José David Barbosa Maldonado
Expediente 462/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José David Barbosa Maldonado
Actuaciones
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Se avoca al conocimiento del asunto Agréguese a los autos del presente sumario el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria del Juzgado ------- de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, informa que dicho órgano jurisdiccional recibió los autos originales del juicio de amparo ----/2021-2, promovido por -------------------------------------------------------------------------------------------------------------., por lo que se avoca al conocimiento del asunto. Vinculación de expediente en SISE Ahora, por lo que hace a su petición de la oficiante, en el sentido que se le permita el acceso al expediente electrónico, instrúyase a la Analista Jurídico SISE a efecto de que vincule el presente sumario constitucional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo Expuesto lo anterior, al no existir diligencias pendientes por dictar, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del numeral 20 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo.????????????????????????????En consecuencia, una vez transcurridos seis meses, a partir de la notificación de este presente proveído, procédase a la destrucción de este expediente. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por -------------------------------------------------------------------------, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de once de junio de dos mil veintiuno. Incompetencia Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo Del análisis del precepto enunciado se advierten tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio. Una de ellas consiste en que, para determinar la competencia del Juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, donde el quejoso haya presentado la demanda, será el competente para conocer del juicio biinstancial. En la tercera regla se establece el caso de cuando la resolución reclamada en el juicio de derechos fundamentales no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo que debe tomarse en consideración es la naturaleza de lo combatido, para establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el juzgado competente es aquél en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de garantías. En el particular, la parte quejosa señaló como actos reclamados, en primer término las siguientes: --------------------------------------------------------------------------. - Su ejecución, relativa a la inscripción, registro y avalúo de los bienes asegurados; Por la sociedad ------------------------------------., reclama: - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a llevar a cabo trabajos y diligencias que ordena en el acuerdo de aseguramiento de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. - El aseguramiento y órdenes de cateo que en su oportunidad emita o solicite el Ministerio Público para ingresar a los lotes mineros a que hace referencia en el inciso anterior. - El aseguramiento de las concesiones mineras de que son titulares mis representadas derivadas de la denuncia presentada por ---------------------------------------------, por el que dice delito a bienes de la Nación. De acuerdo con lo anterior, es asequible observar que la regla de competencia aplicable en el caso concreto, es aquélla que se alude en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado conlleva un principio de ejecución -descartando así la regla señalada en el párrafo tercero, atinente a la carencia de ejecución material-, siendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquél en donde se está ejecutando la afectación a los derechos de la parte quejosa con motivo del aseguramiento decretado por la representación social, lo cual sólo acontece en el Estado de --------. Lo anterior es así, dado que en el escrito de desahogo que se atiende, el promovente de la demanda, precisó que los actos consisten en el aseguramiento y su ejecución que en el caso se traduce en la inscripción, registro y avalúo de la ----------------------------------------------------------------------------- su aseguramiento y órdenes de cateo de los mismos. Predios que se encuentran en el Estado de ---------. Cabe destacar que incluso los actos que ahora se pretenden combatir, de acuerdo con los antecedentes relatados en el escrito de desahogo, provienen del cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo ---/2018, del índice del Juzgado ----------------------------------------------------. Así, tomando en cuenta que para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice dicha orden, es decir, la localidad en que se encuentren los lotes mineros y, en el caso, éstos se encuentran en el Estado de Durango, por tanto, es competencia del Juez de Distrito en aquélla entidad federativa. Así, tomando en cuenta que para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de ---------------------------------, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice el aseguramiento, y, en el caso, los predios a que hace referencia la parte quejosa se encuentran en la ciudad de Durango, Estado de Durango, por tanto, es competencia del Juez de Distrito en aquélla entidad federativa. Expuesto lo anterior, se declina competencia por razón de territorio para conocer de la demanda en favor del Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en Turno; por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en dicho estado y sede, para que por su conducto sea remitida al Juzgado que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. SISE Luego, instrúyase a la Analista Jurídico SISE a efecto de que realice tal precisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa....."