Jose Daniel Gomez Yanez

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Jose Daniel Gomez Yanez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    II- Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiesen recurrido el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.********************Asimismo, en virtud de que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, y con fundamento en el artículo 17 fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se determina que el expediente es conservable, por lo que deberá mantenerse en forma íntegra, permaneciendo en el "Archivo de Trámite", por el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido.********************De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 15 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. ********************Una vez cumplido el plazo de tres años, previamente a la realización de la visita de inspección anual correspondiente, será transferido al "Archivo de Concentración", para su resguardo en el depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Lo anterior, previa solicitud de transferencia de este expediente al área coordinadora de archivos, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "conservable", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 34 del citado acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia.********************Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.********************En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. ********************Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. ********************Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    II Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de veinticuatro horas que se le concedió en acuerdo de dos de mayo del año en curso, al promovente de amparo********************, a efecto de que informara el paradero de los directos quejosos José Daniel Gómez Yañez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Yanet Piñero Gómez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Yuliana González Soler y Yan Carlos Reyes Martínez, sin que haya hecho manifestación alguna. Por otra parte en atención a la certificación y el estado procesal que guardan los autos, es destacable lo siguiente: El 25 de octubre de 2022********************, en representación de José Daniel Gómez Yanez, María Del Carmen Vilafana Rodríguez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Aguero Cabrera,Amelia Blanco Hernandez, Jorge Bec Alemán, Yanet Piñero Gómez, Samantha López Hernández, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Perez Pantoja; José Luis Herrero Mendoza, Jose Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodríguez Martínez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Alvarez, Hector Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Hector Luis Dominguezbenbido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Any Lenia Riesgo Muñoz, Yuliana González Soler, Yan Carlos Reyes Martínez, Leyda Ferrer Solorzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas, Tsunayme Amelia Pérez Valdez Y Sheyla Reyes Martínez, [en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo], presentó demanda de amparo vía electrónica, en la cual señaló como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se citan: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- La posible deportación de los extranjeros de nombre JOSE DANIEL GOMEZ YANEZ, MARIA DEL CARMEN VILAFANA RODRIQUEZ, JOSÉ ALBERTO ORTEGA SEBALLO, LILIANA AGÜERO CABRERA, AMELIA BLANCO HERNANDEZ, JORGE BEC ALEMAN. YANET PIÑERO GOMEZ, SAMANTHA LOPEZ HERNANDEZ, VIRGEN ISABEK BAILE SIERRA, DAIMARIS RAMOS ROJAS, NELSON PEREZ PANTOJA, JOSE LUIS HERRERO MENDOZA, JOSE ARIEL ARENCIOLA UBITA, ABEL RODRIGUEZ MARTINEZ, OSCAR MANUEL PEÑAS TORRES, ALEJANDO MIGUEL POSADA ALVAREZ, HECTOR RUIZ HERNANDEZ, YUNIER ROBALDO PEREZ MENDEZ, DIANALYS LOPEZ GUTIERREZ, HECTOR LUIS DOMINGUEZBEBIDO, CARLOS DANIEL PEREZ LOPEZ, ANA SUCELY SOLER ELIAS, ANY LENIA RIESGO MUÑOZ, TULIANA GONZALEZ SOLER. YAN CARLOS REYES MARTÍNEZ, LEYDA FERRER SOLORZANO, JAVIER ALEJANDRO SANCHEZ SAYAS, TSUNAYME AMELIA PEREZ VALDEZ Y SHEYLA REVES MARTÍNEZ, al país de Cuba, sin que se les conceda el derecho de audiencia, para que defiendan su derecho fundamental de libertad y situación migratoria en el Territorio Mexicano, mismos derechos humano y derecho fundamental que está protegida por nuestra Constitución Federal para todas las personas, por el simple hecho de estar en Territorio Mexicano. B) El traslado a otra Estancia Provisional o Estación Migratoria en el país, distinta a la que se encuentra injustificadamente actualmente. C) La ilegal detención de JOSE DANIEL GOMEZ YANEZ, MARIA DEL CARMEN VILAFANA RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO ORTEGA SABALLO, LILIANA AGÜERO CABRERA, AMELIA BLANCO HERNANDEZ, JORGE BEC ALEMAN, YANET PIÑERO GOMEZ, SAMANTHA LOPEZ HERNANDEZ, VIRGEN ISABEK BAILE SIERRA, DAIMARIS RAMOS ROJAS, NELSON PEREZ PANTOJA, JOSE LUIS HERRERO MENDOZA, JOSE ARIEL ARENCIOLA UBITA, ABEL RODRIGUEZ MARTINEZ, OSCAR MANUEL PEÑAS TORRES, ALEJANDRO MIGUEL POSADA ALVAREZ, HECTOR RUIZ HERNANDEZ, YUNIER ROBALO PEREZ MENDEZ, DIANALYS LOPEZ GUTIERREZ,HECTOR LUIS DOMINGUEZBENBIDO, CARLOS DANIEL PEREZ LOPEZ , ANA SUCELY SOLER ELIAS, ANY LENIA RIESGO MUÑOZ, YULIANA GONZALEZ SOLER, YAN CARLOS REYES MARTÍNEZ, LEYDA FERRER SOLORZANO, JAVIER ALEJANDRO SANCHEZ SAYAS, TSUNAYME AMELIA PEREZ VALDEZ Y SHEILA REYES MARTÍNEZ, pues no se les informó de opciones para regularizar su condición migratoria en el país de México. IV. AUTORDADES RESPONSABLES: Como ordenadora: Titular de la Oficina De Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, con dirección en Avenida Carlos J. Nader, Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, sin número, C.P. 77015. Como ejecutora: Titular de la Oficina De Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, con dirección en Avenida Carlos J. Nader, Supermanzana 5, lote 1, Centro, C.P. 77500, en Cancún, Quintana Roo. Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración En Chetumal, Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, sin número, C.P. 77015.". En dicha demanda, bajo protesta de decir verdad el promovente manifestó los siguientes antecedentes: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto conocer los siguientes: HECHOS: Es el caso que el día de hoy 22 de octubre del año en curso, los quejosos cuando viajaban junto con otros extranjeros en un vehículo automotor tipo autobús, con destino a la Ciudad de Cancún, fueron detenidos por elementos de la elementos policiacos, ante quienes solamente se identificaron con su, pasaporte, les manifestaron que su intención era llegar a la ciudad de Cancún. y presentarse a un Instituto de Migración con la intención de regularizarse, ese era su destino en razón de que saben que ahí existe más oportunidades de empleo y actividades en las que ellos tienen ciertas habilidades, toda vez que en su país de origen (Cuba) por las carencias que aumentan día a día, ya no se puede tener seguridad, tranquilidad y buen desarrollo humano, por lo que su intención principal es realizar trámites de regularización y poder cumplir con todos los requisitos de ley, solicita un apoyo por razones humanitarias, pero los elementos aprehensores. les dijeron que no tenían derecho de estar México, y que serían deportados inmediatamente. Ese mismo día, 22 de octubre, aproximadamente a las 22:30 horas, estando en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los empezaron a subir a autobuses y a otros en vehículos tipo Van, como con capacidad para 20 pasajeros, dijeron que algunos serían trasladados a las Estancia Migratorias de esta ciudad capital, la de Escárcega, Campeche, a la de Ciudad del Carmen, Campeche, así como a las Estaciones Migratorias de Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, sin especificarles exactamente donde, y sin permitirles comunicarse con sus familiares, pues les quitaron sus teléfonos celulares. Una vez ya en el Chetumal, Quintana Roo, y con la certeza de que se encuentran en la Estación Migratoria de ese lugar, es que se los comunican a sus familiares." Ahora, toda vez que entre los actos reclamados, la parte promovente señaló la deportación que pudieran sufrir los directos quejosos; con fundamento en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano de dicho acto reclamado que el promovente aducía sufrían los directos quejosos José Daniel Gómez Yanez, María Del Carmen Vilafana Rodríguez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Aguero Cabrera,Amelia Blanco Hernandez, Jorge Bec Alemán, Yanet Piñero Gómez, Samantha López Hernández, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Perez Pantoja; José Luis Herrero Mendoza, Jose Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodríguez Martínez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Alvarez, Hector Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Hector Luis Dominguezbenbido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Any Lenia Riesgo Muñoz, Yuliana González Soler, Yan Carlos Reyes Martínez, Leyda Ferrer Solorzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas, Tsunayme Amelia Pérez Valdez Y Sheyla Reyes Martínez, para el efecto de que de inmediato cesaran y no se siguiera verificando, sin que ello implicara de manera automática ponerlos en libertad; asimismo, en esa misma fecha se ordenó la ratificación de la demanda de amparo. El 25 de octubre de 2022, la actuaria judicial del Juzgado Sexto de Distrito con sede en esta ciudad, se constituyó en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en esta ciudad, sin lograr dar con el paradero de los buscados ********************, Maria Del Carmen Vilafana Rodriguez, José Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Aleman, Yanet Piñero Gomez, Samantha Lopez Hernandez, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodriguez Martinez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejando Miguel Posada Álvarez, Héctor Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutierrez, Héctor Luis Dominguezbenbido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Any Lenia Riesgo Muñoz, Yuliana González Soler, Yan Carlos Reyes Martínez, Leyda Ferrer Solorzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Perez Valdez. En 26 de octubre de 2022 requirió de manera personal al promovente********************, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, hiciera del conocimiento del órgano jurisdiccional primigenio del paradero actual de los directos quejosos. El 26 de octubre de 2022, el promovente******************** pretendió desistirse de la demandada de garantías en favor de los referidos quejosos, circunstancia que en acuerdo de 27 de octubre siguiente no fue acordada