José Daniel Sánchez Hernández

Expediente 925/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
925/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • José Daniel Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA V. Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de trece de noviembre del presente año, se concedió la suspensión provisional. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; transcurridos tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de trece de noviembre del presente año, se concedió la suspensión provisional. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; transcurridos tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Incidental

    MESA V. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que la fedataria pública adscrita, hizo constar su imposibilidad para notificar los oficios 60697/2017 y 60788/2017, dirigidos a: "FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, TURNO PRIMERO, RESPONSABLE DE TURNO, LICENCIADO MAURICIO MORALES GALLEGOS"; en virtud de que no existe con esa denominación. En ese tenor se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice los ajustes necesarios en la base de datos a su cargo, respecto de la inexistencia de la referida potestad. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se desprende que en proveído de esta fecha dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio; por tanto, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables.

  4. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que la fedataria pública adscrita, hizo constar su imposibilidad para notificar los oficios 60693/2017 y 60773/2017, dirigidos a: "FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, TURNO PRIMERO, RESPONSABLE DE TURNO, LICENCIADO MAURICIO MORALES GALLEGOS"; en virtud de que no existe con esa denominación;. En ese tenor se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice los ajustes necesarios en la base de datos a su cargo, respecto de la inexistencia de la referida potestad. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, con Detenido, en la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en su denominación correcta), mediante el cual rinde informe justificado, para que obre como legalmente corresponda. En ese tenor se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice los ajustes necesarios en la base de datos a su cargo, respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable. Por otra parte, súmese el oficio firmado por la citada autoridad, mediante el cual informe la resolución respecto a la situación jurídica del quejoso. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, Concepción Aracely Hernández Espinoza presentó demanda de amparo a favor de José Daniel Sánchez Hernández, en la que reclamó: LA DETENCIÓN EJECUTADA. En ese sentido, acorde a la razón actuarial que obra a fojas 14, se desprende que la autoridad responsable señalada por el solicitante de amparo como: "FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, TURNO PRIMERO, RESPONSABLE DE TURNO, LICENCIADO MAURICIO MORALES GALLEGOS", no existe con esa denominación; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto al acto de ejecución que se le reclama. En esa tesitura, ante la inexistencia de la autoridad responsable, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por otro lado, es cierto el acto reclamado consistente en la detención ejecutada que se atribuye al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, con Detenido, en la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en su denominación correcta), pues así se advierte de la constancias que acompañó a su informe justificado, relativas a la carpeta de investigación CI-FCI/ACI/UI-1 C/D/00231/07-2017. De dichas constancias, se aprecia que los policías remitentes Eduardo Quintero Anastacio y Joaquín Muñoz Patiño, detuvieron el día trece de noviembre pasado, aproximadamente a las diecisiete horas con cinco minutos al quejoso José Daniel Sánchez Hernández, en flagrancia; por lo que, a las veinte horas de esa fecha, la autoridad ministerial decretó acuerdo de retención en contra del quejoso. Ahora bien, de las constancias que acompaña la Representación Social al oficio recibido en esta fecha, mediante el cual informó acerca de la situación jurídica del quejoso; se advierte que se ejercitó acción penal en su contra como probable responsable de la comisión del delito robo agravado calificado. Entonces, al ser la detención ejecutada, el acto que por esta vía se reclama y en atención a que el quejoso José Daniel Sánchez Hernández, fue consignado ante el Juez de Control correspondiente, ya que se ejercitó acción penal en su contra, se concluye que ha quedado resuelta la situación jurídica del quejoso, pues en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto al acto inicial reclamado. El objetivo de la detención en flagrancia por parte del Ministerio Público se satisface al momento de que se ejercita acción penal en contra del quejoso, momento en el que opera el cambio de situación jurídica y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en tales condiciones, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 892, del tomo LXXXIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas". Se aplica al caso la tesis de jurisprudencia número I.7o.P. J/3, consultable en la página 1600, tomo XX, septiembre 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto y rubor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Y la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, publicada en la página 386, tomo XVIII, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea óbice a lo anterior, que las autoridades responsables no hayan rendido informe justificado, ya que del informe y constancias remitidas a este este controvertido constitucional, constituye un hecho notorio el sobreseimiento del presente juicio, por lo que la rendición de su informe justificado resulta innecesario para estar a lo acordado en los párrafos precedentes. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

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