José Daniel Ruiz Ruiz

Expediente 622/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
622/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
16/08/2018

Partes del expediente

  • José Daniel Ruiz Ruiz
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Feneció el término para recurrir el auto de referencia, en consecuencia, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como total y definitivamente concluido, este asunto no es de relevancia documental por lo que es susceptible de destrucción. Desglósese y devuélvase a la responsable las copias certificas que remitió. E 3 OF

  2. Principal

    ... se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo... se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto; háganse las anotaciones respectivas y del conocimiento de las partes la presente determinación... T 3 of

  3. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 622/2018-III del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído que dice: Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se desprende que la autoridad designada como responsable Ayuntamiento de Texcoco, del Estado de México, por conducto de su apoderado legal, rindió su informe justificado, al que anexó copia certificada de lo actuado en los procedimientos administrativos AJ/48/2018 y AJ/03/2014, cuyo estudio permite advertir la actualización de una notoria, manifiesta e indudable causa de improcedencia; por tanto, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se pronuncia sobre ella, en los términos siguientes. Al caso es aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página: 1947, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.- Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto". Como cuestión previa, es menester señalar que el presente juicio de amparo se inició con motivo de la demanda suscrita por José Daniel Ruiz Ruiz, en la que señaló a las autoridades responsables y a los actos reclamados siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a). H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. b). EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN). c). TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NÚMERO 23, DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO. A). LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE JUICIO DEL SUSCRITO DENTRO DE ALGUN JUICIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN MI CONTRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. B). LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE JUICIO DEL SUSCRITO DENTRO DE ALGUN JUICIO AGRARIO, SEGUIDO EN MI CONTRA POR PARTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO NUMERO 23 DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO. C). LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE JUICIO DEL SUSCRITO DENTRO DE ALGUN JUICIO ADMINISTATIVO Y/O AGRARIO, SEGUIDO EN MI CONTRA POR PARTE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.". Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Unitario Agrario número 23 y el Registro Nacional Agrario negaron los actos atribuidos. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento y llamado al procedimiento administrativo, atribuido en la demanda de amparo al Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que no se impugnó dentro de los plazos previstos en el artículo 17 en relación con el diverso 18, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". De conformidad con el primer párrafo del precepto anterior, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el arábigo 17 de la Ley de Amparo, establece: "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así, tenemos que en este caso, el dispositivo legal acabado de transcribir, prescribe que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días hábiles, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame A este respecto es aplicable, por similitud de condiciones jurídicas, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).- El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Ahora bien, la causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: En la especie, la parte quejosa compareció al presente juicio de amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño por equiparación, pues adujo como acto reclamado, la falta de emplazamiento y llamamiento a juicio (sic) administrativo y/o agrario, seguido en su contra. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, se advierte que se instruyó el procedimiento administrativo identificado con el número AJ/03/2014 y que el quejoso compareció al mismo, dado que tuvo intervención en la audiencia realizada el veinticinco de abril de dos mil catorce, en el cual se le puso a la vista las constancias relativas y se le dio la oportunidad no sólo de expresar lo que a sus intereses conviniera, sino también de ofertar las pruebas que estimara idóneas para justificar sus pretensiones, por lo que, con ello perdió su calidad de tercero extraño por equiparación, pues al haber sido llamado al procedimiento en cuestión, tuvo la oportunidad de impugnar las actuaciones y hacer valer los medios de defensa que estimara procedentes. Al caso es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).- Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Por lo tanto, si la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento administrativo instruido en su contra, por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco, Estado de México, al menos desde el veinticinco de abril de dos mil catorce, entonces resulta inconcuso que al nueve de mayo de dos mil dieciocho, día en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, transcurrieron en exceso los quince días que establece el primer párrafo del artículo 17, de la Ley de Amparo, para poder ejercitar la acción de garantías, por lo que es evidente que José Daniel Ruiz Ruiz consintió de manera tácita el acto impugnado. Lo anterior en el entendido de que no se está en ninguno de los supuestos de excepción aludido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, que autoriza la presentación de la demanda de amparo, en un plazo diverso a los quince días. Por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de la materia en vigor, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto; háganse las anotaciones respectivas y del conocimiento de las partes la presente determinación.

  4. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 622/2018-III, del índice del juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído en cita: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el mismo, se advierte que del informe justificado rendido por el Apoderado Legal del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, y de las constancias remitidas, se advierte la participación del Director de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco, Estado de México. En consecuencia, con apoyo en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que de ser su deseo ampliar la demanda, respecto del Director de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco, Estado de México, lo haga dentro del plazo legal, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto; en el entendido que de realizar dicha ampliación, deberá ajustarla en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, y exhibir copias suficientes para ser distribuidas entre las partes del juicio de amparo en que se actúa, de la siguiente manera: una para cada una de las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Apercibido que de no hacerlo así, se continuará la secuela procesal como se encuentra planteada en su escrito inicial de demanda. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.2o.A. J/17, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 972, tomo VII-enero-1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDAD PARA FORMULARLA.- La demanda de garantías puede ampliarse dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo y otra posibilidad de hacerlo surge cuando al rendir el informe justificado las autoridades responsables manifiestan la existencia de actos distintos de los reclamados, de los cuales no tenía conocimiento el quejoso, o cuando hacen saber la participación de otras autoridades en la realización de los actos que se reclaman, porque, en ese caso, el conocimiento de los nuevos actos o de la participación de otras autoridades, por parte del afectado, tiene lugar en el momento en que se da vista con el informe justificado que contenga esos datos y, por ende, a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, y promoviendo un nuevo juicio de garantías, ya a través de la ampliación de la demanda en trámite." En consecuencia, se difiere la misma y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.

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