José David Cabrera Canales
Expediente 538/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala.
- José David Cabrera Canales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99 a 102), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Se ordena devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de once de septiembre de dos mil diecinueve: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99 a 102), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Se ordena devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veinte de agosto de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veinte de agosto de dos mil diecinueve. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 90 a 92), para que ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado de autos y de las constancias remitidas por la autoridad responsable Directora Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación de las autoridades responsables -Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Dirección de Presupuesto de esa misma Secretaría- (fojas 37 a 89), se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: La omisión de acordar el oficio número: CG/PRESIDENCIA/05/2019, recibido el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, por el que solicitó el registro de firmas para la asignación de ministraciones a la cuenta bancaria número 65507209034 a nombre del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con CLABE Interbancaria 014830655072090345 de la Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la omisión de acordar el oficio número: CG/PRESIDENCIA/05/2019, recibido el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, por el que solicitó el registro de firmas para la asignación de ministraciones a la cuenta bancaria número 65507209034 a nombre del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con CLABE Interbancaria 014830655072090345 de la Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada. Y, de las constancias remitidas por la Directora Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 37 a 89), a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que mediante oficio número S.PF./158/2019 de nueve de julio de dos mil diecinueve, emitió respuesta a la petición planteada; asimismo, que dicha respuesta se notificó a las parte quejosa el nueve de julio de dos mil diecinueve, como se desprende del sello de recibido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (foja 88). Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues el nueve de julio de dos mil diecinueve la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud de registro de firmas para la asignación de ministraciones a la cuenta bancaria número 65507209034 a nombre del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con clave Interbancaria 014830655072090345 de la Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, misma que fue notificada a la parte quejosa en la misma fecha (foja 88). Asimismo, como consta en autos la parte quejosa no amplió su demanda de amparo respecto del oficio S.P.F/158/2019 de nueve de julio actual, que contiene la respuesta a su petición; no obstante estar debidamente notificada como consta en la certificación de cuenta. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a las autoridades responsables, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 90 a 92), a fin de ampliar su escrito de demanda. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, SE DIFIERE y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
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