favorable, en virtud de que el promovente carece de facultades para desistirse de la instancia constitucional en razón de que su actuar únicamente se limita a la presentación de la demandada. En ese contexto, por proveídos de 27 de octubre y 15 de diciembre de 2022, se requirió a la autoridad migratoria informara si los quejosos ********************, ******************** se encontraban en calidad de presentados o alojados en alguna de las estaciones a su cargo, o en su caso, informara si existía registro de que hubieran ingresado. El 10 de enero de 2023, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado determinó decretar la separación de juicios; y por acuerdo de 16 de enero de 2023 se tuvo por recibida en este órgano jurisdiccional y manifestó su oposición a la separación de juicios, por lo que se remitió el asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno. Mediante resolución de 9 de marzo de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, declaró sin materia el conflicto de separación de juicios. Por acuerdo de 10 de abril de 2023, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de este asunto, ordenó requerir los informes relativos a la suspensión de plano a las autoridades señaladas como responsables. Mediante oficio INM/ORQR/SFQRCHT/AJ/#/2023, de 14 de abril de 2023, la autoridad migratoria informó que los quejosos María del Carmen Villafana Rodríguez, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Alemán, Samantha López Hernández, Virgen Isabel Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Alin Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodríguez Martínez, Héctor Ruiz Hernández, Any Lenia Riesgo Muñoz, Leyda Ferrer Solórzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Pérez Valdéz, sí estuvieron alojados sujetos a los procedimientos migratorios, no obstante el 24 de octubre de 2022, se le dio salida de la estación migratoria con sede en esta ciudad. Por tanto, al advertirse que no se tiene dato alguno que José Daniel Gómez Yañez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Yanet Piñero Gómez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Yuliana González Soler y Yan Carlos Reyes Martínez, hubieran estado en alguna situación que implicara su detención, o algún dato que permitiera al menos generar un indicio de estar frente a una incomunicación o desaparición, lo cual se afirma con base en todas y cada una de las constancias que obra en autos, específicamente a constancia actuarial de 25 de octubre de 2022, en la que se asentó que en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no fueron ingresados. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa no se ratificó por ********************, Maria Del Carmen Vilafana Rodriguez, José Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Aleman, Yanet Piñero Gomez, Samantha Lopez Hernandez, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodriguez Martinez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejando Miguel Posada Álvarez, Héctor Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutierrez, Héctor Luis Dominguezbenbido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Any Lenia Riesgo Muñoz, Yuliana González Soler, Yan Carlos Reyes Martínez, Leyda Ferrer Solorzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Perez Valdez; de ahí que, se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, que al no colmarse la exigencia para la prosecución del juicio de amparo -ratificación del directo quejoso-, ésta debe tenerse por no presentada. Para llegar a esa conclusión es necesario exponer lo siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, dicho precepto es del tenor siguiente: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Ahora, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. El texto del artículo 15 es el siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitad para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona [.]" En este caso, la demanda fue promovida por********************, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues se reclamó la deportación de ********************, Maria Del Carmen Vilafana Rodriguez, José Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Aleman, Yanet Piñero Gomez, Samantha Lopez Hernandez, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodriguez Martinez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejando Miguel Posada Álvarez, Héctor Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutierrez, Héctor Luis Dominguezbenbido, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elias, Any Lenia Riesgo Muñoz, Yuliana González Soler, Yan Carlos Reyes Martínez, Leyda Ferrer Solorzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Perez Valdez. Posteriormente, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable encargado de despacho de la Estación Migratoria en Chetumal, Quintana Roo, derivadas de su informe de suspensión de plano, se advertía que no había certeza de que se hubieran liberado a todos los quejosos en mención, éste juzgado federal en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, le requirió a fin de que informara si en su base de datos contaba con registros de ingresos y salidas de éstos. Por lo que, en proveído de dos de mayo del actual se le tuvo dando cumplimiento a lo anterior, en el sentido de que informó que el veinticuatro de octubre de la anualidad anterior, le