José David García Mendoza
Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José David García Mendoza
Actuaciones
- Principal
Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, en su atención, se le tiene informando que ese órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia planteada, respecto del conocimiento de la demanda de amparo que originó el presente asunto. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En treinta de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos registrado bajo el número 10259. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, al que adjunta el juicio de amparo 622/2021, formado con motivo de la demanda promovida por José David García Mendoza, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en razón a que estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma por razón de territorio. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 445/2021. 1.2. No se acepta competencia. Ahora, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por las siguientes consideraciones. El acto reclamado por el quejoso, consiste en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, específicamente, lo siguiente: ".OTRO ACUERDO.- Dígase que no ha lugar a admitir en trámite el recurso de revisión que intenta, toda vez que no se encuentra contemplado por la legislación mercantil, además de que deberá estarse a lo acordado por auto de esta misma fecha.". Ahora, el argumento que tomó en consideración la autoridad declinante, consiste en que el auto de veintitrés de junio del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 815/2019, por el que la autoridad responsable negó admitir el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia interlocutoria dictada con motivo del incidente de liquidación de sentencia, en la que se le concedió el término de tres días hábiles para que cumpliera con la misma, con apercibimiento que de no hacerlo se procedería su ejecución forzosa, por la cantidad de $68.658.00 (sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n), tendría ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán, En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla nos dice que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Ahora, siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, se debe verificar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, debe determinarse, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta aplicable para resolver el presente asunto. Así, es menester puntualizar que la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Con base en esa premisa, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. Dichas reglas resultan útiles para examinar el carácter procesal del proveído reclamado por la parte quejosa, mismo que es de naturaleza declarativa. Ello es así, pues no debe perderse de vista que si bien en el auto impugnado existe un apercibimiento, lo cierto es, que el acto reclamado consiste en la parte considerativa que precisa y subraya el quejoso como "OTRO ACUERDO.- Dígase que no ha lugar a admitir en trámite el recurso de revisión que intenta, toda vez que no se encuentra contemplado por la legislación mercantil, además de que deberá estarse a lo acordado por auto de esta misma fecha.", y si bien, dicho proveído precisa que deberá estarse a lo acordado por auto de misma fecha, lo cierto es, que tal conclusión, en modo alguno conlleva una ejecución material, por si misma, sino una simple declaratoria. Al respecto, la doctrina procesal ha establecido que las sentencias declarativas son aquellas que, por su propia naturaleza, pueden prescindir de actos de ejecución, porque su sola emisión incide directamente en la esfera jurídica de las partes interesadas, es decir, son capaces de producir de manera automática los beneficios perseguidos por el demandante, sin que para ello sea necesaria la realización posterior de actos de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguiente: "SENTENCIAS DECLARATIVAS, SU OBJETO." Y "SENTENCIAS DECLARATIVAS. SU CONCEPTO." Puntualizado lo anterior, cabe sostener, que el auto reclamado que declaró inadmisible el recurso de revisión intentado por la parte quejosa, no es de aquellos que por su naturaleza conlleven una ejecución material, sino que, como ya se dijo, es de naturaleza declarativa, virtud a que sus efectos atento a su naturaleza jurídica no requieren una ejecución posterior procesal o material, pues atendiendo a sus efectos, el auto reclamado únicamente se concretó a declarar improcedente el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, sin que al respecto haya impuesto u ordenado determinada conducta que implique alguna consecuencia que se traduzca en ejecución material del proveído impugnado. Así las cosas, el auto reclamado, contrario a lo sostenido por el Juez declinante, en opinión del que resuelve constituye una determinación eminentemente declarativa y, por tanto, se debe atender a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto señala que es competente para conocer del juicio de amparo de que se trata, el Juez de Distrito que haya conocido a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO." y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia planteada y se ordena devolver el juicio de amparo al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose atentamente el acuse de recibo de estilo y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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