José Daniel Nápoles Flores

Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
500/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • José Daniel Nápoles Flores
  • José Daniel Nápoles Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/13 09 2022/2102 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 535/2016 de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la constancia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintidós, José Daniel Nápoles Flores, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Claudia Margarita García Mata, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, que hizo consistir en la omisión de resolver el incidente de liquidación en el expediente laboral 535/2016 de su índice. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que si era cierto el acto reclamado atribuido por la quejosa, en razón de que a la fecha en que rindió su informe, no había resuelto el incidente de liquidación, debido a la carga de trabajo y escaso personal con que contaba, sin embargo, procedió a turnar los autos del expediente laboral de origen para el dictado de la resolución interlocutoria en comento y anexó diversas actuaciones del expediente laboral 535/2016 en copias certificadas para corroborar su dicho (fojas 28 a 67). Por lo que, mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, este juzgador requirió a la responsable para que en el término de tres días, informara si en el citado juicio laboral, había emitido la resolución interlocutoria sobre las prestaciones condenadas, para que en caso de ser afirmativo, remitiera las constancias que así lo acreditara (foja 70). Luego, mediante oficio 110/13 09 2022/2102 la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado, remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós (fojas 82 a 85). Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, en su calidad de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable, la resolución incidental de liquidación de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que, por una parte resolvió la cuantificación de liquidación respecto a las diversas prestaciones condenadas en el punto CUARTO del laudo de veinte de enero de dos mil veintiuno, consistentes en la condena de SALARIOS CAÍDOS relativo a los intereses que se generaron sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual con los aumentos y mejoras salariales habidos en la industria petrolera, así como la prima vacacional en favor de la hoy quejosa; y por otra, cuantificó la condena impuesta en contra de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, por concepto de intereses moratorios que se generaron sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual con los aumentos y mejoras salariales (fojas 83 a 85). Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las terceros interesadas; y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y A LOS TERCEROS INTERESADOS (i) PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y (ii) PETRÓLEOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE NI LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN NI NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TERCEROS INTERESADOS ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 500/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/13 09 2022/2102 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 535/2016 de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la constancia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintidós, José Daniel Nápoles Flores, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Claudia Margarita García Mata, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, que hizo consistir en la omisión de resolver el incidente de liquidación en el expediente laboral 535/2016 de su índice. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que si era cierto el acto reclamado atribuido por la quejosa, en razón de que a la fecha en que rindió su informe, no había resuelto el incidente de liquidación, debido a la carga de trabajo y escaso personal con que contaba, sin embargo, procedió a turnar los autos del expediente laboral de origen para el dictado de la resolución interlocutoria en comento y anexó diversas actuaciones del expediente laboral 535/2016 en copias certificadas para corroborar su dicho (fojas 28 a 67). Por lo que, mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, este juzgador requirió a la responsable para que en el término de tres días, informara si en el citado juicio laboral, había emitido la resolución interlocutoria sobre las prestaciones condenadas, para que en caso de ser afirmativo, remitiera las constancias que así lo acreditara (foja 70). Luego, mediante oficio 110/13 09 2022/2102 la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado, remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós (fojas 82 a 85). Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, en su calidad de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable, la resolución incidental de liquidación de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que, por una parte resolvió la cuantificación de liquidación respecto a las diversas prestaciones condenadas en el punto CUARTO del laudo de veinte de enero de dos mil veintiuno, consistentes en la condena de SALARIOS CAÍDOS relativo a los intereses que se generaron sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual con los aumentos y mejoras salariales habidos en la industria petrolera, así como la prima vacacional en favor de la hoy quejosa; y por otra, cuantificó la condena impuesta en contra de PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, por concepto de intereses moratorios que se generaron sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual con los aumentos y mejoras salariales (fojas 83 a 85). Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las terceros interesadas; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/05 09 2022/2011 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de treinta de agosto del presente año, solicita prórroga para la elaboración de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación en el expediente laboral 535/2016, debido a la excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y a la falta de personal que presenta esa autoridad. Por consiguiente, como lo solicita la autoridad responsable, por las razones que expone, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le concede el plazo de cinco días hábiles para remitir la copia certificada de la interlocutoria de referencia. En el entendido que subsiste el apercibimiento de multa decretado en proveído de treinta de agosto del año en curso, en caso de incumplimiento. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable; y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/180082022/1989 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado; y como justificación, anexa las siguientes documentales: 1. Copia certificada de la razón actuarial de diecinueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 535/2016, del índice de la autoridad responsable (fojas 29 a 31). 2. Copia certificada del laudo de veinte de enero del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 535/2016, del índice de la autoridad responsable (fojas 32 a 49). 3. Copia certificada del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 535/2016. Del índice de la autoridad responsable (foja 50). 4. Copia certificada del escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, suscrito por Mercy Ossana Luna Guzmán, presentado en el expediente laboral 535/2016 (fojas 51 a 53). 5. Copia certificada del escrito de treinta de marzo de dos mil veintidós, suscrito por José Mario Ramírez Blanco, apoderado jurídico de los demandados PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, presentado en el expediente laboral 535/2016 (fojas 54 a 64). 6. Copia certificada del Acta de Audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 535/2016, del índice de la autoridad responsable (fojas 65 y 66). 7. Copia certificada del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 535/2016, del índice de la autoridad responsable (foja 67). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y sus anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que adjuntó a su informe justificado; las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Notifíquese por lista a las partes.

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