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO "Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por José David Barbosa Maldonado promoviendo en su carácter de apoderado general de las sociedades mercantiles MINAS ARGENTA, S.A.DE C.V., MINAS DE BACIS, S.. DE C.V. y GRUPO MINERO BACIS S.A. DE C.V., por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de once de junio de dos mil veintiuno. Incompetencia Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto enunciado se advierten tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio. Una de ellas consiste en que, para determinar la competencia del Juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, donde el quejoso haya presentado la demanda, será el competente para conocer del juicio biinstancial. En la tercera regla se establece el caso de cuando la resolución reclamada en el juicio de derechos fundamentales no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo que debe tomarse en consideración es la naturaleza de lo combatido, para establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el juzgado competente es aquél en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de garantías. En el particular, la parte quejosa señaló como actos reclamados, en primer término las siguientes: Por las sociedades GRUPO MINERO BACIS S.A. DE C.V., reclama: ? El acuerdo de aseguramiento de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno decretado en la carpeta de investigación FED/DGO/SNP/0000338/2017, hoy FED/SEIDF/UEIDAPLE-DGO/0001277/2020; ? Su ejecución, relativa a la inscripción, registro y avalúo de los bienes asegurados; Por la sociedad GRUPO MINERO BACIS S.A. DE C.V., reclama: ? Las órdenes de permitir el acceso respecto de los lotes mineros "EL HERRERO, T.166021, EL SANTO NIÑO T.166028, AMPLIACION DEL SANTO NIÑO T.16036, propiedad de sus presentadas a efecto de que la Dirección de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, Dirección General de Minas Terceros Extraños ingresen a la Unidad Minera "EL HERRERO" a llevar a cabo trabajos y diligencias que ordena en el acuerdo de aseguramiento de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. ? El aseguramiento y órdenes de cateo que en su oportunidad emita o solicite el Ministerio Público para ingresar a los lotes mineros a que hace referencia en el inciso anterior. ? El aseguramiento de las concesiones mineras de que son titulares mis representadas derivadas de la denuncia presentada por Alfredo Rafael Valdez Suárez, por el que dice delito a bienes de la Nación. De acuerdo con lo anterior, es asequible observar que la regla de competencia aplicable en el caso concreto, es aquélla que se alude en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado conlleva un principio de ejecución -descartando así la regla señalada en el párrafo tercero, atinente a la carencia de ejecución material-, siendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquél en donde se está ejecutando la afectación a los derechos de la parte quejosa con motivo del aseguramiento decretado por la representación social, lo cual sólo acontece en el Estado de Durango. Lo anterior es así, dado que en el escrito de desahogo que se atiende, el promovente de la demanda, precisó que los actos consisten en el aseguramiento y su ejecución que en el caso se traduce en la inscripción, registro y avalúo de la 2ª AMP. DE LA PURISIMA T.185623 de exploración y T.212101 de explotación, así como las órdenes de permitir el acceso respecto de los lotes mineros "EL HERRERO, T.166021, EL SANTO NIÑO T.166028, AMPLIACION DEL SANTO NIÑO T.16036, su aseguramiento y órdenes de cateo de los mismos. Predios que se encuentran en el Estado de Durango. Cabe destacar que incluso los actos que ahora se pretenden combatir, de acuerdo con los antecedentes relatados en el escrito de desahogo, provienen del cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 1546/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. Así, tomando en cuenta que para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice dicha orden, es decir, la localidad en que se encuentren los lotes mineros y, en el caso, éstos se encuentran en el Estado de Durango, por tanto, es competencia del Juez de Distrito en aquélla entidad federativa. Sirve de sustento la jurisprudencia PC.I.P. J/45 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital 2017879, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, página 1509, que señala: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. Así como la jurisprudencia I.1o.P. J/6 (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital 2018880, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 764, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Así, tomando en cuenta que para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento de un bien inmueble, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice el aseguramiento, y, en el caso, los predios a que hace referencia la parte quejosa se encuentran en la ciudad de Durango, Estado de Durango, por tanto, es competencia del Juez de Distrito en aquélla entidad federativa. Expuesto lo anterior, se declina competencia por razón de territorio para conocer de la demanda en favor del Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en Turno; por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en dicho estado y sede, para que por su conducto sea remitida al Juzgado que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. SISE Luego, instrúyase a la Analista Jurídico SISE a efecto de que realice tal precisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.."
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mesa 2*** Ciudad de México, once de junio de dos mil veintiuno. Prevención Vista la demanda de amparo promovida por ****, personalidad que acredita con las escrituras públicas ....., contra los actos y autoridades que en la misma precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 414/2021-4 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, .... Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. ...., requiérase al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, aclare lo siguiente: 1) Deberá precisar el acto o actos que combate en esta vía. ... 2) Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto reclamado. ... Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, ..., se tendrá por no presentada la demanda de amparo. ... Notifíquese...
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