dio salida de la estación migratoria con sede en esta ciudad a María del Carmen Villafana Rodríguez, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Alemán, Samantha López Hernández, Virgen Isabel Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Alin Pérez Pantoja, José Luis Herrera Mendoza, José Ariel Arencibia Ubieta, Abel Rodríguez Martínez, Héctor Ruiz Hernández, Any Lenia Riesgo Muñoz, Leydi Ferrer Solórzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Pérez Valdés. Circunstancia por la cual, se previno al promovente********************, para que bajo protesta de decir verdad, proporcionara mayor información de donde pudiera ser localizados los diversos quejosos José Daniel Gómez Yañez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Yanet Piñero Gómez, Osca Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendidido, Carlos Daniel Pérez López ; esto es, manifiestara sobre su posible paradero, o bien, proporcionara cualquier otra información de su identidad, como documentos con fotografías, datos fecha y lugar de nacimiento, domicilios, edad, y cualquier otro elemento de utilidad para la búsqueda, o justificara su imposibilidad para ello. Cabe precisar, que al respecto éste juzgado federal no realizó la búsqueda correspondiente, como si se tratara de un caso de desaparición forzada, ya que de la lectura integral de la demanda que dio origen a este expediente, no se advierte que los actos materia de reclamación sean de esa índole [desaparición forzada]; sino más bien, el alojamiento en la estación migratoria señalada como responsable. Cabe precisar que en acuerdo de 25 de octubre de 2022, relativo a la recepción de la demanda, se requirió a los directos quejosos para que dentro de tres días, la ratificaran; y, se les apercibió que, en caso de no hacerlo, ésta se tendría por no presentada y quedarían sin efecto las providencias dictadas sobre la suspensión. Actuación que no sucedió, pues hasta este momento, el escrito de demanda que dio génesis a este expediente, no ha sido ratificado. Lo anterior, cobra extrema relevancia, pues de continuar la tramitación del presente acarrearía una violación al principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en tanto que la parte afectada nunca instó la acción ni compareció al juicio de amparo indirecto ********************. En este punto, se precisa que la ratificación sí es necesaria a pesar de que inicialmente, lo que motivó la promoción de la demanda por parte de********************, fue su manifestación en el entendido de que los directos quejosos se encontraban alojados desde el mes de octubre de 2022, en las instalaciones de la estación migratoria responsable. No obstante, con independencia de que en el juicio de amparo se reclamen cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad personal; habida cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal no prevé excepción alguna al principio de instancia de parte agraviada; y, el artículo 15 de la Ley de Amparo reafirma la exigencia del principio al exigir que, aún en el caso de amparos urgentes, la demanda debe ratificarse por la persona afectada directamente o por su representación legal. En el entendido que, si se ratifica se sigue el amparo; y si no, se tiene por no presentada la demanda y se dejan insubsistentes las medidas adoptadas para suspender los actos. Sobre el criterio de que el amparo no es una acción popular, es aplicable la tesis aislada siguiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO. NO HAY ACCION POPULAR. No es cierto que en amparo contra leyes existe acción popular para su impugnación, pues conforme el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se establece en materia de amparo el principio de instancia de parte agraviada; o sea, que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley la persona afectada en sus intereses jurídicos." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto - en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese orden, considerando que la ratificación de la demanda urgente prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y el tipo de derechos humanos que se estimen violados, pues el ejercicio de la acción constitucional de amparo no admite excepciones en cuanto a la necesidad del principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, ante la falta de ratificación de la demanda por parte de ********************, ******************** tiene como consecuencia, que ésta deba tenerse por no presentada. Es aplicable la tesis VI.1o.A.3 K (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, Registro Digital 2024397, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos". Por tanto, quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    II- Agréguese el oficio rendido por el encargado de despacho de la estación migratoria en Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual cumple al requerimiento formulado en auto de diez de abril de dos mil veintitrés. Ahora, se tiene a la autoridad oficiante informando que con fecha 24 de octubre de 2022, se le dio salida de la estación migratoria con sede en esta ciudad a María del Carmen Villafana Rodríguez, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Alemán, Samantha López Hernández, Virgen Isabel Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Alin Pérez Pantoja, José Luis Herrera Mendoza, José Ariel Arencibia Ubieta, Abel Rodríguez