José David Cholac Méndez
Expediente 916/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2018
Partes del expediente
- José David Cholac Méndez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso del quejoso; sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta y uno de agosto del año en curso (fojas 27-30), se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado a través del secretario general de acuerdo y del pleno, con domicilio en esta ciudad; y dese nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, de las manifestaciones que realiza la citada autoridad se advierte que el expediente laboral *** de donde deriva el acto reclamado fue turnado al Magistrado de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, cumpliendo con los requisitos del numeral 108 de la ley en comento, indique si amplía la demanda respecto del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Deberá exhibir copia del escrito de ampliación para cada una de las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se le apercibe que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra la autoridad señalada en el escrito inicial de demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, registro 182617, de rubro y textos siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo". En consecuencia; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DOCE HORAS DEL CUATRO SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado y Secretaria General de dicho órgano, residentes en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 646/2018-I. Ahora bien, este juzgado de distrito debe analizar la procedencia de la demanda de amparo, tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que respecto a la autoridad responsable Secretaria General del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se patentiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 5: Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". En virtud de lo anterior, el secretario de acuerdos sólo es un fedatario, sin facultad decisoria, quien carece de la potestad de dictar resoluciones, la que está reservada al titular del Órgano Jurisdiccional. Por lo tanto, si solamente aquél autoriza en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, no puede adquirir la jerarquía de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5, fracción II, antes invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.J/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, abril de 1997, página 185, con número de registro 198939, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario". Así las cosas, al quedar planamente acreditada la causal de improcedencia precitada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo en cuanto a la autoridad señalada como responsable Secretaria General del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En virtud de lo anterior, tenemos que respecto de tal acto reclamado se patentiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Los ordenamientos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "artículo 5: Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De conformidad con los dispositivos legales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros, probables e inciertos. En principio, conviene señalar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. De igual manera, ha sostenido que el agravio debe ser directo, esto es, quien sufra tal afectación debe promover juicio de amparo en su contra, por ser quien resulta directamente perjudicado con el acto reclamado, y no así, por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, como se advierte de la tesis de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." Sentado lo anterior, se colige que el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro, remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa manifestó aún no se le ha asignado número a su demanda laboral presentada ante el tribunal responsable, por lo tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandad en dicho juicio no le causa un agravio actual, por tratarse de un acto futuro e incierto, pues no se tiene la certeza que se haya admitido el juicio. Por tanto, al resultar que el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandad en el juicio laboral de origen, se trata de un acto futuro e incierto para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, al quedar planamente acredita la causal de improcedencia precitada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley reglamentaria y de los ordenamientos 103 y 107 constitucionales, se desecha parcialmente la demanda de amparo en cuanto al acto consistente en la omisión de emplazar a la parte demandad en el juicio laboral de origen. ADMISIÓN Por otra parte, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ************, contra actos del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, contra el acto reclamado consistente en asignarle número y radicar la demanda promovida por el aquí quejoso. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, la que asciende a la cantidad de $2,418 (dos mil doscientos cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). TERCERO INTERESADO La parte quejosa señala como tercera interesada a la ************, residente en esta ciudad. Sin embargo, tomando en consideración que del contexto integral de la demanda de amparo, se observa que a la fecha de presentación el mismo no ha sido emplazada en el juicio natural y dado que tiene el carácter de tercero interesado aquel sujeto que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado y que ha intervenido en el procedimiento de origen, lo que en el caso, a la fecha de la presentación de la demanda, no acontece, por tal motivo no ha lugar a tenerla con tal carácter. Tiene aplicación la tesis, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a no contar con su respectiva cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.
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