José Daniel Valdez Ochoa
Expediente 962/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- José Daniel Valdez Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra las constancia de notificación practicada al Ministerio Público Especializado en Transportes del Municipios de Tenango del Valle, Estado de México, respecto del proveído de veintinueve de abril del año en curso, atento a ello, se comisiona al actuario judicial adscrito para que notifique la determinación aludida a la citada autoridad responsable, para lo cual podrá investigar si es posible notificar por vía electrónica, interconexión o por correo electrónico; en el entendido de que deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación. Asimismo, de no realizarse la notificación de dichos términos deberá entregarse el oficio correspondiente por la vía ordinaria. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el juicio en que se actúa y se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo así como las constancias que lo integran, se advierten los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Secretaria Encargada de recibir demandas urgentes de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, *********** por conducto de ****************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: Autoridades Responsables 1. Fiscal General de la República. 2. Comisionado Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de México. 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 denominado "EL ALTIPLANO" localizado en el Estado de México, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 4. Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 1 denominado "EL ALTIPLANO" localizado en el Estado de México. 5. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la ciudad de México. 6. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación; con residencia en la Ciudad de México. 7. Titular del Sistema Penitenciario Federal, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación; con residencia en la Ciudad de México. 8. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 2 denominado "OCCIDENTE" localizado en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 9. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 3 denominado "NORESTE", localizado en Matamoros, Tamaulipas; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 10. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 4 denominado "NOROESTE" localizado en el Rincón, municipio de Tepic, Estado de Nayarit; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 11. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 denominado "ORIENTE" localizado en Cerro de León, municipio de Villa Aldama; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 12. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 6 denominado "SURESTE" localizado en Huimanguillo, Tabasco, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 13. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 7 denominado "NOR-NOROESTE" localizado en Gómez Palacio, Durango; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 14. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 8 denominado "NOR-PONIENTE" localizado en Guasave, Sinaloa; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 15. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 9 denominado "NORTE" localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 16. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 10 denominado "NOR-NORESTE" localizado en Monclova, Coahuila; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 17. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 denominado "CPS SONORA" localizado en Hermosillo, Sonora; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaria de Secretaría Gobernación. 18. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 denominado "CPS GUANAJUATO" localizado en Ocampo, Guanajuato; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 19. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 denominado "CPS OAXACA" en la localidad de Mengoli de Morelos, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, estado de Oaxaca; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 20. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 denominado "CPS DURANGO" ubicado en la localidad de Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, municipio de Gómez palacios, Durango; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 21. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 denominado "CPS CHIAPAS" ubicado en la localidad de Villa Comaltitan, en Tapachula, Chiapas; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 22. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 16 denominado "PAPANTLA VERACRUZ" ubicado en la localidad del Ejido Gildardo Muños, municipio de Papantla, en el Estado de Veracruz; dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. 23. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 denominado "ISLAS MARIAS" ubicado en Isla María Madre, Archipiélago de las Islas Marías, en el estado de Nayarit." ACTOS RECLAMADOS La orden de traslado a diverso centro de reclusión. Incomunicación. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó la suspensión de plano de los actos reclamados y, previa ratificación de la demanda, mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, se estima que en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. (.) Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) "III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional; se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios; es decir, se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Así, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. CESACIÓN DE EFECTOS. Por otro lado, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la incomunicación, también se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el juicio en que se actúa, se estima actualizada dicha hipótesis en virtud de que el acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en la "incomunicación" ha cesado en forma definitiva, en virtud de que las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, negaron su existencia, aunado a que en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, este órgano de control constitucional, determinó suspender de plano y oficio los actos reclamados, y en específico, el denominado como incomunicación. Aunado a que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, de forma expresa al rendir su informe justificado manifestó que en términos de los artículos 1 y 22 Constitucionales, 4, 9, fracción I y X, 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 9 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, salvaguardan y garantizan la integridad física y mental de las personas privadas de su libertad, sin aplicar procedimientos que deriven en condiciones de incomunicación, entre otros. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, se actualizara la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por las fracciones XX y XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Sin que pase desapercibido para este Juzgador, el hecho de que la autoridad responsable denominada Comisionado Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, no haya rendido su informe justificado ni exista constancia de la notificación respectiva, dado que, como ya quedó asentado en párrafos precedentes, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, es decir, la autoridad citada no tuvo a su disposición al quejoso; por ende, no pudo ejecutar ninguno de los actos aquí reclamados. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/6/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese el presente acuerdo como corresponda, una vez que se reanuden las labores del juzgado. Por otro lado, se ordena publicar el presente acuerdo en la lista electrónica del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal para conocimiento de las partes. Publíquese el presente acuerdo en la lista electrónica del Portal del Consejo de la Judicatura Federal y notifíquese como corresponda una vez que se reanuden las labores del juzgado.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vistos los oficios signados por el Agente del Ministerio Publico de Tenango del Valle, Estado de México, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, mediante los cuales en el primero rinden su informe relativo a la suspensión de plano y en el segundo informan que el quejoso ** fue puesto en libertad. En el caso a estudio, los actos reclamados, en términos del 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hicieron consistir en: 1. La detención del quejoso. 2. La desaparición Forzada. Así las cosas, una vez analizadas las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de Tenango del Valle, Estado de México, las cuales, tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, este órgano jurisdiccional advierte que: E once de diciembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Tenango del Valle, Estado de México, bajo el número NUC: **, se determinó la Libertad con reservas de Ley del quejoso, por lo que cesaron los efectos de los actos recamados, cómo se advierte del oficio signado por la Agente del Ministerio de Tenango del Valle, Estado de México, en el que ordenó la salida del directo quejoso. Atento a lo anterior, atendiendo a que el quejoso fue puesto en libertad, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Bajo esa óptica, se observa que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la propia autoridad responsable, mediante un acto posterior, destruyó el que dio origen a este sumario, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si le hubiera concedido el amparo, por lo que los actos reclamados no puede continuar surtiendo sus efectos. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por ello, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada dentro de los presentes autos, para tal efecto. Apoya la anterior determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.17
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