Jose David Baeza Lopez
Expediente 673/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose David Baeza Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad Magistrada propietaria que integra la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio número 17340/2017 del índice de este órgano de control constitucional.
- Principal
Al no atender el citatorio el tercero interesado, por este conducto se procede a notificar el proveído de cinco de diciembre actual, que en lo conducente dice: VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de noviembre del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: "OCTAVO. ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA. En atención a las razones expuestas en el considerado precedente, se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por ***, para el efecto de que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: Deje insubsistente la resolución reclamada; y, Dicte otra en la que ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que el Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, deje sin efecto las actuaciones llevadas a cabo en el trámite del incidente, incluido el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y dicte otro proveído en el que expresamente requiera al agente del Ministerio Público de su adscripción para que investigue y acredite lo conducente a la petición del incidentista, respecto de la revisión, sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra el quejoso." Determinación que causó ejecutoria por auto de nueve de noviembre pasado. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 8967, firmado por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que adjuntó copia certificada de la nueva resolución pronunciada el diecisiete de noviembre del año que transcurre, en los autos del Toca número 43/2017, de su índice, en la cual, primeramente dejó sin efectos la resolución materia de la presente Litis, en la que se resolvió la petición de revisión de medida cautelar, en el proceso que se instruye en contra de José David Baeza López, dentro de la causa penal número ***, del índice del Juzgado Primero en Materia Penal de este Partido Judicial, y dictó una nueva, en la que ordena la reposición de ese procedimiento de primera instancia, para que deje sin efecto las actuaciones llevadas a cabo en el trámite del incidente, incluido el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y dicte otro proveído en el que expresamente requiera al Agente del Ministerio Público de su adscripción para que investigue y acredite lo conducente a la petición del incidendista, respecto de la revisión, sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra el inculpado. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. DESTRUCCIÓN DEL ORIGINAL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue negada la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por LA Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 774, suscrito por la Magistrada de la Octava sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el que acusa recibo del diverso 13964, al que se le adjuntó copia autorizada de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre del año en curso. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; en la cual, por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2° , se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: "OCTAVO. ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA. En atención a las razones expuestas en el considerado precedente, se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por José David Baeza López, para el efecto de que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: I. Deje insubsistente la resolución reclamada; y, II. Dicte otra en la que ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que el Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, deje sin efecto las actuaciones llevadas a cabo en el trámite del incidente, incluido el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y dicte otro proveído en el que expresamente requiera al agente del Ministerio Público de su adscripción para que investigue y acredite lo conducente a la petición del incidentista, respecto de la revisión, sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra el quejoso." REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remitan a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. En último orden, tomando en consideración que dicha responsable, goza de autonomía e independencia en su actuar; no es el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico, atendiendo lo plasmado de manera específica en la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, al resolver el Amparo en Revisión Administrativo número 6/2016, interpuesto en los autos del juicio de amparo 931/2015, del índice de este Juzgado Federal, quien refirió que toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía (autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones), no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. En otro orden, toda vez que resulta innecesaria la retención de las pruebas documentales que adjuntó a su informe de ley la precitada autoridad responsable, consistente en copia fotostática certificadas de algunas de las constancias integrantes del toca 43/2017, de su índice, las cuales obran agregadas al sumario (foja 49 a la 66), previo desglose, se ordena devolverlas a su lugar de origen. De igual manera, corren la misma suerte las diversas documentales consistentes en el duplicado del proceso penal número 121/2016 en siete tomos, que a petición de la Magistrada responsable remitió el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, con los que se formó igual número de cuadernos de pruebas por separado; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse al precitado Juez. Solicítese en ambos casos el acuse de recibo.
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