José Daniel Castillo Hilario
Expediente 627/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Daniel Castillo Hilario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, se avocó a continuar conociendo del juicio de amparo 627/2019 ahora 917/2019-II de su índice; asimismo, solicita le sean enviados los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 627/2019 del índice de este juzgado. En esas condiciones, remítasele las constancias de notificación relativos a los oficios 22252, 22254, 22250, 22251, 22253 y 21720, previas copias certificadas que en su lugar se dejen, para los efectos legales conducentes, así como el original y duplicado de los cuadernos incidentales.
- Principal
La Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, informa que se admitió a trámite el impedimento planteado, y registró el recurso de queja interpuesto bajo el número 28/2019.
- Principal
Colima, Colima, treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio suscrito por el Oficial Supervisor de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual rinde su informe justificado solicitado en autos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CONOCIMIENTO DE LOS, A TRAVES DE LOS INFORMES. Las partes deben quedar debidamente enteradas de todos los actos procesales que se realicen dentro del juicio de garantías y uno de éstos es el proveído o acuerdo por el cual se debe de dar vista a las partes con los informes de las responsables, a fin de que se impongan de su contenido y no únicamente ordenar agregarse al expediente; por lo tanto, la notificación respectiva debe hacerse por lista en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.". Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele designando como delegado a los profesionistas que menciona, y como domicilio procesal el que señala. Se formula impedimento. Ahora bien, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable designó como delegado a Roberto Ramírez de León, por lo que en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la suscrita considera procedente excusarse del conocimiento del presente asunto, al estimar que en el caso se actualiza una causa de impedimento, por las razones que a continuación se detallan. La citada hipótesis legal establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.". De lo transcrito, se observa que puede darse un motivo de impedimento distinto a las hipótesis previstas en las demás fracciones del indicado precepto legal, cuando existan elementos objetivos que impliquen riesgo de pérdida de imparcialidad. En el caso, la suscrita estima encontrarse impedida para resolver el juicio de amparo que nos ocupa, dado que el licenciado Roberto Ramírez de León, señalado como delegado por parte de la autoridad responsable Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, fue designado por la suscrita como mi autorizado en términos del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en los juicios personales del orden familiar 19-0518-113F del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Colima, y 19-0543-115F del Juzgado Primero Familiar de Colima; circunstancia que reviste un elemento objetivo que pone en riesgo mi imparcialidad, al resolver el presente juicio de amparo. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". En relación con el sentido y contenido de este derecho fundamental, el Máximo Tribunal ha señalado que consagra a favor de los gobernados el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; de justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, de justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El principio de imparcialidad es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. El juzgador en su carácter de árbitro imparcial, no comparte los intereses de las partes contendientes y examina el litigio con imparcialidad, principio que debe entenderse en dos dimensiones: la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante «Corte IDH», ha señalado que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho, constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. En ese sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a las "garantías judiciales" y establece los lineamientos del llamado "debido proceso legal": "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Relacionado con lo anterior, la Corte IDH ha indicado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado, deberá contar con la garantía que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa óptica, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, a efecto de inhibirse de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. De esta forma, la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, atiende a la persona física concreta e individual que encarna el órgano al que corresponde conocer del juicio de amparo, con el fin de que deje de tener injerencia en el procedimiento que conozca, cuando se presentaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, que constitucionalmente debe imperar, con el objeto de preservar la facultad de poder impartir justicia imparcial, independiente y conforme a derecho. En efecto, dicha hipótesis normativa, establece que el riesgo de parcialidad debe ser objetivo, es decir, que no consista simplemente en un temor, especulación, presunción o sospecha en el sentido de que el juzgador tiene un interés personal de favorecer indebidamente a una de las partes, sino que es necesario partir de datos concretos que permitan concluir que el Juez que dictará sentencia en el juicio de amparo indirecto estará influido en la toma de su decisión judicial. En ese sentido, los titulares de los órganos jurisdiccionales en todo momento tienen el deber de sujetar su actuación a la ley, con la cual se brinda seguridad jurídica a las partes que someten sus controversias a la potestad del Estado; en la inteligencia de que si bien su decisión jurídica favorecerá a una de las partes, ello no implica que deriven de sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de ellas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la suscrita juzgadora estima que se vería afectada mi imparcialidad al resolver el presente asunto en el que el delegado de la autoridad responsable Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, es también mi autorizado en dos juicios de índole personal del orden familiar. Corolario de lo anterior, se considera se actualiza la hipótesis establecida en la referida fracción VIII del artículo 51 de la ley de la materia, debido a que tal circunstancia constituye un elemento real y actual que pone en riesgo mi imparcialidad. Se invoca en sustento la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1711, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Registro 2011198, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial." Asimismo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de contenido: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). El numeral mencionado norma los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Así, para calificar de legal el impedimento de que se trate, bastará que casuísticamente el funcionario proporcione las bases que objetivamente le sirven de fundamento para hacerlo valer, y exprese que subjetivamente lo colocan en un riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en casos como éstos la posibilidad de peligro de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario el que, en cada caso, es diferente, ya que su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otros factores personalísimos propios de cada quien." Asimismo, importa destacar que se plantea el impedimento en este momento procesal, ya que hasta ahora la suscrita tiene conocimiento que, a la fecha, el mencionado Roberto Ramírez de León fue designado delegado de la aquí autoridad responsable Secretario de Movilidad del Estado de Colima, en el presente juicio. Por las razones expresadas, la suscrita se declara impedida para seguir conociendo del juicio de amparo número 627/2019. En consecuencia, para evitar cualquier responsabilidad en que pudiera incurrir y en aras de salvaguardar el principio de imparcialidad, con apoyo en los artículos 51, 52, 53, 54 y demás relativos de la Ley de Amparo, y 37, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicítese al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, califique la causa de impedimento que se hace valer. Por tanto, con fundamento en el artículo 54 fracción III, de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta ciudad; previa formación del cuaderno de antecedentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, suspéndase el procedimiento de este juicio y, en consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente asunto, hasta en tanto el órgano colegiado califique el impedimento legal planteado. Notifíquese, y personalmente en el cuaderno de antecedentes respectivo. Así lo proveyó firma la licenciada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistida del Secretario José Cruz Orozco Llamas, quien autoriza y da fe de sus actos, y certifica que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente físico. Doy fe.IFV
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el escrito del quejoso ***; atento a su contenido, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su ocurso, y de igual modo, se le tienen por hechas sus manifestaciones que realiza en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de celebrar la audiencia constitucional.
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