, reproducirlas y después de confrontarlas, reiterar que son iguales; y que dicho servicio se agota en el mismo acto en que se efectúa, por lo que no resulta congruente con el costo que para el Estado tiene la realización del referido servicio prestado, el que la cuota que se fije para su expedición sea mayor al que fluctúa en el mercado comercial. 24. En ese contexto, debe señalarse que resulta fundado lo que plantea la parte quejosa en su único agravio, en torno a que resulta indebido fijar como cantidad a pagar por el derecho que nos ocupa, la fijada como menor en diversa fracción, que resulta mayor a la considerada por nuestro Más Alto Tribunal en el ámbito comercial de $0.50 a $2.00. [.] (lo resaltado es propio) Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: El Subprocurador de Derechos y Obligaciones de la Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, deberá: Desaplicar al quejoso la carga tributaria que prevé el artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. El Tesorero de la Ciudad de México, deberá: Proceder a devolverle la cantidad excedente que cubrió el quejoso de conformidad con el precepto declarado inconstitucional en relación con la línea de captura 772310040475644P54AM, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio "10296" (foja 207), el Apoderado Legal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en representación del Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, remitió entre otros, copia certificada de la siguiente documental: Acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 044/PAAS/2016 (foja 214). En ese sentido, de la documental en referencia se advierte que la autoridad responsable emitió un pronunciamiento expreso en el que desaplicó de la esfera jurídica del quejoso la carga tributaria prevista en el artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, vigente para el año dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. Asimismo, mediante oficio registrado con el folio "22325" (foja 448 a 450), el Administrador Tributario en San Lázaro de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, indicó la cantidad que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, le correspondía al quejoso. Posteriormente, en auto de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 559 a 565), este Juzgado Federal determinó la cantidad que debía ser devuelta al quejoso en cumplimiento a la sentencia de amparo; requiriendo al quejoso a efecto de que se constituyera en la oficinas de la autoridad responsable a efecto de que le fuera entregada la cantidad que le correspondía, asimismo, se requirió a la responsable para que remitiera las documentales con las que acreditara haber realizado al entrega del pago correspondiente a favor de la parte quejosa. En desahogo a lo anterior, mediante escrito registrado con el número de promoción "8247" (fojas 574 y 575) el quejoso manifestó que se constituyó en las oficinas de la autoridad responsable y recibió la referencia bancaria número 000010409116002018 por el monto de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, le indicaron que en fecha posterior se le haría entrega de la diversa referencia bancaria por la cantidad de $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, mediante oficios registrados con los folios "8737" y "9678" (fojas 579 y 586, respectivamente), el Administrador Tributario en San Lázaro de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, remitió, entre otros, copia certificada de las siguientes documentales: Acuse de recibo de la referencia bancaria número 000010409116002018, por la cantidad de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) (foja 580). Acuse de recibo de la referencia bancaria número 000010120416002019 por la cantidad de $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) (foja 588). Constancias con las que en proveídos de veintinueve de marzo y ocho de abril de dos mil diecinueve (foja 585 y 591, respectivamente), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su derecho legal conviniera, sin que se pronunciara al respecto. Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Desaplicar al quejoso la carga tributaria que prevé el artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. Proceder a devolverle la cantidad excedente que cubrió el quejoso de conformidad con el precepto declarado inconstitucional en relación con la línea de captura 772310040475644P54AM, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 044/PAAS/2016 (foja 214) en el que se aprecia lo siguiente: "(.) se procede a desaplicar al quejoso la carga tributaria que prevé el artículo 248 fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las Autoridades Administrativas en la Ciudad de México." Acuse de recibo de la referencia bancaria número 000010409116002018, por la cantidad de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) (foja 580) Acuse de recibo de la referencia bancaria número 000010120416002019 por la cantidad de $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) (foja 588) Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable acató los extremos de la concesión de la protección constitucional; se dice lo anterior, ya que desaplicó de la esfera jurídica del quejoso la carga tributaria prevista en el artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, vigente para el año dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México; y acreditó el pago de las cantidades de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y la de $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cantidad excedente cubierta por el quejoso. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque las autoridades responsables y vinculadas la acataron en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
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