José Daniel Jiménez Cavazos

Expediente 1183/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1183/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • José Daniel Jiménez Cavazos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ******************** en su carácter de Defensora de Oficio Miliar de ********************, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 38984/2017 signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por Saskia López Núñez en su carácter de Defensora de Oficio Miliar de José Daniel Jiménez Cavazos, contra actos del Juez Militar de Ejecución de Sentencias Adscrito a la Primera Región Militar y otra autoridad, por el que se declaró legalmente incompetente para conocer del citado juicio y, ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Morelos; correspondiéndole conocer por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; atento a lo anterior, fórmese el expediente respectivo bajo el número 1183/2017-II que por orden le corresponde, debiendo de realizarse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. Al respecto, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se declara legalmente competente para conocer de la demanda de garantías de que se trata, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta : Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El acto reclamado consistente en el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de ejecución y acumulada 140/2015, 60/2015 y 95/2015, por el que se declaró notoriamente improcedente la solicitud de beneficio de libertad anticipada. Señalado lo anterior, la resolución reclamada, la cual puede ser apelable por la parte afectada, de conformidad con el artículo 132 del Ley Nacional de Ejecución Penal que a la letra dice: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; ." Ahora bien, para una mejor comprensión del acto reclamado en el presente juicio, es necesario hacer una relación de los hechos que el quejoso cita en su capítulo de antecedentes del acto reclamado: 1.- El quejoso aduce que en el año dos mil tres ocurrieron los hechos por los cuaels fue procesado y sentenciado, siendo integrante de la patrulla de reconocimiento perteneciente al Setenta y siete Batallón de Infantería. 2.- El quince de diciembre de dos mil ocho, el quejoso fue condenado al resultar culpable y penalmente responsable del delito contra la salud en la modalidad de permitir en calidad de servidor público la extracción del país de narcótico, a una pena de quince años de prisión, multa por la cantidad de $4,215.00 (cuatro mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.), baja definitiva de las fuerzas armadas e inhabilitación por diez años para desempeñar cargo o comisión público. 3.- El impetrante de amparo solicitó ante el Juez Militar de Ejecución de Sentencias adscrito a la Primera Región Militar el otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada. 4.- El catorce de junio de dos mil diecisiete, el Juez de origen declaró improcedente la solicitud de beneficio de libertad anticipada solicitada por el quejoso. Precisado lo anterior, se advierte que el acto que se reclama en esta vía de amparo, es el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, en la que se declaró improcedente la solicitud de beneficio de libertad anticipada solicitada por el quejoso, es decir, puede ser apelada, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en esas condiciones, se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por lo anterior, válidamente puede aseverarse que la parte quejosa desatendió el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que deviene improcedente este juicio con relación a los actos reclamados que se analizaron. Sirve de apoyo a la anterior consideración por analogía la tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de dos mil doce, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, sirve de sustento a la anterior consideración la tesis VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Así como la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No se desconoce el hecho de que en los casos en que el reo (como el quejoso) solicite el beneficio de libertad anticipada -cuando se admita, sustancie y resuelva el Juez de ejecución- la resolución que al efecto emita constituye una posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión que le fue impuesta por la autoridad judicial y, por tanto, podría establecerse que se trata de un acto que afecta la libertad del quejoso, pues a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la resolución de que se trata y que, en dichos casos, opera la excepción al principio de definitividad a que alude el el artículo 61, fracción XVII, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin embargo, a juicio el suscrito juzgador no se está en dicho supuesto de excepción, que establece en lo conducente que en los casos en los que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, no será necesario agotar el medio ordinario de defensa. Se explica lo anterior ya que -como se precisó- el acto reclamado consiste en el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de ejecución y acumuladas 140/2015, 60/2015 y 95/2015, por el que se declaró notoriamente improcedente la solicitud de beneficio de libertad anticipada; esto es, no se sustanció el incidente respectivo al considerar el Juez señalado como responsable que dicho beneficio no se puede otorgar debido a que no se encuentra contemplado en el Código de Justicia Militar, que no se puede aplicar de manera supletoria a la jurisdicción militar. Así, se advierte que la consecuencia del acto reclamado es -como se explicó- que no se admita a trámite la solicitud de beneficio de libertad anticipada y, en el hipotético caso de que se admitiera a trámite el juicio de amparo, en la eventual situación de que se concediera la protección de la Justicia Federal, el único efecto sería que se admitiera la solicitud del incidente de libertad anticipada, aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal; esto es, no sería, bajo circunstancia alguna, la obtención de la libertad por parte del directo quejoso; por lo que no se surte la excepción citada. Por lo anterior, no resultan aplicables las jurisprudencias que establecen la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones que decidan los incidentes promovidos para la obtención de algún beneficio preliberacional, toda vez que -como se explicó en el cuerpo de la presente determinación- el acto combatido es el auto que desecha por improcedente el beneficio de libertad anticipada, esto es, en la carpeta de origen ni siquiera se inició la sustanciación de dicho incidente. Toda vez que el domicilio procesal que señaló el impetrante de garantías en su escrito inicial de demanda se encuentra fuera del lugar de residencia de este Tribunal Federal, en consecuencia, se ordena practicar las notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en el lugar de residencia de este juzgado de distrito. No obstante lo anterior, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en la Defensoría de Oficio Militar, ubicada en el interior del Campo Militar, número 1-A, Ciudad de México, a efecto de notificar el presente auto a la parte quejosa Saskia López Núñez en su carácter de Defensora de Oficio Miliar de José Daniel Jiménez Cavazos. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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