José Daniel Hernández Bedolla
Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Daniel Hernández Bedolla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido para la parte quejosa que es a quien afecta el sentido del fallo, el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por José Daniel Hernández Bedolla, sin que se hubiese recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución de los tomos de prueba que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, de los que se advierte que mediante resolución de tres de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio del que derivan los presentes cuadernos incidentales; asimismo, que como medida de seguridad, este órgano jurisdiccional impuso al amparista la obligación de que en los cinco días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicha resolución, debía exhibir la garantía fijada, sin que como se desprende de la certificación de cuenta, hubiese cumplido con esa carga procesal. DEJA DE SURTIR EFECTOS SUSPENSIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, comuníquese a la autoridad responsable que la medida suspensiva que en definitiva fue decretada en autos, mediante la interlocutoria de mérito, ha dejado de surtir sus efectos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1114/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil dieciocho. AUTORIDAD INFORMA SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada dentro del cuaderno incidental en que se actúa, toda vez que comunico al juez de origen el sentido de la resolución interlocutoria de tres de abril de dos mil dieciocho, instruyéndolo para que continúe con el trámite del procedimiento del juicio ordinario civil 698/2017 hasta ponerlo en estado de dictar sentencia, pero que deberá abstenerse de emitirla, lo anterior hasta que reciba notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se emita en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Ymch
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 228/2018 promovido por José Daniel Hernández Bedolla contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentra emplazado en cuanto tercera interesada Irma Pérez Negrete. En este momento coy cuenta con el pedimento registrado con el número 5011 y CERTIFICO: Que el término de tres días concedido a la tercero interesada para que señalara domicilio en esta ciudad, le transcurrió del tres al cinco de abril en curso, sin que lo hubiera hecho. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede y en lo que respecta al pedimento de cuenta, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la etapa correspondiente de la presente audiencia. En lo concerniente a la omisión en que incurrió la tercero interesada de señalar domicilio procesal, practíquensele por lista las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Toca de apelación I-7/2018 y juicio ordinario civil 698/2017 que obran en cuaderno de pruebas en la Secretaría de este Juzgado en cuaderno de pruebas por separado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante su pedimento de cuenta. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 228/2018-IV, promovido por José Daniel Hernández Bedolla, por su propio derecho, contra actos que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ante la responsable, en vía de amparo directo, José Daniel Hernández Bedolla, por su propio derecho acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. Señalo como acto reclamado la sentencia interlocutoria pronunciada por el c. Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la capital del mismo, de fecha 25 veinticinco de enero del presente año, dentro del toca apelación civil número I-7/2018 formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria dictada dentro del juicio ordinario civil número 698/2017, que sobre reivindicación de inmueble y otras promueve Irma Pérez Negrete ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien por auto de doce de marzo del año en curso, se declaró incompetente para conocer del juicio, por no tratarse de una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ordenando la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado, quien por razón de turno la remitió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 228/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca civil I-7/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto dentro del incidente sobre excepción de litispendencia derivado del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número 698/2017, en la que se confirmó la interlocutoria que declaró improcedente dicha excepción. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número 698/2017, y del toca civil I-7/2018. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con la constancia que obra a foja 26 del cuaderno de pruebas; por tanto, surtió efectos al siguiente día hábil de haberse realizado, esto es, el veintinueve del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el treinta de ese mes y año y concluyó el veintidós de febrero del año en cita, término al que se le descuentan los días inhábiles, acorde a la certificación levantada por la responsable. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, Irma Pérez Negrete, demandó en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción personal basada en la disolución del vínculo matrimonial, al ahora quejoso, la cual fue turnada al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia civil, quien previa prevención, la admitió el seis de septiembre de dos mil diecisiete, registrándola bajo el número 698/2017. 2. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el emplazamiento y se corrió traslado respectivo, por lo que mediante escrito de veinticinco de ese mes y año la demandada dio contestación a las prestaciones reclamadas, haciendo valer la excepción de litispendencia. 3. Mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de origen admitió a trámite la excepción opuesta y seguida la incidencia por sus cauces legales, el nueve de noviembre del año en cita, declaró improcedente la excepción de litispendencia planteada, condenando a la allá demandada al pago de gastos y costas. Inconforme con esa determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, quien ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, confirmó la interlocutoria impugnada. Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, del análisis del acto reclamado, se concluye que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte: [.]". Así, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo anterior permite afirmar que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal, en las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, estableció su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia o laudo favorable. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional, como se indicó, consiste en la resolución emitida el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca civil I-7/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto dentro del incidente sobre excepción de litispendencia derivado del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número 698/2017, en la que se confirmó la interlocutoria que declaró improcedente dicha excepción. Determinación que se encuentra excluida de lo que la propia Ley de Amparo, señala como actos de imposible reparación, en virtud de que tal resolución no deja sin defensa a la parte quejosa ni constituye una violación de carácter irreparable, pues atendiendo a que incide sobre un aspecto adjetivo, sólo tiene efectos intraprocesales, y por ello no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma de esa manera, dado que la resolución reclamada sólo tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, tomando en consideración que la afectación que se dice existía con motivo de la excepción de litispendencia, puede desaparecer al obtener una sentencia favorable, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, tomando en cuenta que únicamente combate las consideraciones relativas al fondo de la cuestión de la litispendencia, no así diversos aspectos. Lo anterior es así, toda vez que la figura jurídica de la litispendencia, se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Por tanto, es dable colegir que la resolución que declaró improcedente la excepción de litispendencia, tiene por efecto que el procedimiento de origen continúe en sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que de manera alguna provoca afectación a derechos sustantivos de imposible reparación, sino que en todo caso, provocaría violación a derechos adjetivos o procesales, porque de cualquier forma, el juicio se desarrollará en todas sus etapas y la parte quejosa está en posibilidad de obtener sentencia favorable, aunado a que los efectos de la resolución que declaró improcedente la excepción de referencia, se actualizan hasta el dictado de la sentencia, porque es hasta ese momento en que se podrá apreciar si con motivo de esa determinación se cometió alguna violación procesal en perjuicio de la parte quejosa que trascendió en el resultado del fallo; máxime que como ya se indicó únicamente se controvierte lo relativo al fondo de la cuestión de litispendencia. Es aplicable al caso concreto en la parte conducente, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ´... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte´; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ´que afecten materialmente derechos´, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ´derechos´ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ´sustantivos´, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ´imposible reparación´, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ´... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo´; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ´derechos sustantivos´, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ´material´ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Contradicción de tesis 377/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2014. Mayoría de seis votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver las quejas 25/2013, 29/2013, 40/2013 y 42/2013, el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver las quejas 46/2013, 52/2013 y 68/2013, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver las quejas 51/2013 y 32/2013. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, con el rubro: ´PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.´ El Tribunal Pleno, el veintidós de mayo en curso, aprobó, con el número 37/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 112/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 16 de abril de 2015. Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". De igual forma es aplicable al caso concreto la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 357322 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LIV Materia(s): Común Tesis: Página: 2251 "LITISPENDENCIA, EFECTOS DEL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia sólo tiene el carácter de dilatoria, y su único objeto es el de acumular los dos procedimientos a los que se atribuye el mismo contenido, para que se resuelvan en la misma sentencia, por lo que el rechazamiento de tal excepción, no produce una violación que pueda reclamarse en el juicio de garantías, porque si se concediera el amparo, la protección constitucional no podría tener otro objeto que el de que el procedimiento de las dos controversias se repusiera para resolverlas después en una misma sentencia, que podría tener el mismo sentido, y si se tiene en cuenta que las partes en cada negocio han tenido todas las garantías y defensas que las leyes les otorguen, es indudable que en el caso de existir una violación procesal, no produciría un estado de indefensión, que es el requisito indispensable para la procedencia del amparo, al proponerse la demanda contra la sentencia definitiva. Amparo civil directo 5556/35. "Almada y Compañía". 23 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud que, como ya se precisó, la violación alegada tiene efectos meramente procesales y sólo se podrá tener por actualizada en caso de que se dicte sentencia que le sea desfavorable a la parte quejosa, ya que es hasta ese momento en que se podrá apreciar si con motivo de esa determinación se cometió alguna violación procesal en su perjuicio que trascendió en el resultado del fallo, pudiendo recurrir dicha sentencia, así como la violación procesal antes aludida, toda vez que sólo se combate lo correspondiente a la cuestión propiamente de la litispendencia. En esos términos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Daniel Hernández Bedolla, por su propio derecho, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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