José Daniel Cob Ávila
Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Daniel Cob Ávila
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el dos de agosto de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 982/2021-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, constancias de notificación realizadas a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y a la autoridad responsable en los presentes autos. Por otra parte, le informo que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, respecto de que manifieste por escrito si señala a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, como autoridad responsable, sin que lo haya hecho; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, se entendería que no desea ampliar la demanda de amparo y el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado y autoridad responsable señalada inicialmente en su demanda. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de junio del año en curso a fin que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dichos autos, por lo que no se tiene como autoridad responsable en este asunto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Abierto el período de pruebas la secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con las documentales remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas en estos autos; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaria no da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 982/2021-VIII promovido por José David Cob Ávila contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por violación a los artículos 8 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, José David Cob Ávila solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual hizo consistir en la omisión y dilación en el trámite en el juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, en específico la falta de señalamiento de día y hora para la audiencia bifásica indicada por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 873 y demás relativos aplicables de la misma Ley Reglamentaria. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe con justificación, mismo que fue puesto a la vista de las partes oportunamente; y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete. Tercero. En su oportunidad, previo diferimiento se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos omisivos y la demanda de amparo se presentó dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable, al rendir su respectivo informe justificado, negó expresamente el acto que se le atribuye, sin prueba en contrario de la parte quejosa. Lo cual se justifica con las documentales que acompañó a su informe y de las cuales se advierte que el cinco de abril del año en curso -antes de la presentación de la demanda de amparo- turnó la demanda laboral a la Junta competente. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se realizará el análisis de las causales de improcedencia, previamente a estudiar el fondo de este asunto, en atención al contenido del artículo 62 de la ley de la materia. Pues bien, a criterio de quien esto resuelve el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.""Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:(.)II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.)III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Para estar en condiciones de sustentar la afirmación de improcedencia de este juicio, es menester precisar que conforme a la fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, es parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables; que tendrán tal carácter quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; y, conforme al artículo 108 del mismo ordenamiento legal, las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión o dilación en el trámite de la demanda laboral que presentó, al no proveerse dentro de los plazos legales; en específico la falta de señalamiento de la fecha y hora para la audiencia bifásica que prevé la Ley Federal del Trabajo. Al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán manifestó no ser cierto el acto reclamado en cuanto que, desde el cinco de abril del año en curso -previo a la presentación de la demanda de amparo- turnó la demanda laboral a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por lo que al ser la autoridad a quien se turnó la demanda para su tramitación, debió ser señalada como autoridad responsable. Lo anterior es así, ya que las autoridades como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, pues de lo contrario, las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos, e inclusive para alegar causales de improcedencia del juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69 del Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, registro 394064, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si en la demanda de amparo, no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, les revista el carácter de responsables, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. De ahí que, cuando el juzgador advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, debe prevenir a la parte quejosa para que haga la regularización correspondiente. Sirve de sustento, identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 190689, bajo el siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.", ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo un acto atribuible a determinada autoridad y ésta no es llamada como autoridad responsable, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el juzgador estaría impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aún cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados y el impetrante del amparo no la designa con tal carácter, dicha circunstancia trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En el caso, según se vio, del análisis integral de la demanda, se advirtió que la parte quejosa impugnó la omisión o dilación en el trámite de la demanda laboral que presentó, al no proveerse dentro de los plazos legales; en específico la falta de señalamiento de la fecha y hora para la audiencia bifásica que prevé la Ley Federal del Trabajo; asimismo se advirtió que en la demanda de amparo únicamente señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se resolvería el juicio respecto de la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo. No obstante, la parte quejosa omitió dar cumplimiento a la citada prevención, pese a la notificación que le fue realizada de la misma, el uno de julio de dos mil veintiuno. Es por ello que, ante la omisión de señalar a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, a quien se turnó la demanda laboral para su tramitación, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actuaciones. Es así, en razón de que no es posible analizar en esta instancia constitucional actos de autoridades que no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en defensa de la legalidad de su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razonamiento la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 194684, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, es aplicable en lo conducente y por similitud de razón, la tesis VII.A.T. J/6 sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible a página 738 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, materia Común, Novena Época, registro 202332, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento legal. Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, localizada en la Página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de amparos individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Lo anterior, sin que en el caso sea procedente suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que ello sólo opera tratándose de los conceptos de violación, no así del señalamiento de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a esta consideración en lo conducente, la tesis visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, registro 225503, que se lee: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. ALCANCE DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. No puede considerarse que la falta de designación de alguna autoridad responsable en el juicio de amparo en materia administrativa deba ser subsanada a través de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que las violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa al quejoso o al particular recurrente, deben haber sido cometidas precisamente por la autoridad cuyos actos habrá de calificar el juez federal. El precepto no se refiere, pues, a deficiencias de la demanda de amparo que no guarden relación directa con la inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual por lo demás resulta manifiesto en el encabezado de la propia disposición, que únicamente prevé la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios." Cuarto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. En virtud de lo anterior y toda vez que se les dio vista a las partes del informe justificado para el uso de sus derechos, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Por otra parte, de una revisión del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que informó que el cinco de abril del año en curso, la demanda laboral fue turnada a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifieste por escrito si señala a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, se entenderá que no desea ampliar la demanda de amparo y el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado y autoridad responsable señalada inicialmente en su demanda. Lo anterior, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Materia Común, visible en la página 93, número de registro 182617, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. (...)
- Principal
AVISO:_ MESA IV. Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, con el que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de mérito y constancias anexas, así como todas las actuaciones relativas al cumplimiento de la citada ejecutoria a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente.
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