Jose Darwin Jimenez Perez
Expediente 1014/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2017
Partes del expediente
- Jose Darwin Jimenez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos consta un documento original exhibido por la parte quejosa (foja 17), como anexo de su escrito inicial de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios signados por las autoridades responsables 1. Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, y 2. Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento efectuado en trece de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 39 y 40) y remiten copia certificada del acuse de recibo folio 014871 de diecinueve de septiembre del presente año. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten las autoridades responsables. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la inscripción de los acuerdos planteados en el acta de asamblea de diez de julio de dos mil dieciséis, celebrada en el ejido Nuevo Rodulfo Figueroa, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que las autoridades responsables desplieguen una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que las propias autoridades a quienes se les atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de las responsables debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables 1. Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, y 2. Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad de inscribir los acuerdos planteados en el acta de asamblea de diez de julio de dos mil dieciséis, celebrada en el ejido Nuevo Rodulfo Figueroa, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Ahora, se observa que las citadas autoridades responsables, adjunto a los informes de cuenta remitieron el acuse de recibo folio 014871 de diecinueve de septiembre del presente año, del cual se advierte fue entregado al autorizado del quejoso el registro de inscripción del acta de asamblea, subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo fueron inscritos los acuerdos planteados en el acta de asamblea de diez de julio de dos mil dieciséis, celebrada en el ejido Nuevo Rodulfo Figueroa, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, circuntancia que se corrobora con la copia certificada del acuse de recibo remitido por las autoridades de cuenta, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de las citadas autoridades, consistente en la omisión de la inscripción de los acuerdos planteados en el acta de asamblea de diez de julio de dos mil dieciséis, celebrada en el ejido Nuevo Rodulfo Figueroa, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la entrega del registro del acta de asamblea. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue la omisión original en que se encontraban y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del tres de octubre del año en curso. Sin que obste a lo anterior la anotación efectuada por el oficial de partes adscrito a este juzgado relativo a la falta de sello en la certificación, toda vez que del contenido de las copias certificadas se advierten las formalidades tales como folio, rubrica, sello al anverso de cada foja, así como la firma del registrador adscrito a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 39 y 40), se requirió a las autoridades responsables 1. Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, y 2. Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días remitieran diversas constancias a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, plazo que aún no comienza a transcurrir. En consecuencia, a fin de dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, y 2. Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las responsables a los profesionistas que citan y como domicilio para oír citas y notificaciones el que señalan. Ahora bien, las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados indican haber acordado la petición realizada por el quejoso precisando que se encuentra en sus instalaciones y que el quejoso podrá recibirla en día y hora hábil en el área de atención a trámites de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Chiapas, sin embargo, no anexan pruebas fehacientes que lo acrediten, asimismo, refieren que la notificación correspondiente será remitida en alcance. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º requiérase a las citadas autoridades responsables, para que en el término de tres días, contando a partir de la notificación del presente auto, remita las constancias dónde se advierta que acordaron la petición del quejoso, así como su respectiva notificación. Finalmente, no pasa inadvertido el hecho de que las autoridades responsables 1. Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, y 2. Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, ambas con residencia en esta ciudad, haya solicitado que se tuviera por acreditada su personalidad con las copias certificadas de sus respectivos nombramientos, que anexaron a sus informes justificados; en atención a ello, es de precisarse que las autoridades responsables no tienen la obligación de acreditar el carácter con el que comparecen en el juicio de garantías, ya que la única obligación que se les impone es la de rendir sus respectivos informes, con oportunidad y en su caso acompañando las constancias que lo justifiquen, pero no existe precepto legal que las obligue al acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.3o.A.T.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, página 728, materia común, cuyo rubro y texto a la letra se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES. NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO DE AMPARO. No existe en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, precepto legal alguno que imponga como obligación a las autoridades responsables el acreditamiento expreso del carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías; pues inclusive, el artículo 19 de dicha ley establece la no representación de las autoridades responsables en los juicios de amparo, con la excepción que ahí se señala referente al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y los diversos 131 y 149 de la ley en comento imponen la obligación a las autoridades de rendir sus respectivos informes previos y con justificación, haciéndolo con la oportunidad que ahí se señala y acompañando en su caso las constancias que estimen conducentes para defender la constitucionalidad del acto reclamado, pero en manera alguna exigen el acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan." Notifíquese.
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