José Daniel Luna Fontes

Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
234/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • José Daniel Luna Fontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Eficacia de la medida cautelar. ... Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu), 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de este incidente como concluido. Destino. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se declaró sin materia, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General, se ordena su destrucción. ... En tanto que el duplicado, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado dentro de los treinta días siguientes a que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. ... Instrucciones al secretario. ...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino Al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Incidente de suspensión. ... Instrucciones al secretario. ...

  3. Principal

    ...el oficio del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintitrés de marzo del año en curso, compareció el quejoso José Daniel Luna Fontes ante dicha representación a recoger los certificados 1101404 y 1101405 que amparan la titularidad de las parcelas 43 Z-2 p1/1 y 217 Z-3 P1/1 del núcleo agrario San Antonio Limón del Municipio de Perote, Veracruz; asimismo, remite copia certificada del acuse de recibo correspondiente. Sobresee fuera de audiencia. .... Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. ----Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos del seis de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Remite constancia. Agréguese el oficio del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintitrés de marzo del año en curso, compareció el quejoso José Daniel Luna Fontes ante dicha representación a recoger los certificados . que amparan la titularidad de las parcelas . del Municipio de Perote, Veracruz; asimismo, remite copia certificada del acuse de recibo correspondiente. Sobresee fuera de audiencia. En razón de lo anterior, por auto de quince de marzo de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número . y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, del oficio de cuenta así como del informe justificado se advierte que el Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, manifestó que es parcialmente cierto el acto que la parte quejosa le atribuye, pues indicó que los certificados parcelarios estaban a su disposición en las instalaciones de la propia autoridad; sin embargo, informó que el sistema de citas se encuentra saturado. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1° y 17 Constitucionales1, respecto al derecho de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados, la cual estará a cargo de tribunales, quienes deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, concibiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta, omisión e incumplimiento de entregar los certificados parcelarios que amparan las parcelas . del núcleo agrario . del Municipio de Perote, Veracruz, así como la falta de citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo3. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo José Daniel Luna Fontes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la falta, omisión e incumplimiento de entregar los certificados parcelarios que amparan las parcelas . del núcleo agrario . del Municipio de . Veracruz, así como la falta de citas dentro del portal del Registro Agrario Nacional. Y del oficio que se recibe se desprende que el quejoso José Daniel Luna Fontes compareció ante dicha representación a recoger los certificados . y . que amparan la titularidad de las parcelas citadas firmando de recibido, mismos que le fueron entregados el veintitrés de marzo pasado, como se corrobora con el acuse de recibo que adjunta. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito5, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. . Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos del seis de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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