Jose David Cabrera Canales

Expediente 698/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
698/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Jose David Cabrera Canales
  • Comision Instructora de Juicio Politico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acusa recibo y admite a trámite recurso de queja. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial, adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 36265 e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra el auto dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Ábrase y fórmese expedientillo con copia del escrito registrado ante este juzgado con el número 15888, signado por el quejoso JOSE DAVID CABRERA CANALES, al que acompaña su escrito de expresión de agravios dirigido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de octubre del presente año; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de dieciocho de octubre del presente año, dictado en el este asunto; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    ***Ábrase y fórmese expedientillo con copia del escrito registrado ante este juzgado con el número 15888, signado por el quejoso JOSE DAVID CABRERA CANALES, al que acompaña su escrito de expresión de agravios dirigido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de octubre del presente año; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de dieciocho de octubre del presente año, dictado en el este asunto; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    ***Agréguense a sus autos los oficios números 9007/2019 y 9014/019, suscritos por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve la copia certificada deducida del juicio de amparo número 698/2019-ll-B, y remite testimonio de las ejecutorias pronunciadas en los recursos de queja números 163/2019 y 167/2019, promovidas por la Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala y Actuaria Parlamentaria de la LXlll Legislatura de dicho Congreso y Diputados Integrantes de la LXlll Legislatura del Congreso del Estado, en las que resolvió: "UNICO.- Se declara fundado el presente recurso de queja.". Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguese el expedientillo formado con motivo de la revisión interpuesta en dicho juicio. Ahora bien, en cumplimiento a las ejecutorias de cuenta, se procede análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiera allegar las partes. En otras palabras el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2º.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.- La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertida y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el caso, se advierte que José David Cabrera Canales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como del Presidente de la Mesa Directivas y Diputados de ese órgano legislativo, que hizo consistir en: a) la omisión de presentar dictamen de conclusiones ante el Pleno del Congreso del Estado; b) la omisión de convocar a los diputados integrantes de la Comisión de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes a la sesión extraordinaria de diecisiete de julio de dos mil diecinueve; c) El procedimiento de destitución al cargo de Comisionado Propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como las consecuencias derivadas de juicio político; y d) el pago de emolumentos que dejó percibir al separarse de su cargo. En contra de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)." Conforme a lo establecido por la norma transcrita, el juicio de amparo en la vía indirecta, es improcedente contra resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, de las Legislaturas de los Estados o de sus comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, dicha hipótesis está condicionada a que las Constituciones respectivas confieran a los órganos legislativos mencionados la potestad de resolver de manera soberana o discrecional ese tipo de controversias. En efecto, tratándose de juicio político, el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone: "ARTÍCULO 109. El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra los consejeros electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa y desafuero; IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la Ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; V. (Derogada, P.O. 18 de julio de 2017) VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el titular de un órgano público autónomo, y IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a seguir en estos casos." De conformidad con lo anterior, el juicio político es un procedimiento que tiene por objeto determinar la responsabilidad de los funcionarios que la propia disposición señala (entre los que se encuentran los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala), por conductas que encuadran en los supuestos previstos por la ley que generan perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Este mecanismo se tramita ante el Congreso del Estado, a través de una comisión instructora, misma que está encargada de presentar la acusación correspondiente con sus pruebas al Pleno de dicho órgano legislativo, quien resolverá en definitiva respecto del juicio de procedencia y desafuero. Las resoluciones que dicte el Congreso en juicio político son inatacables. Atendiendo la regulación normativa que en torno al juicio político establece la Constitución Local, se estima que las resoluciones dictadas dentro de tal procedimiento que decidan sobre la responsabilidad política de un funcionario, revisten características que permiten clasificarlas como soberanas -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no se exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala (misma que en el título segundo prevé las formalidades relativas a la substanciación y resolución del juicio político), establezca una serie de requisitos que se deben observar al celebrase la sesión en la que el Pleno del Congreso -erigido en Jurado de Acusación- resuelva el dictamen de conclusiones presentado por la Comisión Instructora, por ejemplo, el quórum necesario para fallar el asunto. Ello, pues tal formalidad no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que -se insiste- no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, de modo que cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, se concluye que si en la especie el quejoso reclamó en su demanda, actos y omisiones que atribuye al Congreso Local, dentro de un juicio político que culminó con la destitución del cargo que ostentaba como Comisionado Propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es patente que se configura de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia en estudio, ya que el peticionario pretende controvertir actos y omisiones en que -según su dicho- incurrió el órgano legislativo estadual dentro de un juicio político, en ejercicio de una facultad soberana que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo.. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 470, Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. A título de abundamiento, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones de los congresos locales en juicio político, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé que los Estados Parte tienen la obligación de instituir en sus legislaciones internas un recurso judicial efectivo, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido el criterio relativo a que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión planteada. De ahí que la ratio legis del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, consiste en privilegiar la voluntad del legislador local de otorgar al Congreso del Estado, la facultad soberana para resolver sobre la responsabilidad política de los funcionarios públicos, pues al tratarse de una facultad con tal atributo, la decisión que al respecto se emita, es el resultado de la apreciación individual que del asunto adquiere la legislatura local, misma que reside en su fuero interno y no puede ser suplantada por ninguna persona u órgano. Tiene aplicación, por las razones que la integran, el criterio emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 601, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para tal efecto a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente.

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