José Daniel Yeme Cárdenas

Expediente 875/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
875/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • José Daniel Yeme Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Las partes no impugnaron la determinación dictada en autos...en consecuencia, se declara que esa resolución causó estado...archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, cuya síntesis es: "Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito presentado el trece de agosto pasado. En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la ley, ya que el juicio biinstancial es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del amparo. Bajo ese tenor, se desprende que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones, ello con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, si en el caso el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito presentado el trece de agosto pasado, mediante el cual solicita se le informe respecto al cambio de adscripción de su centro de trabajo, es indiscutible que dicho reclamo no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa tienen el carácter de patrón de ésta en una relación de coordinación y no de suprasubordinación y el acto que se le reprocha está íntimamente vinculado con la relación obrero- patronal y con las condiciones fundamentales de la relación del quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí que, consiste un conflicto de índole laboral que deberá dilucidarse ante el Tribunal laboral competente; por tanto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, primer párrafo del 4 y 123 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, el Tribunal competente para dilucidar el caso que se analiza es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. En consecuencia, se concluye que las autoridades carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5°, de la ley, motivo por el cual es imposible tenerlas como responsables y menos ante el hecho de que el acto reclamado corresponde a la esfera del derecho privado, es decir, en la relación laboral que tienen como patrón frente a la parte quejosa. En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la ley, respecto de los actos imputados a la autoridad responsable. De igual manera, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de ley, en relación con el artículo 8° de la Constitución Federal. El derecho de petición consignado en el citado artículo 8°, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Por lo que, resulta improcedente pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición y la promoción del amparo. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el trece de agosto del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el uno de septiembre siguiente en la oficialía de correspondencia común del Trigésimo Segundo Circuito, es evidente que no ha transcurrido un término razonable a efecto de que la autoridad de contestación a su escrito de petición, pues únicamente habían acontecido dieciocho días naturales desde que el impetrante elevó su petición a las responsables; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" antes descrito. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la ley, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario. Con todo, que debe desecharse de plano la demanda de amparo.", lo anterior, porque no acudió a notificarse dentro del plazo otorgado con motivo del citatorio de veintiuno de septiembre del año en curso.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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