Martínez, Héctor Ruiz Hernández, Any Lenia Riesgo Muñoz, Leydi Ferrer Solórzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Pérez Valdés. Finalmente, prevéngase al promovente Ramón Ochoa Burgos, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, proporcione, mayor información de donde pudiera ser localizados los directos quejosos José Daniel Gómez Yañez, Jose Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Yanet Piñero Gómez, Osca Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys Lopez Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendidido, Carlos Daniel Pérez López ; esto es, manifieste sobre su posible paradero, o bien, proporcione cualquier otra información de su identidad, como documentos con fotografías, datos fecha y lugar de nacimiento, domicilios, edad, y cualquier otro elemento de utilidad para la búsqueda, o justifique su imposibilidad para ello; lo anterior, para efecto de que si es su deseo sea ratificado el escrito de demanda. Apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de ******************** que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de ******************** valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2023, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    II- Agréguese el oficio firmado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en sesión de veintitrés de marzo del año en curso, en el conflicto de separación 2/2023, formado con motivo del conflicto de acumulación, emitido en el juicio de amparo en que se actúa; resolución de la cual se advierte que el citado tribunal declaró sin materia el presente conflicto. Acúsese el recibo a la autoridad oficiante. Se avoca al conocimiento Atendiendo al estado de autos, se advierte que por proveído de 16 de enero de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió el juicio de amparo indirecto 851/2022-III-A de su estadística; en razón de que declaró la separación del asuntos en el referido asunto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la ley de la materia, se avoca al conocimiento para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Acúsese recibo de estilo. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Ochoa Burgos en representación de José Daniel Gómez Yáñez, María del Carmen Vilafana Rodríguez, José Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Alemán, Yanet Piñero Gómez, Samantha López Hernández, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodríguez Martínez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Héctor Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys López Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendidio, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elías, Any Lenia Riesgo Martínez, Leyda Ferrer Solórzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Pérez Valdez, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que atribuye al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo y otra autoridad, consistentes en: Deportación, traslado, detención en la estación migratoria. Suspensión de plano Cabe destacar que se toma conocimiento que en el expediente remitido por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, ya se pronunció sobre la suspensión de plano solicitada por el promovente, decidiendo concederla por las razones plasmadas en el acuerdo en el que declara carecer de competencia para resolver el asunto, por lo que se convalida las constancias que adjuntó la autoridad responsable en el informe de la suspensión de plano. Por otro lado, de las constancias que remitió en su momento la autoridad responsable, en relación al informe de suspensión de plano, se advierte que no existe certeza que le haya dado salida de la estación migratoria a todos los extranjeros que menciona. Puesto los relaciona en la listas donde otorgó salida de la Estación Migratoria y también donde no tenía registro de su alojamiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable, para que, informe a este órgano jurisdiccional, si cuenta en su base de datos, registro de ingreso y salida de los diversos quejosos José Daniel Gómez Yáñez, María del Carmen Vilafana Rodríguez, José Alberto Ortega Saballo, Liliana Agüero Cabrera, Amelia Blanco Hernández, Jorge Bec Alemán, Yanet Piñero Gómez, Samantha López Hernández, Virgen Isabek Baile Sierra, Daimaris Ramos Rojas, Nelson Pérez Pantoja, José Luis Herrero Mendoza, José Ariel Arenciola Ubita, Abel Rodríguez Martínez, Oscar Manuel Peñas Torres, Alejandro Miguel Posada Álvarez, Héctor Ruiz Hernández, Yunier Robaldo Pérez Méndez, Dianalys López Gutiérrez, Héctor Luis Dominguezbendidio, Carlos Daniel Pérez López, Ana Sucely Soler Elías, Any Lenia Riesgo Martínez, Leyda Ferrer Solórzano, Javier Alejandro Sánchez Sayas y Tsunayme Amelia Pérez Valdez. Apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2023, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe correspondiente. Acceso y notificaciones en el expediente electrónico Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario "rochoab"; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente juicio de amparo vía internet, así como las notificaciones electrónicas por el mismo medio, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta física. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente al agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.

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