José Daniel Ledesma García

Expediente 1049/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1049/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • José Daniel Ledesma García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual transcribe el proveído de diecinueve de septiembre del año que transcurre, dictado en el juicio de amparo **** de su índice, en el que acusa de recibo de los autos originales del juicio de amparo 1049/2019, promovido por *****; asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca del conocimiento del asunto. Se ordena archivo En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente asunto, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4, refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Del exhorto devuelto Finalmente, se tiene por recibido el oficio remitido por el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve el exhorto ****, debidamente diligenciado, que le fue remitido por este Órgano Jurisdiccional a efecto de notificar a la parte quejosa el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa, del auto en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas las pruebas que ofrece la autoridad responsable (con las que se ordena formar un anexo) las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve el exhorto ****, debidamente diligenciado, que le fue remitido por este Órgano Jurisdiccional a efecto de notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de septiembre actual. En ese tenor, se tiene por legalmente notificada a la parte quejosa del auto en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Incompetencia. En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso ****se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por lo que esta sede constitucional estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que motivó el presente expediente por los motivos que se expondrán a continuación. En primer término, es necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público que debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que son el acto reclamado y las autoridades responsables las que determinan dicha competencia. En ese tenor, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicción, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, resulta pertinente precisar que el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión y la falta de declaración de extinción de la pena de cuatro años y tres meses que se impuso mediante sentencia definitiva dictada en los autos de la causa penal ***antes ****, atribuidos al Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades deben tener ejecución en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lugar en donde actualmente se encuentra recluido el quejoso. En ese sentido, tomando en consideración que la ejecución de la resolución reclamada se está llevando a cabo en el Estado de México, resulta competente para conocer y resolver de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, conforme a las reglas de competencia previstas en la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal de la agraviada, se advierte que dicho acto continua ejecutándose en el lugar donde se entra recluida y, por tanto la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la resolución en la que se negó a la sentenciada el beneficio penitenciario de remisión parcial de la penal, radica en un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro de reinserción en el que se encuentra interna la quejosa. De ahí que, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues los efectos del citado acto reclamado, no se ejecutaran dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por el contario, las consecuencias de tal acto se materializan en el Estado dé México, es decir, en el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de esa misma entidad federativa, y por tanto, se reitera este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, por lo que declina su competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.48/2005, emitida por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXI, junio de 2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTODE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J14/2014(10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 633, libro 5, abril de 2014, tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." En consecuencia, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Fórmese cuaderno de antecedentes, solicítese al Juez que corresponda conocer del mismo, acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ... Notifíquese; y personalmente a Jose Daniel Ledesma García por medio de exhorto.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio número ****se requirió el informe justificado a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; sin embargo, ha omitido rendirlo, aun cuando recibió el oficio, tal como consta de la consulta realizada en la página de "estafeta"; con el que se le requirió dicho informe. No obstante lo anterior, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obren en su poder en relación a la falta de extinción de la pena de cuatro años y tres meses que se impuso mediante sentencia definitiva dictada en los autos de la causa penal ***, antes ****, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa como medida de apremio por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de México, en turno, con residencia en Naucalpan, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de que notifique al quejoso ****, el contenido el presente auto, haciéndole entrega de copia autorizada del mismo, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática. Notifíquese; y personalmente a ***por medio de exhorto.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual pretende autorizar a ****, para recoger el billete de depósito referido en el acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso; sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el referido proveído, que señala que la entrega del billete no podrá hacerse por conducto de persona distinta a la parte quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de la misma parte quejosa. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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